POR UN COMPLEJO MAR TIMO INTEGRADO

Obreros navales piden apoyo desde el Congreso

Desde el gremio que los agrupa solicitaron audiencias con carácter urgente en Diputados y Senadores para expresar la problemática del sector.

El 30 de noviembre de 2017 el Congreso de la Nación aprobó las leyes de Incentivo, Promoción y Desarrollo a la Marina Mercante e Industria Naval. Su objetivo principal es impulsar el desarrollo y crecimiento sustentable de la flota mercante de bandera nacional otorgándole a la misma una mayor competitividad, así como la posibilidad de incrementar la disponibilidad de fletes accesibles, mejorando de esta manera la red logística y la matriz del transporte en Argentina tanto en materia económica como ambiental. Adicionalmente, estas leyes plantean un régimen de incentivo y fomento para que la industria naval nacional acompañe en su recuperación a la marina mercante argentina. En este contexto, los gremios de los obreros navales aceptaron que se incluyera en la ley una ventana para importar y arrendar barcos usados en tanto se estableciera, simultáneamente, un fondo de financiamiento, así como un régimen de beneficios fiscales para la construcción de buques en astilleros nacionales.

Sin embargo, el Poder Ejecutivo vetó los artículos 10 y 13 de la norma de promoción de la industria naval argentina, los cuales constituían su núcleo dado que creaban el Fondo para el Desarrollo de la Industria Naval Nacional (FODINN), con un presupuesto anual de $1.500 millones, y se pautaba un beneficio fiscal por diez años para la construcción de buques en el país.

En nota dirigida por el secretario general del Sindicato Argentino de Obreros Navales (Saon), Juan Speroni a las cámaras de Senadores y Diputados de la Nación, se señala que "este veto profundizó la disconformidad del sector, tanto de las cámaras empresariales como de los gremios nucleados en la Fempinra, al vaciar de contenido una ley que tuvo consenso en todo el arco político y condenar a la desaparición a la industria naval nacional".

ObligaciónLa carta también señala que esta ley "obliga al estado nacional y sociedades públicas o privadas que perciban algún aporte o aval del mismo y su actividad implique la demanda de buques a proveerse de barcos construidos en astilleros nacionales. A pesar de eso, el año pasado el gobierno adquirió cuatro lanchas artilladas a Israel por u$s 49 millones en tanto que este año dispuso comprarle a Francia cuatro buques patrulleros oceánicos por u$s 324 millones en la reglamentación reglamentario de la Ley de Desarrollo de la Marina Mercante Nacional y la Integración Fluvial Regional, se la vació de contenido al dejar en un limbo jurídico a los artículos referidos al régimen de promoción fiscal, la incorporación de buques, la reserva de tráfico para buques de bandera nacional, la obligatoriedad para los buques de bandera extranjera que operen más de 30 días en aguas nacionales de emplear tripulaciones argentinas y la hipoteca naval, entre otros".

 

A juicio del Saon, "es necesario tener una política activa para el desarrollo de nuestra marina mercante e industria naval, especialmente para el transporte de cargas y comercio exterior con el fin de dar sustentabilidad a nuestra flota fluvial y marítima que debe servir para exportar nuestra producción de granos y oleaginosas que son transportados fundamentalmente por la hidrovía Paraná-Paraguay y actualmente representan para el país una erogación de u$s 5.000 millones anuales en costo de fletes.

Ante este escenario no queremos volver a la triste década de los 90, en la cual de la mano de privatizaciones, desregulaciones y banderas de conveniencia prácticamente se destruyeron nuestra marina mercante e industria naval con la liberación en el ingreso de buques extranjeros".

Al mismo tiempo, el sindicato pidió la creación del foro federal para la seguridad en la navegación, en el cual se involucren todos los actores participantes de manera tal de generar en el sector mejores condiciones de trabajo así como de seguridad e higiene, garantizando una adecuada capacitación a los trabajadores del sector por medio de una mejora en los niveles de formación e instrucción así como de concientización sobre el rol que cumple la seguridad en la navegación".

Finalmente, Juan Speroni resaltó la necesidad de "interpretar al complejo marítimo como un único sistema económico integrado por la marina mercante, los puertos, las vías navegables y la industria naval, el cual debe ser colocado al servicio de la soberanía nacional y a un proceso de industrialización con inclusión social en el marco de una visión geopolítica que garantice los intereses permanentes de la Nación".

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