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La mecha que prendió el Consejo del Salario: enojo y pases de factura entre Gobierno, sindicatos y empresarios

La actualización del nuevo monto de salario mínimo, vital y móvil en un 26,6% expuso las fracturas en el mundo obrero, que acusó acuerdos de cúpulas. Pero tampoco dejó satisfechos a todos los representantes del sector privado: "Nos traen para aplaudir"

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La actualización del nuevo monto de salario mínimo, vital y móvil en un 26,6% prendió la mecha otra vez más en la Argentina. Por un lado, expuso las fracturas dentro del mundo obrero con pases de factura en público y privado dentro de la CGT y en ambas CTAs. Pero tampoco los representantes de la parte empresarial quedaron todos satisfechos por igual.

"La CGT no existe", lanzó Mario ‘Paco' Manrique, secretario adjunto de SMATA, alineado con el Frente Sindical -el espacio que lidera Pablo Moyano- en la central. En diálogo con El Destape Radio, un día después, se despachó sin filtros: sostuvo que "la CGT no votó a favor (del salario mínimo)" y acusó a "tres dirigentes de la CGT que se ponen al servicio de hacer estas cosas".

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Según pudo reconstruir El Cronista, en la comisión del Salario previa al plenario, la propuesta del 26,6% que presentó la CGT en acuerdo con el Gobierno iba por debajo de lo que finalmente se negoció. En otras palabras, el descontento de los representantes de las dos CTAs y del moyanismo con el resto de la cúpula sindical apuntó a la estrategia de partir de una base menor para escalar en lugar de hacer el camino inverso.

"Si le dan la palabra a la parte sindical y tira esa propuesta y no hay un debate, todos dicen que sí, ¿se sorprendió alguien con la propuesta? Es así, es lógica pura, 2+2 es 4", agregó el secretario gremial de la CGT, Manrique, dando a entender que el acuerdo apuntaba a conformar a la UIA desde el inicio. O que estaba negociado de antemano.

El hecho de que tampoco lo dejaran hablar al secretario gremial de la CGT en la comisión técnica donde presuntamente se cocina el acuerdo en la previa del plenario, tampoco contribuyó a sosegar los ánimos. "Me aplicaron la organicidad de la reunión", reconoció con fastidio, ya que había ingresado al Zoom porque Moyano le facilitó el enlace y no por estar anotado dentro del listado, mucho más reducido que los que forman parte del plenario. En rigor, no era el único.

El planteo original del Gobierno también se dividía en tres tramos para alcanzar el 26,6%. Solo que el primero de ellos, el de abril, era dos puntos más bajo que lo que finalmente se cerró: 13,6%. Los otros dos completaban el 26,6 % entre mayo y junio y dejaba un mes latente, julio, que no tendría aumento porque la actualización correría a partir de agosto.

Un dato más: tomaba como base el salario de diciembre de 2022 y no el de marzo de 2023, el último del acuerdo previo. Esto equivalía a que el porcentaje se calculara sobre $61.953 en vez de los $ 69.500 con los que se cerró la actualización dispuesta en noviembre. En un salario mínimo tan bajo en lo nominal, el resultado final variaba de una suba de $ 16,479 a $ 18.487.

"¿Es una revisión del acuerdo 2022/ 2023 o un nuevo acuerdo 2023/2024?", interrogaron desde la parte gremial. Ese debate por $ 2000 y reforzar el primer tramo de 13,6% a 15,6%, equivalente a $ 1400 de diferencia consumió casi 3 horas de debate con un cuarto intermedio incluido. "Al final, se jactaban de haber logrado ese 15,6% en abril", comentó a El Cronista un testigo del debate por Zoom.


Enojos y reproches sindicales

"Postura en la CGT no hay ninguna, si no existe la CGT. No existe la CGT, (solo) estamos todos juntos en un mismo edificio. El Estado tracciona con los compañeros que estaban en la CGT antes de la unificación y a los que nos sumamos en la unificación, no nos registra. Es un conjunto de sindicatos que ni siquiera va al edificio", remarcó Manrique. La central no emitió un comunicado oficial luego del Consejo.

Desde el moyanismo lanzaron duros dardos contra el sector que representan los otros triunviros, Héctor Daer y Carlos Acuña. "Hay otros compañeros que entienden que mejor son los acuerdos de cúpula, que se juntan los dirigentes con 4 o 5 representantes del poder y ahí acuerdan todo y después lo comunican por Twitter, no le ven la cara a un puto laburante", añadió el secretario gremial de la central.

Moyano también disparó contra Kelly Olmos, la ministra de Trabajo. La comparó con Patricia Bullrich cuando ocupaba la misma oficina, en el gobierno de la Alianza. Dijo que le daba vergüenza este posicionamiento por parte de un gobierno peronista. Y desde el kirchnerismo volvieron a la carga con la idea de una suma fija por decreto, un tema que surgió en el Consejo en algunos discursos pero que no se puso en discusión porque el Gobierno ya lo canceló. 

La ministra contestó con un dardo hacia el centro neurálgico de ese sector: la Provincia de Buenos Aires. Responsabilizó al gobernador Axel Kicillof -quien tampoco atraviesa su mejor momento con La Cámpora- por la situación de los empleados municipales, los más retrasados en sus salarios, acorde a Olmos. Desde La Plata le retrucaron que la ley circunscribe esas negociaciones entre los gremios locales y las intendencias. 

En rigor, el Gobierno tiene puesto el foco en los índices de empleo que en el último trimestre de 2022 exhibieron una recuperación en relación al período anterior, con una desocupación un 0,7% más baja. 

"Los acuerdos suelen negociarse de antemano, eso no es nuevo, pero la verdad es que hasta último momento se negoció en la previa al plenario. El Gobierno plantea una posición negociada con la UIA y se trata de acercar posiciones. La vez pasada pudimos. Esta vez quedamos más lejos", deslizó un dirigente gremial que formó parte de la mesa de negociación. A su entender, "sí funciona".

El debate de fondo sigue siendo que el Gobierno no actúa como árbitro desinteresado porque el número que se fija incide directamente en sus propios recursos a partir que los programas sociales -el salario social complementario- que están definidos por el salario mínimo, vital y móvil. El Potenciar Trabajo, de hecho, es un 50% de ese valor.

Hugo ‘Cachorro' Godoy, cabeza de la CTA Autónoma, lo puso sobre la mesa, oponiéndose a avanzar en esa dirección por considerar que se le suelta la mano a los más vulnerables. El nexo de esta central con las organizaciones sociales es mucho más estrecho que el que mantiene la CGT.

"No se puede aceptar miserabilidad sobre miseria. Esta decisión ratifica la idea de una negociación a la baja, no solo en el Consejo sino en todas las negociaciones salariales. Es un plan a todas las claras regresivo desde el punto de vista de los ingresos que responde a la aplicación a rajatabla del acuerdo del FMI", cuestionó el dirigente estatal. 

Desde el moyanismo, en cambio, consideran que los movimientos sociales deben tener su propio ámbito de discusión, porque el cálculo de las asignaciones sociales y el salario mínimo corren por carriles diferentes. Y en la otra parte de la CGT, la de los llamados "Gordos" e "Independientes", conviven posiciones encontradas, entre quienes procuran tender puentes y quienes no. 

La ministra de Trabajo, Kelly Olmos, se resiste a avanzar por ese camino de desacoplar ambos ingresos. La consecuencia es que una política de déficit controlado -bajo acuerdo con el FMI- necesariamente opera como un anclaje para el salario mínimo. Olmos remarca que el grueso de las y los trabajadores registrados con convenio cobran muy por encima de esa franja pero los datos de CIFRA, el centro de estudios de la CTA, revelan que 1 de cada cinco cobra por debajo o con una diferencia de no más del 10% del salario mínimo.

La propuesta del Gobierno y la CGT se dividía en tres tramos para alcanzar el 26,6%. El primero, el de abril, era dos puntos más bajo que lo que finalmente se cerró: 13,6%. El resto, en mayo y junio, completaba el 26,6 % y dejaba un mes latente, julio, porque la próxima revisión correría a partir de agosto


Bronca entre los empresarios

También algunos representantes del sector privado terminaron ofuscados con el acuerdo tras salir de la sala. "Históricamente esto siempre es así: el gobierno se sienta con la UIA y la CGT, arregla ‘el mejor acuerdo' y a nosotros nos invitan a aplaudirlo en el Consejo", lanzaron en diálogo con este medio. Algunos de ellos elevaron la queja a Olmos para que los tengan en cuenta de cara al próximo encuentro de julio, que no sea meramente testimonial su presencia.

Junto a Daniel Funes de Rioja, cabeza de la UIA, participaron por la parte empresaria también Juan José Etala y Horacio Martínez (ambos UIA), Pablo Devoto (CAC), Julián Jajurín (CAME), Juan Hulton (Camarco) y Marcelo Fernández (CGERA), entre otros. Manrique cuestionó que no se incluya a más representantes del sector PyME y de los pequeños comercios que "sí tiene un salario mínimo".

Ante la oferta del Gobierno y la CGT, Funes de Rioja intervino para decir que confiaban en el criterio del Gobierno para establecer una pauta equilibrada. Pero aprovechó para deslizar sobre la mesa la carta de las guarderías, como un gasto que tienen que enfrentar ahora los empresarios

"Funes de Rioja es un tahúr en el póker", lo describió uno de los participantes del cónclave. Moyano lo cruzó: "Lo que ustedes están haciendo es cumplir con una obligación que establece la ley y de la que no se hacían cargo". Fue uno de los momentos tensos de la tarde.

A diferencia de la reunión previa de noviembre de 2022 en la que Moyano cargó duro contra los empresarios -acusándolos de ser los responsables del aumento en los precios- pero votó el acuerdo final, esta vez se desconectó del Zoom antes de la plenaria donde se vota el acuerdo. En consecuencia, la otra parte de la CGT aprovechó para suplantarlo con otro miembro que votó a favor y así se llegó al número 30 de 32 participantes. Hugo Yasky, de la CTA-T se abstuvo y Godoy, de la CTA-A, rechazó el acuerdo.

El 30 de marzo, la CTA-A convocó a la conducción nacional para definir una movilización en abril a la que dicen que sumarán a todos las organizaciones sociales y también dialogarán con todos los sectores gremiales. Enfatizan en que el Consejo del Salario, el Empleo y la Productividad -tal su nombre completo-, solo se concentra en el primer concepto: debe, desde hace décadas, un estudio que determine una canasta básica propia para definir todo lo demás en lugar de usar como base la del INDEC.

La estrategia de Moyano ausentarse también recibió cuestionamientos. "¿Por qué no se quedó y votó en contra?", comentó un testigo de la situación a El Cronista. "De esa forma hubiera evitado que la CGT completa quedara avalando el acuerdo", razonó.

A la hora de intervenir, desde la CGERA que representa a las PyMEs recalcaron que toda la discusión se sigue centrando en la suba de salarios pero se sigue sin consensuar una estrategia de fondo contra la inflación. "Hay que recuperar los salarios pero también hay que hacer algo con los precios altos o nunca vamos a llegar a nada, siempre vamos a estar corriendo detrás. El salario no es un costo, es una inversión para que el trabajador consuma", subrayó Marcelo Fernández, presidente de la CGERA a este medio.

La postura de las PyMEs es muy diferente a la de la UIA en lo que refiere al debate salario-precios y en gran medida esto se debe a su contexto. Temen un horizonte de la recesión en el que el poder adquisitivo, cada vez más escueto, se restrinja a lo indispensable. En otras palabras, las personas seguirán consumiendo lo que no pueden resignar (alimentos y servicios) mientras que ahorrarán en otros rubros y las consecuencias recaerán sobre estos sectores. 

El bumerang, paradójicamente, podría golpea al Gobierno en su estrategia de concentrarse en los índices positivos de empleabilidad. Porque una recesión indefectiblemente afectaría la creación de puestos de trabajo, incluso su conservación. Un golpe pro debajo de la línea de flotación en un año electoral.

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