Investigación penal

Vicentin: la misteriosa fábrica de zapatos que pagó $ 10.000 por una deuda de $ 6 millones

Quién es la empresa que está detrás de la denuncia por la que el lunes detuvieron al actual presidente de Vicentin. Su relación con el abogado que impulsa otros juicios penales contra la cerealera

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La historia de la crisis de Vicentin sumó un nuevo capítulo cuando el presidente de su directorio, Omar Scarel, fue detenido en su domicilio de la localidad santafesina de Avellaneda, a poco más de 300 kilómetros de la capital provincial, en el marco de una causa penal iniciada en octubre por presunta estafa.

La noticia cayó como un balde de agua fría para la empresa, que atraviesa la recta final de su concurso preventivo y ya alcanzó parte de las adhesiones que necesita para cerrar un acuerdo de reestructuración de su deuda verificada, superior a u$s 1500 millones, que le permita dejar atrás esta etapa sombría de su historia.

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Quién impulsa la denuncia contra vicentin

Pero, en el entorno de la actual conducción de Vicentin, todavía fue mayor la sorpresa y el desasosiego cuando los ejecutivos de la compañía tomaron conocimiento de quién está detrás de la denuncia que derivó en la encarcelación de Scarel, quien aguarda la audiencia imputativa para hacer su defensa. La cita judicial está prevista para este miércoles.

La promotora es una fábrica de zapatos porteña, Olzen Industria y Comercio de Calzado S.A., que inició sus actividades en mayo de 2018 y se dedica a la fabricación y a la venta al por menor de calzado. 

La zapatera se convirtió en acreedora de Vicentin luego de comprarle un crédito concursal en marzo de 2020, a pocos días de que se abrió el concurso preventivo, a la firma agropecuaria Garagro S.A., que tiene sede en la localidad santafesina de El Trébol.

Garagro le cedió a Olzen su crédito por $ 10.000. 

Mientras que, originalmente, Garagro informó una acreencia por $ 5,9 millones, el precio de la cesión del crédito por trigo y soja fue por $ 10.000, más el 80% de la suma de dinero que finalmente el acreedor perciba por parte de Vicentin, según lo acordado en el marco del concurso.

En el escrito de la denuncia, al que accedió El Cronista, figura como apoderado Gustavo Feldman, abogado rosarino que representa los intereses del grupo más reluctante de acreedores comerciales de la agroexportadora.

Feldman publicó en marzo de 2021 un libro: "Nunca fuimos Vicentin". En él, recopiló artículos periodísticos publicados en medios nacionales y explicó que, según su punto de vista, la empresa llevó a cabo una "gran estafa". La acusa de haber actuado bajo el esquema de fraude Ponzi.

En el escrito de la denuncia, figura como apoderado el abogado Gustavo Feldman.

En septiembre de 2020, Olzen presentó una "declaración jurada de pobreza", donde argumentó que no contaba con los suficientes fondos para afrontar los impuestos y las tasas que pudieran devengarse como consecuencia de los trámites del concurso de Vicentin. 

Fuentes conocedoras de los movimientos le aseguraron a este medio que "la entrada en escena de una empresa que jamás le vendió ni un solo zapato a Vicentin fue la forma que encontró el estudio jurídico que encabeza Feldman para litigar, abogados que, desde que Vicentin entró en cesación de pagos en diciembre de 2019, arremeten contra la compañía constantemente".

En off, se dice que este mismo grupo fue el que impulsó las denuncias penales que enfrentan varios ejecutivos de Vicentin, en representación de productores agrarios querellantes que buscan que se produzca un cramdown; como así también que recurrió a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC).

"Declaración jurada de pobreza" presentada por Olzen.

El organismo, que depende de la Secretaría de Comercio y hasta entonces estaba bajo la órbita de Roberto Feletti, le solicitó hace 20 días al grupo de inversores que quiere comprar los activos de la cerealera que le brinde información sobre la transacción, en caso de concretarse.

La entidad le efectuó el pedido a la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), Viterra Argentina y Bunge, que se sumó al consorcio tras la salida de Molinos Agro, para analizar "si la operación de concentración que emerge como consecuencia del proceso falencial restringe o distorsiona la competenciade modo que puede resultar un perjuicio para el interés económico general".

No es usual que haga una solicitud de esa naturaleza. Por lo general, los protagonistas de una compra o fusión le presentan los papales para su aprobación luego de firmada la operación. Algo que, todavía, no ocurrió, dado que el ingreso de las tres empresas interesadas en Vicentin no es un contrato ya cerrado, sino supeditado, en primer término, a que la cerealera logre las conformidades necesarias con sus acreedores para la firma del acuerdo que definirá una inyección de capital y el traspasod e las acciones.

En tanto, el cramdown (conversión de acreencia en acciones) es una opción que no descontenta a la conducción del Banco Nación, principal acreedor de Vicentin pero con el que, al tener su deuda (u$s 300 millones) condición de privilegiada, la cerealera negocia por un carril distinto al de su propuesta concursal. El Nación, actualmente, es muy crítico de la oferta hecha en la convocatoria. 

Por qué fue detenido omar Scarel

Scarel es investigado por la Justicia penal de Rosario, junto con otros directivos de la compañía, por presunta estafa en la venta de acciones que estaban cauteladas. La Unidad de Delitos Económicos y Complejos de la Fiscalía de Rosario, a cargo de Miguel Moreno, lo acusa de delito de desobediencia.

De acuerdo a la División de Inteligencia de la Agencia de Investigación Criminal, infringió una medida cautelar impuesta por la Justicia penal en 2020, cuando la misma dictó la prohibición de innovar en las participaciones accionarias de la compañía.

Para Vicentin "la medida es absolutamente injustificada, arbitraria y desmedida"

En diciembre de 2019, Vicentin se desprendió de un 16,67% de su tenencia accionaria en el complejo aceiterio de Renova, que se creó en 2007 y produce harinas y aceites de soja en Timbúes y biodiesel en San Lorenzo. 

Le transfirió ese porcentaje a Glencore Agriculture, ahora Viterra, la unidad de commodities agrícolas del gigante suizo. Desde entonces, Vicentin conserva el 33,33% de la participación y Viterra es el accionista mayoritario, con el 66,67% de las acciones.

Scarel, que anteriormente se desempeñaba como contador de la empresa, es acusado de haber participado en la confección y la aprobación de los balances anuales de Vicentin correspondientes a 2017 y 2018, que contenían supuesta información financiera para ocultar su real pasivo y exhibían una aparente situación patrimonial sólida, maniobra que le habría permitido conseguir créditos por u$s 500 millones.

Para Vicentin, "llama poderosamente la atención que ocurra este hecho cuando el concurso se encuentra próximo a resolverse".

Fue en el marco de esa investigación que, en octubre, Scarel fue imputado por presunta estafa y defraudación junto a 14 ejecutivos de Vicentin. Se les prohibió la salida del país y se les pidió la presentación de un seguro de caución de u$s 10 millones.

Para Vicentin, "la medida es absolutamente injustificada, arbitraria y desmedida" y "llama poderosamente la atención que ocurra cuando el concurso se encuentra próximo a resolverse". "No encuentra ningún tipo de justificación. El supuesto argumento esgrimido sobre el que se determina esta acción es absolutamente falso", apuntó la agroexportadora en un comunicado que emitió.

"No existe ningún argumento razonable que justifique una medida de esta gravedad, confiamos que se rectifique de manera inmediata este proceder", concluyó el comunicado de la compañía, a la espera de la audiencia prevista para este miércoles.

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