Jueves  01 de Octubre de 2020

Cuestionan una propuesta de reforma de la Ley de Actividades Portuarias

El proyecto, presentado por el senador Carlos Espínola es rechazado por legisladores y ex funcionarios del PRO. Lo consideran centralista y avisan que afecta la autonomía de los puertos

Críticas al proyecto presentado por el senador Carlos Espínola

Los asesores técnicos y profesionales de los senadores Esteban Bulrich y Alfredo de Angeli, el diputado Juan Aicega, la presidenta del PRO Patricia Bulrich, y los equipos de los ex funcionarios de Puertos y Vías Navegables Jorge Metz y Gustavo Deleersnyder, elaboraron un documento político ante la presentación del senador Carlos Espínola para modificar la Ley 24.093/1992 de Actividades Portuarias.

Consideramos inconvenientes las modificaciones planteadas a la tan apreciada Ley de Actividades Portuarias vigente. Se pretende agregar un tema sensible cual es la seguridad portuaria estableciendo una hegemonía de carácter nacional a cuestiones que fueron claramente derivadas a los puertos provinciales que tuvieron y tienen actualmente autonomía. No aparece sensato y es fuera de tiempo. Además, las decisiones de seguridad operativa portuaria no son las mismas en Ushuaia que en Posadas”, desataca el documento al que tuvo acceso Transport & Cargo.

Asimismo, el texto resalta que “estos son tiempos de vuelta al ruedo de las corporaciones gremiales del trabajo y de las empresas, de las corporaciones de la administración y judiciales que pretenden intervenir en la fijación de políticas de estado en perjuicio de la mayor libertad y competitividad de nuestros puertos. Grupos mafiosos que abundan en un sector oscuro de esta actividad que por supuesto rechazamos definitivamente”.

Para fundamentar su posición, el documento resalta que “a inicios de los 90, en la actividad del transporte por agua y los servicios portuarios subsistían intervenciones estatales que no se compadecían con el proceso desregulatorio que se había iniciado en agosto de 1989 con la sanción de la Ley N° 23.696 de Reforma del Estado. Al tornarse necesario el dictado de una norma específica que suprimiera los excesivos requisitos, homologaciones, intervenciones, inscripciones, privilegios, monopolios y protecciones de muy diversa índole que inhibían el desarrollo del sector, se sancionó el Decreto 817/92 considerado la columna vertebral del desarrollo portuario argentino hasta nuestros días”.

El documento expresa que “para alcanzar dichos cometidos era necesario enmarcar a las actividades en los principios de libre contratación, libre ingreso de nuevos prestadores y servicios y libre fijación de precios y tarifas de acuerdo con las modalidades propias de cada actividad y con el objeto de asegurar la eficiencia y continuidad de los respectivos servicios. Se limitaba la intervención estatal en lo que respecta al ejercicio de la policía de seguridad, al cumplimiento de los requisitos mínimos del servicio público, a la preservación del medio ambiente y a la protección del usuario y del consumidor frente a posibles violaciones a los principios de la sana competencia. Y como el transporte marítimo y fluvial constituye junto con la actividad portuaria una unidad sistemática, el Congreso sancionó en junio de 1992 la Ley de Actividades Portuarias 24.093”.

Finalmente, el documento político considera que “la década de 1990 significó para la Argentina el comienzo de un gran proceso de transformación económica y una vinculación con el mundo diferente a la tradicional. Como parte de un proceso de reforma del Estado nacional, muchas de sus facultades y áreas de injerencia fueron transferidas a otros sectores tanto públicos como privados. Los puertos no resultaron ajenos a esto, y así fue que la Ley 24.093 facultó el traspaso a las provincias de aquellos que eran propiedad nacional. De esta manera, los puertos se ponían a la cabeza de las trasformaciones portuarias de América Latina logrando las mayores inversiones por metro cuadrado en puertos del continente y con una persistente voluntad de lograr mejores ventajas comparativas y alcanzar estándares internacionales para incrementar su funcionamiento”.

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