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Importantes logros para puertos y vías navegables

La subsecretaría del área obtuvo notables resultados en favor de la competitividad y la baja de costos.

Fueron muchas e importantes las conquistas obtenidas en este primer año por la subsecretaria de Puertos y Vías Navegables que conduce Jorge Metz.
En agosto de 2016 se estableció la no obligatoriedad de los certificados TAP para las operaciones de exportación e importación y se instruyó a las terminales portuarias que son concesionarias del Puerto de Buenos Aires a no exigirlo más. La resolución no comprendió la eliminación del TAP sino que reglamentó que no es ni obligatorio ni exclusivo de una empresa. Los dos seguros obligatorios por ley son: el de responsabilidad civil y el referido a la carga del camión. El TAP, que cubre la responsabilidad civil por daños ante terceros que puedan ocurrirle al contenedor, es un seguro opcional que el agente importador o exportador puede tomar, teniendo también la opción de elegir otro seguro del mercado para el mismo fin.
El precio del certificado TAP es 10 veces superior a los seguros del mercado: mientras que el precio del TAP es de 103 dólares ($1.545) por contenedor, en el mercado seguros similares tiene un costo de en 7 u 8 dólares.
Con esta medida se redujeron notablemente los gastos de las empresas que realizan las operaciones de comercio exterior. Desde que se implementó, se llevan recaudados sólo en el puerto de Buenos Aires aproximadamente u$s 225 millones.

Más eslora

En noviembre, la disposición 34/2016 que aumentó la eslora permitida de los convoyes a 290 metros de eslora x 50 metros de manga, en el tramo del km 240 del Paraná inferior hasta la desembocadura del Paraná Bravo, frente a Nueva Palmira, Uruguay.
Con esta medida creció a 24.000 toneladas el transporte en convoy y se redujeron los costos, tanto para Uruguay, en el puerto de Nueva Palmira, como para los puertos entrerrianos de Ibicuy y Terminal Portuaria Del Guazú. También benefició a las terminales de combustible del Paraguay que descargan su producto desde los buques oceánicos en el km 171 del Paraná Guazú, transbordándolo a las barcazas que lo llevarán a su destino final. El ahorro para nuestro país en el tramo que aprovechan nuestras terminales es de un dólar por tonelada transportada.
Luego de varias décadas de abandono y desidia, el 16 de noviembre de 2016 se otorgó media sanción en el senado al Proyecto de Ley para reformar la Marina Mercante y la Industria Naval, que generará mayor productividad, competitividad y nuevos puestos de trabajo.
Una vez que se reglamente la nueva ley, se promoverá importantes beneficios impositivos para el desarrollo de los armadores nacionales e incentivos aduaneros para la incorporación definitiva de buques a la bandera argentina, buscando un equilibrio sustentable entre el desarrollo de la marina mercante argentina y el de la industria naval. Estas nuevas medidas surgen del desarrollo y consolidación de la Comisión Tripartita, creado este año por el Gobierno Nacional e integrado por sectores empresariales, gremialistas y referentes del Ministerio de Transporte de la Nación.

Hay diálogo

Por primera vez, se conformó una Comisión Tripartita integrada por sectores empresariales, gremiales y referentes del Ministerio de Transporte, como mesa de diálogo y trabajo para identificar los problemas de contexto que afectan a la marina mercante, lo que permitió observar y establecer soluciones para el sector.
Además, se logró la firma de un consenso entre todos los protagonistas que detalla las necesidades de implementar modificaciones impositivas destinadas a reducir el impacto del costo de combustible para los buques, y la disminución de los aranceles de importación de insumos o piezas que se destinen a la construcción o reparación en el país, dos medidas que resultan fundamentales para mejorar los costos logísticos.
En relación a las regulaciones administrativas, se expresó las posibles alternativas para el mejoramiento en los tiempos de tramitación del abanderamiento y la incorporación del sistema de precinto electrónico y seguimiento satelital de la carga en los trámites aduaneros. Vinculado a los asuntos laborales, los gremios expresaron su predisposición a reducir el porcentaje de francos para potenciar al máximo el desarrollo del sector, ante la inminente incorporación de nuevos buques que aumenten las fuentes laborales.
A través de la resolución 99/2016 se creó el Consejo Federal Portuario que potenció el asesoramiento, la investigación y la coordinación con políticas públicas tendientes a la armonización de intereses y desarrollo coordinado y sustentable del sector portuario en todo el país. Está integrado por las provincias de Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Rio Negro, Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cada mes se reúnen en diferentes provincias para poner en eje las diferentes problemáticas regionales, pudiendo encontrar a través del diálogo y el consenso las soluciones que potencien el crecimiento de la industria portuaria.
Desde el 25 de octubre de 2013 estaba vigente la disposición 1108 que establecía que las cargas de exportación que salían de puertos argentinos solo podían ser transbordadas en otras terminales nacionales o de miembros del Mercosur con los que el país mantiene acuerdos de transporte marítimo. Esto significaba que Uruguay quedaba afuera. La medida causó un duro impacto en Uruguay. Una de las primeras medidas relacionadas a Puertos y Vías Navegables que se realizó desde el Gobierno Nacional fue la derogación del decreto 1108 que impactó positivamente en el comercio fluvial bilateral con Uruguay.
El 21 de septiembre, a través de reuniones con la Cámara Argentina de Practicaje y Pilotaje, se logró una reducción tarifaria promedio del 20% del servicio para todo el sector. Esta medida incluyó los buques vinculados al tráfico energético que tienen una rebaja económica en el servicio del 20%. Además, los buques con bandera argentina o referentes al tratamiento del decreto 1010 tienen un descuento del 15%. Con el nuevo cronograma de tarifas, se potenció el transporte fluvial, garantizando una reducción económica en la logística y afianzando el desarrollo portuario.
El Municipio de Timbúes implementó una norma para cobrar a las barcazas que amarraran en su jurisdicción una tasa del 1% del valor de la mercadería transportada o del 0,5%del valor de la barcaza si estaba vacía. Al derogar esta norma, se ahorraron en total de u$s 29,5 millones.