Martes  30 de Julio de 2019

Inflación y devolución de tributos: a resolver

La confiscación por el Estado ante pagos indebidos de derechos de importación o de exportación necesita una solución.

Inflación y devolución de tributos: a resolver

En materia de comercio exterior, tanto en importaciones como en exportaciones, existen innumerables situaciones en las cuales la aduana exige a distintas compañías el pago de tributos cuya exigencia no corresponde o, al menos, puede resultar discutida.

Tales exigencias indebidas por parte de la aduana, conforme lo establece el artículo 20 de la Ley 23.905, deben ser determinadas, en dólares estadounidenses.

Ante la certeza (o aun cuando existan dudas) de que dichas exigencias (ya sea total o parcialmente) no corresponden, las empresas tienen dos opciones: 1) impugnarlas a través del procedimiento previsto en los artículos 1053 y s.s. del C.A. o 2) abonar el importe exigido indebidamente y luego reclamar su devolución a través del procedimiento también dispuesto en el Código Aduanero (Arts. 1068 y subsiguientes).

Es dable entonces resaltar que respecto a estos reclamos y/o exigencias de pago, si bien el artículo 20 de la Ley 23.905 estipula la alternativa de abonarlos en dólares o en pesos al tipo de cambio vigente al día anterior al efectivo pago, en la práctica la aduana y su sistema informático impiden su pago y/o cancelación en dólares, motivo por el cual, si las compañías deciden abonar tales reclamos tributarios, se ven obligadas a hacerlo en pesos al tipo de cambio antes referido. Es evidente que dicha erogación es, sin embargo, equivalente a abonar dichos derechos en dólares por cuanto con pesos al tipo de cambio señalado, se adquieren en el mercado local de cambios, los dólares determinados e intimados por la aduana en sus distintos reclamos.

El problema

Ahora bien, el problema se origina cuando una vez abonados tales importes, las compañías reclaman su devolución y los Tribunales independientes, luego de años de discusión (tanto en sede administrativa como en sede judicial), resuelven devolver dichos importes "en pesos" al tipo de cambio vigente a la fecha de pago del importe por parte de la compañía (lo que equivale a devolver en concepto de capital exactamente el mismo importe en pesos abonado). Fundamentan esta última decisión en la doctrina de Corte Suprema de Justicia surgida de la causa "Cencosud", en donde el máximo tribunal decidió, que lo reclamado por la firma antedicha sea devuelto en pesos por tratarse de la moneda en la que dicho reclamo fuera depositado. En esa ocasión, al resolverse la cuestión no se tuvo en consideración que la única moneda en la que materialmente dicho reclamo podía ser abonado y/o depositado por la firma reclamante, era pesos, dado que, insisto, en la práctica no es factible efectuar dicho pago en dólares, por descripto líneas arriba.

A todo lo expuesto aquí hay que sumar que dicha devolución en pesos al antes referido tipo de cambio (lo cual implica recibir un importe notoriamente devaluado), se efectúa con un interés calculado en la moneda en cuestión, situación que provoca que la decisión sea sumamente injusta y confiscatoria para las compañías reclamantes.

Claramente, aquí el único beneficiado ante estas decisiones por parte de los Tribunales, es el fisco, a quien sin ningún tipo de dudas le convendría, en la práctica, formular reclamos tributarios aun cuando sean improcedentes, los cuales una vez abonados por las compañías intimadas y aún en el supuesto que se otorgue razón a esta última, luego de un lapso de tiempo considerable (años), les serán devueltos en una moneda que se devalúa (a la fecha aproximadamente un 50% anual) con una tasa de interés que, además, se calcula como se ha manifestado, en pesos. Por lo dicho la restitución a una compañía de un importe oportuna e indebidamente reclamado por el fisco, en las condiciones inflacionarias actuales, resulta notoriamente confiscatoria y es violatoria del derecho de propiedad (protegido en el artículo 17 de nuestra constitución nacional) y de todo principio de razonabilidad.

Por lo tanto considero que, si lo que se persigue es dictar sentencias justas y equitativas, teniéndose en especial consideración las condiciones inflacionarias actuales, los Tribunales, deberían replantearse las decisiones que suelen tomar usualmente en esta materia cesando en la aplicación de la doctrina surgida de la causa "Cencosud", nacida en circunstancias muy distintas a las actuales, debiendo tales Tribunales ordenar al fisco, en el supuesto de que asista razón a la firma que reclama la devolución de lo indebidamente abonado, devolver el importe involucrado en pesos al tipo de cambio vigente al día anterior al de la efectiva devolución y/o pago, máxime si (reiteramos ) es la aduana quien no permite, en la práctica, cancelar las obligaciones tributarias exigidas en dólares estadounidenses, contradiciendo con su accionar la propia normativa que así lo permite.

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