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Mayor competencia

La estrategia para bajar el costo logístico argentino puso el foco en la zona de Puerto General San Martín y San Lorenzo, donde convive un racimo de terminales privadas responsable de la mayor parte de la exportación agroindustrial del país. En la zona opera la Cooperativa de Trabajos Portuarios Limitada de Puerto General San Martín, y su presidente, Herme Juárez, mantuvo reuniones y contactos con las autoridades nacionales. De inmediato, la Cooperativa oficializó una baja de las tarifas vigentes a partir del 1º de noviembre de un 20% en tareas de estiba convencional manual; 25% en descarga de barcazas y estiba mecanizada, y 30% en descarga de materiales fertilizantes. Casi de inmediato, los directivos de la Cámara de Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC) lanzaron una compulsa privada de oferta para servicios de estiba y desestiba.
"Esto no es una licitación ni existe un plazo establecido para la recepción de propuestas. Queremos despertar el interés de nuevos jugadores que estén abiertos a operar en la zona", dijo a Transport & Cargo Luis Zubizarreta, presidente de CPPC.
El directivo dejó muy en claro que "esto de ningún modo implica ningún ataque contra la Cooperativa que es un jugador respetado y de peso en la zona. No vamos contra nadie, solo pretendemos generar un ambiente de mayor competencia".
No obstante, desde el Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA), delegación Puerto San Martín los trabajadores expresaron en una solicitada su preocupación por la eventual "pérdida de puestos de trabajo, el nivel de nuestras remuneraciones y porque se nos pretenda constituir una vez más en la variable de ajuste en una actividad donde las empresas trabajan en forma coordinada con nosotros y la Cooperativa en una marco de mutua satisfacción y respeto".
Zubizarreta estimó que "están dadas las condiciones para que se registre un incremento de la producción de granos del orden del 40% para los próximos cinco años, y esto va a requerir más opciones de servicios y trabajo en la zona".
Desde la CPPC requieren que las empresas que se presenten estén en capacidad de operar con todos los estándares de seguridad, sanidad, seguridad social, sueldos de convenio y encuadre sindical de acuerdo a lo que marca la ley y las buenas prácticas.