Por primera vez en su historia, Uruguay aprobó una ley que regula la eutanasia y el derecho a decidir sobre el final de la vida en casos de enfermedades incurables o terminales.

El proyecto, conocido como "ley de muerte digna", obtuvo sanción definitiva en el Senado este miércoles sobre las 22:30, con 20 votos a favor en 31 senadores.

La iniciativa había sido aprobada en la Cámara de Diputados el 13 de agosto con 64 votos afirmativos en 93 legisladores presentes, y ahora pasa al Poder Ejecutivo, que dispone de 180 días para reglamentarla.

La votación final en el Senado contó con los 17 votos del Frente Amplio, mayoría en la Cámara, y con el apoyo de tres senadores de la oposición: Graciela Bianchi (Partido Nacional), Ope Pasquet y Heber Duque (Partido Colorado).

Pasquet, uno de los principales impulsores del proyecto desde su etapa inicial en Diputados, ingresó al Senado como suplente de Robert Silva, mientras que Duque lo hizo en reemplazo de Andrés Ojeda.

La sesión, que se extendió durante toda la jornada, culminó a las 22:28, y fue seguida por un público que rompió el silencio con aplausos tras la aprobación definitiva.

Una ley largamente debatida

La ley, que llevó varios años de discusión parlamentaria y sucesivas modificaciones, establece un marco legal para la eutanasia en casos de enfermedades terminales o incurables, cuando el paciente lo solicite de manera voluntaria y estando en pleno uso de sus facultades mentales.

El procedimiento deberá ser certificado por un médico, quien confirmará que se cumplen las condiciones previstas en la norma. Si existieran dudas, podrá convocarse un segundo profesional, y en caso de discrepancias, un ateneo médico será el encargado de resolver si corresponde o no la aplicación del procedimiento.

Además, la ley incorpora la objeción de conciencia para el personal médico, lo que garantiza el derecho del profesional a negarse a participar en la práctica si así lo considera.

Los argumentos a favor

El senador colorado Ope Pasquet sostuvo durante el debate que la norma busca ofrecer una salida digna a quienes atraviesan sufrimientos insoportables por enfermedades incurables.

"Esta ley permite a las personas decidir libremente acerca del final de su vida y contar con la ayuda médica para ejecutar su decisión", afirmó.

Además el senador dijo que "no se impone nada a nadie. El que quiera eutanasia que la pida, y el que no la quiera, que la rechace. La decisión es absolutamente privativa de la persona de cuya vida se trata".

Desde el Frente Amplio, el senador Daniel Borbonet -encargado de defender el proyecto en el plenario- expresó que la iniciativa representa una defensa de la libertad, la dignidad y la autonomía.

"Este proyecto no obliga a nadie, ofrece una alternativa que hoy no existe", sostuvo, y agregó: "es el resultado de un proceso extenso, serio, democrático y deliberativo".

Las voces en contra

En la oposición, el senador blanco Javier García manifestó fuertes reparos al texto, cuestionando su contenido técnico y filosófico.

"La pregunta es: bajo qué parámetros se fija la indignidad al morir. ¿Quién determina que una vida es indigna?", planteó.

"El Estado no debería hacerse cargo de la muerte sin hacerse cargo de la vida. Esta ley no ofrece garantías ni para el paciente ni para el equipo médico", advirtió.

García también señaló que una persona enferma "no ejerce la misma libertad" que una persona sana, por lo que -según dijo- la noción de libertad invocada por los impulsores del proyecto es relativa.

Lo que sigue

Con la sanción definitiva, Uruguay se convierte en uno de los pocos países de América Latina en aprobar una ley que regula la eutanasia.

El Poder Ejecutivo tiene ahora 180 días para reglamentar la norma, definir los protocolos médicos y administrativos, y establecer los criterios que regirán la aplicación de la llamada "muerte digna".

La votación en el Senado no solo marcó el cierre de un largo proceso legislativo, sino también el inicio de una nueva etapa en el debate ético y social sobre el derecho a decidir sobre la propia vida.