FONDOS PARA LA CIUDAD

Coparticipación federal: las claves del fallo de la Corte Suprema a favor de Larreta en su disputa con Nación

En un fallo largamente esperado, el máximo tribunal resolvió una medida cautelar a favor del Gobierno porteño en su disputa por la cuota de impuestos coparticipables. Qué le ordena a la Casa Rosada y cuál fue la reacción del oficialismo

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En un fallo largamente esperado, la Corte Suprema de Justicia dispuso hoy que el Gobierno nacional le pague al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el 2,95 por ciento de la masa de impuestos coparticipables, en el marco de la disputa entre ambas administraciones por el porcentaje correcto de Coparticipación Federal. El fallo, con la firma de los cuatro miembros del máximo tribunal, generó un abierto rechazo por parte de referentes del oficialismo y el reconocimiento de la oposición.

La Corte Suprema resuelve también que "las transferencias correspondientes a lo dispuesto en el punto resolutivo anterior se realizarán en forma diaria y automática por el Banco de la Nación Argentina" y que, durante la tramitación del proceso, el Estado Nacional "se abstenga de aplicar la ley 27.606", sancionada el 10 de diciembre de 2020, y por la cual se establecieron los montos actuales que gira la Nación a CABA.

La Ciudad de Buenos Aires reclama $ 160.000 millones al Gobierno y un fallo a la Corte

  Horacio Rodríguez Larreta prometió bajar los impuestos en CABA si la Corte se define sobre la coparticipación

El recorte en los fondos de coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires había sido resuelto por el Presidente Alberto Fernández luego de la protesta llevada adelante por la Policía Bonaerense en medio de la pandemia por un incremento salarial. De esta manera se daba marcha atrás con la suba dispuesta por el exPresidente Mauricio Macri en el arranque de su gestión con un decreto. Luego la ley 27.606 estableció el nuevo monto para la administración porteña.

Como consecuencia, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta acudió a la Corte Suprema para recuperar el punto de coparticipación que, alegaba, había sido recortado por razones políticas a través del decreto 735, de septiembre 2020, y la normativa posterior. Reclamó que se declare la inconstitucionalidad tanto del decreto como de la norma y que se unifiquen ambos pedidos en una misma resolución de la Corte Suprema

Asimismo, solicitó entonces una medida cautelar para frenar la sangría de fondos y la restitución de los mismos de manera compensatoria, más los intereses correspondientes, desde la fecha en la que disminuyó su transferencia a suelo porteño. En ambos casos, reclamó medidas cautelares para que el máximo tribunal frene su aplicación.


Los puntos clave del fallo

La Corte Suprema resuelve que "la ley 27.606 genera una disminución en los fondos coparticipados que le corresponden a la CABA, lo cual, además de un perjuicio financiero, es una vulneración de la autonomía constitucional de la Ciudad Autónoma". Como consecuencia de ellos, la norma "resquebraja la situación de igualdad en que deben estar todos los actores del federalismo".

En simultáneo, entiende que "violenta los términos del acuerdo de transferencia de competencias, firme, consentido y en vías de ejecución, lesionando así los derechos constitucionales de la Ciudad Autónoma y modificando lo convenido sin que exista consentimiento de la jurisdicción afectada". A lo largo del fallo, la cuestión de la falta de consenso se replica como uno de los ejes que quita validez al accionar de Nación.

Por ello resuelve "la actuación del Estado Nacional es una trasgresión a la Constitución Nacional" en los artículos referidos a la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires (122, 123 y 129), el carácter bilateral de las transferencias de competencias y recursos (artículo 75, inciso 2°, párrafo 5 (c) y la garantía federal sobre competencias naturales de la Ciudad Autónoma (artículo 5°).

 De hecho, entre sus argumentos al acudir al máximo tribunal, el Gobierno porteño sostuvo que el decreto 735/2020 implicó "la necesidad de reformular su presupuesto para el ejercicio 2021 a fin de incorporar una reducción de gastos por $ 32.193.000.000 y un incremento de recursos por $ 19.600.000.000" y la ley 27.606 implicó "una pérdida adicional por la suma de $ 13.290.048.744".

Todo ello derivó en la suspensión y ralentización de obras públicas en la red de subterráneos, el traslado de la cárcel de Devoto, la construcción de 52 kilómetros de túneles del Plan Hidráulico, la compra de 8.000 cámaras de seguridad, de 700 patrulleros y de 200 motos, entre otros gastos. "Estas medidas restrictivas, adoptadas como paliativo del déficit generado por las normas nacionales que impugna, han generado un fuerte impacto negativo en la prestación de servicios esenciales al ciudadano", alegó el gobierno de Rodríguez Larreta.  

Hacia adelante, restan temas por resolver. En primer lugar, la Corte Suprema de Justicia tendrá que determinar qué sucede con los fondos recortados entre 2020 y 2022, más intereses, lo cual se definirá con el fallo sobre la cuestión de fondo, ya que es uno de los pedidos de la Ciudad de Buenos Aires. 

Asimismo, el jefe de Gobierno porteño se comprometió a eliminar impuestos como el del consumo con tarjeta de crédito que había aplicado desde entonces bajo el fundamento que necesitaba complementar la pérdida de recursos. De hecho, para incrementar los recursos propios y destinarlos a la seguridad, se resolvió entonces el aumento del 1% en la alícuota del impuesto sobre los ingresos brutos que alcanza al sector financiero.

Desde la oposición, se sumaron al festejo por el fallo favorable a la Ciudad. Entre otros, la presidenta del PRO y rival de Rodríguez Larreta a nivel nacional, pensando en 2023, Patricia Bullrich, fue una de las que mostró más énfasis.

Larreta, por su parte, posteó un primer tuit en el que subrayó que "el fallo de la Corte Suprema de Justicia es una gran noticia para todos los argentinos. Es una victoria de la Constitución y el federalismo por sobre los atropellos, el abuso de poder y la grieta. Tengo esperanzas, otra Argentina es posible". Y en un segundo mensaje anunció que evalúan el fallo "para, en el transcurso del día, tomar y anunciar las medidas correspondientes".

Y el diputado Pablo Tonelli aseveró que "la medida cautelar es muy auspiciosa porque reconoce el derecho de la ciudad y el ilegal proceder del gobierno nacional" y "deja bien en claro que la quita de coparticipación a la ciudad fue una persecución política".

"No hay posibilidades jurídicas ni políticas de restringir la autonomía de la Ciudad. Es un proceso que solo va en una dirección, que es la de la ampliación de la autonomía, más allá de los caprichos del gobierno de turno", remarcó el legislador del PRO.


Qué argumenta el Gobierno Nacional

A través del ministro del Interior, Eduardo ‘Wado' De Pedro, el Estado Nacional cuestionó la legitimidad del decreto 194 de Macri, de enero de 2016, con el que se duplicó el porcentaje de fondos destinados a la Ciudad, del 1,40% a 3,75%. Entonces, el fundamento se había basado en la transferencia de competencias en el área de la seguridad pública en materias no federales, con el pase de la totalidad del personal, organismos, funciones, competencias, servicios y bienes afectados hasta ese momento.  

En 2017, la Ciudad acordó una adecuación voluntaria al 3,5% al suscribir el Consenso Fiscal del16 de noviembre de ese año que luego fue ratificado por la ley nacional 27.429 y la resolución 441 de la Legislatura porteña. Y se consolidó a través del decreto 257/2018, cuyos fundamentos aluden a "los montos comprometidos para consolidar la organización y funcionamiento institucional de la seguridad pública en materias no federales ejercidas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo dispuesto en los decretos 194/2016 y 399/2016".  

Al Estado Nacional se aliaron un amplio número de provincias cuyos gobernadores reclamaron a la Corte Suprema ser escuchados en calidad de amicus curiae a la par de fijar posturas públicas a través de comunicados y cartas al máximo tribunal. Ambos entendieron que el porcentaje fijado por el entonces gobierno de Cambiemos fue establecido de modo arbitrario y en desmedro de los recursos que se direccionaban hacia sus jurisdicciones e indicaron que los números presentados por la Ciudad no se condecían con el gasto real en Seguridad.

En su presentación ante la Corte Suprema de Justicia el Gobierno nacional sostuvo los decretos firmados por Macri "solo buscaron favorecer a la Ciudad de Buenos Aires por afinidad político-partidaria, pero sin contar con respaldo jurídico, presupuestario o económico". 

Indicó también "que la transferencia de los servicios de seguridad no federales de la Nación a la Ciudad de Buenos Aires debe hacerse en el marco del artículo 75, inciso 2°, párrafo quinto de la Constitución Nacional". Y negó que "se haya afectado el porcentaje de coparticipación que históricamente ha correspondido a la Ciudad de Buenos Aires" ya que la ley 27.606, de diciembre de 2020, lo fijó en el mismo 1,4% del total de impuestos recaudados establecido en el decreto 705 de 2003.  

Luego de desestimar sus pedidos, el máximo tribunal aseguró en su fallo que "la participación aquí discutida de la Ciudad de Buenos Aires en la masa total de recaudación a distribuir no afecta la coparticipación de las provincias" porque "la cuota correspondiente a la Ciudad de Buenos Aires se detrae únicamente de los fondos que le corresponden precisamente a la Nación en la distribución primaria".

Ahora se espera la respuesta política por parte del Gobierno respecto a si acatará o no el fallo. De momento, la senadora Juliana Di Tullio ya acusó a la Corte Suprema de Justicia porque "desconocen la voluntad popular y se llevan puesta la democracia. RIP República". Y algunos gobernadores, como Gerardo Zamora, ya salieron a fijar posición.

"La CSJN sacó un fallo millonario. El fundamento? leer la prensa porteña: "fuerte triunfo político de Larreta" sobran los análisis! El federalismo? pulverizado, la ciudad más rica simplemente se burla!; La República? sin vigencia, a las facultades del Congreso...una cautelar y listo!!", criticó el mandatario santiagueño a través de Twitter.

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Comentarios

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  • EP

    Eduardo P.

    26/12/23

    Esto no es coparticipación. Los fondos de seguridad que le quitaron a CABA no los repartieron entre todas las provincias sino que se los transfirieron a Kicillof. Tampoco integraban los fondos coparticipables, ya que CABA fue creada en la reforma constitucional de 1994 y quedó por fuera de la Ley de Coparticipación dictada previamente. Por eso los fondos de seguridad (que según la Constitución deben transferirse junto con el servicio) salían de la parte de la recaudación que retiene para sí el Estado Nacional. Hablar de coparticipación sobre los fondos de seguridad es un error.-

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