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Continuidad laboral en puerto de Buenos Aires

El Gobierno nacional acordó con sindicatos garantizar puestos de trabajo ante nuevas licitaciones.

Continuidad laboral en puerto de Buenos Aires

La Federación Marítima Portuaria y de La Industria Naval de La República Argentina (Fempinra), firmó un acuerdo entre los distintos gremios portuarios y las autoridades del Ministerio de Transporte y de la Administración General de Puertos (AGP). "El acta garantiza la continuidad de todos los puestos de trabajo del puerto de Buenos Aires, en cualquier pliego de licitación que el Estado lance con cualquier operador portuario".

El 2019 vencen las concesiones otorgadas en Puerto Nuevo y el gobierno ya trabaja en un vasto plan que contempla dos terminales de carga, y una de pasajeros que serán licitadas por un período de 50 años. Ante tal expectativa, era lógica la preocupación de los trabajadores ante el nuevo escenario que se avecina.

"Lo de hoy implica un compromiso que el estado y los empresarios tendrán que contemplar en los pliegos de licitación que quieran hacer para las terminales porteñas. Esto es garantizar las dotaciones de empleados de las terminales y sus condiciones de trabajo, eliminado así cualquier variable de ajuste que quieran hacer sobre los trabajadores. Hoy mostramos madurez de diálogo", afirmó Roberto Coria, secretario de finanzas de la Fempinra y secretario general del Sgymgm.

Reconocimiento

Los gremialistas coincidieron en resaltar la preocupación demostrada en todo momento por el ministro de Transporte Guillermo Dietrich para preservar las fuentes de trabajo en el ámbito portuario de cara al nuevo proceso licitatorio.

El acta firmada, establece en el punto dos, taxativamente, que el "Estado nacional se compromete a garantizar la continuidad de todos los trabajadores y sus respectivas condiciones de trabajo de los trabajadores en el sector, manteniéndose las actuales condiciones de goce de tales derechos".

Además de Coria, participaron del acuerdo, por parte de la AGP, su interventor Gonzalo Mórtola y Mariano Saúl; Lucas Aparicio, titular de la Unidad de Relaciones Laborales del Ministerio de Transporte. Desde el ámbito gremial, estuvieron presentes Víctor Raúl Huerta (Aaemm), Raúl Alberto Lizarraga (Seamara), José Giancaspro (Scep), Juan Pedro Corvalán (Supa), y Luis Rebollo, secretario de Prensa de la Fempinra. Por el sector laboral estuvieron también las asesoras letradas Rosalía de Tejería y Cecilia Reboredo y Gabriel Preci, secretario general de Apdfa.

Ruido de TAP

Una medida de fuerza ejercida por el sindicato de Güincheros y Maquinistas de Grúas Móviles, impidió el ingreso y egreso a Terminal Zárate (TZ) de camiones que transportaban contendores llenos y no tenían el certificado TAP.
TZ, realizó una denuncia ante el Juzgado de Campana y la Prefectura, e informó al ministerio de Transporte.

De inmediato intervino Lucas Aparicio, titular de la Unidad de Relaciones Laborales de la cartera que conduce Guillermo Dietrich. Al cierre de esta edición ya se había levantado el bloqueo y los gremialistas habían sido citados para exponer sus razones ante el ministerio.

"Según en Bureau Veritas, el 27% de los contendores que llegan a la Argentina registran algún tipo de daño. No defendemos al TAP. Si no sirve, o su costo es muy elevado, hay que reemplazarlo por otra herramienta. Pero no se puede dejar una zona gris sin protección ni cobertura", dio a Transport & Cargo Roberto Coria, secretario general del sindicato de Güincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. El gremialista aclaró que actuaron "en solidaridad con los fleteros y camioneros y porque desde las grúas vemos el estado en el que llegan los contenedores".

En el evento organizado por la Asociación Empresaria Argentina (AEA), Dietrich, criticó el TAP y la complicidad de la Cámara de Importadores (CIRA). El ejemplo que puso fue el de un contenedor de Buenos Aires a Hong Kong a un costo de u$s 450 que luego termina abonando u$s 108 de TAP cuando un seguro similar se paga u$s 8.

Cuando el gobierno decidió eliminar la obligatoriedad del TAP, la CIRA, en lugar de defender a sus asociados, presentó una acción de amparo para mantenerlo porque ellos tenían el negocio de su verificación.

Luego, en un comunicado, la CIRA señaló que "no genera, convalida, coordina o participa en ninguna maniobra ilícita".