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Riesgos del trabajo: dos décadas de luces y sombras

A pesar de que logró bajar casi en un 70% la mortalidad, la cantidad de demandas se multiplicó por 40 en 12 años. ¿Cómo es el proyecto oficial para limitar los juicios? Los desafíos del sector.

Riesgos del trabajo: dos décadas de luces y sombras

El Sistema de Riesgos del Trabajo acaba de cumplir 20 años. Hoy cubre a toda la fuerza de trabajo en blanco del país: 10 millones de trabajadores y 1,5 millón de empleadores. Brinda más de 6 millones de prestaciones por año y, en estas dos décadas, logró bajar un 69% el índice de mortalidad en situaciones laborales. Sin embargo, y al amparo de las últimas reformas al sistema, en los últimos 12 años la cantidad de juicios se multiplicó por 40.

Septiembre fue récord en litigiosidad: se registraron 14.333 nuevos juicios, 45% más comparando con el mismo mes de 2015 y 32% más que en agosto. Con estos números, la Unión de Aseguradores de Riesgo del Trabajo (UART) estima que 2016 cerrará con 122.140 demandas, un 15% más que el año pasado.

"El sistema tiene una situación dual", admite Mara Bettiol, presidenta de la UART, quien advierte que, a pesar de que el sistema logró salvar más de 9.200 vidas en accidentes de trabajo, no dejan de aumentar los juicios contra las aseguradoras. "A partir de las reformas de 2012, que establecieron el Índice RIPTE como parámetro de actualización, se aumentaron considerablemente los pisos prestacionales y se estableció un 20% de resarcimiento adicional para los accidentes ocurridos en ocasión del trabajo, los juicios no han dejado de crecer. La tasa de judicialidad está poniendo en riesgo al sistema. Crece a pasos agigantados y consume muchos recursos", diagnostica.

Todos apuntan a la última gran reforma, que, en 2012, trasladó los juicios por responsabilidad civil a las ART, liberando a los empleadores de ellos. Todas esas demandas se redireccionaron hacia las ART, y las debilidades del sistema siguieron sumando juicios. "Son varias las causas, pero podríamos resumirlas en diferentes interpretaciones en la aplicación temporal de la normativa vigente, el Índice RIPTE, el 20% de indemnización adicional, no aplicación del baremo de incapacidades por parte de los peritos de la Justicia, procedimiento ante las comisiones médicas, tasa de interés aplicable y captación ilegítima o anti ética de clientes/pacientes por parte de estudios jurídicos", define Leandro Anzoategui, gerente de Riesgos del Trabajo de Federación Patronal Seguros.

"En términos generales, el sistema de riesgos del trabajo está creciendo, principalmente debido al aumento en la cantidad de empresas y trabajadores cubiertos que se ha registrado en los últimos años. Actualmente, se está dando la paradoja de que, mientras los índices de siniestralidad bajan, los juicios suben", dice Myriam Clerici, presidente de Provincia ART, aseguradora que brinda prestaciones a casi 2 millones de trabajadores de 87.000 empresas.

En 2015, la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT) registró una frecuencia siniestral (FS) del 6,24%, un 6% menor a la de 2014. "En 2015, nosotros logramos reducir nuestra FS a un 6%, en sintonía con el mercado, pero la tasa de crecimiento de juicios fue muy alta", subraya Clerici. Y advierte: "Se estima que el 3,3% de los asegurados tiene un juicio activo. Estas demandas representan un pasivo de $ 33.000 millones, que equivale al 40% de los activos de las ART. La situación es crítica y compromete la operatoria del sistema".

Por la gran cantidad de juicios, en 2014, la SSN anunció una batería de medidas para las aseguradoras, que incluyó la aplicación, en dos etapas, de reservas mínimas globales por el stock de juicios por siniestros. La primera parte venció en junio de 2015 y la segunda, que implicó duplicar los mínimos globales, se cumplió en junio pasado. La normativa incluyó el incremento de los capitales mínimos por ramo, que, en el caso de las ART, triplicó los valores anteriores, llevando el mínimo a $ 30 millones.

"La Resolución 39.957 de la SSN también incluyó la modificación de la normativa de inversiones, cambiando requisitos de inversión en el Inciso K, la generación del nuevo Inciso L y la revisión adoptada hacia fines de 2015 con relación a las obligaciones de calce de moneda en activos y pasivos", explica Gonzalo García, director de Negocios de Galeno ART. Las pólizas de riesgo de trabajo representan el 45% de la facturación del grupo.
García señala que, si bien las últimas medidas eran necesarias, adaptarse a ellas implicó un esfuerzo para las áreas legales de las firmas. "Uno de los efectos más evidentes es el estrés técnico que atraviesa el ramo en lo que a reservas judiciales refiere. Entendemos que los efectos buscados en la adecuación de capitales mínimos resultan necesarios para posicionar al mercado en ratios de solvencia que tenía en ejercicios previos. También valoramos los cambios introducidos en materia de inversiones, que son positivos y razonables", dice.
 

Anzoategui coincide en que las compañías han logrado adaptarse a las múltiples reglamentaciones, pero que el nivel de judicialización atenta contra la viabilidad de todo el sistema. "En los últimos años, la SRT ha dictado varias resoluciones que impactaron en cuestiones de prevención, atención de siniestros, prestaciones médicas, atención al público y otros aspectos, como así también la SSN ha normado sobre reservas y alícuotas. Por otra parte, se han dictado decretos, como el 49/2014, que incorpora nuevas enfermedades profesionales a la cobertura. Todos estos cambios fueron asimilados por el mercado y aplicados en la operatoria", señala.
El correlato de la eficiencia del sistema es la amenaza constante de las demandas. "La judicialización, además de representar mayores erogaciones y reservas que las ART debemos constituir en detrimento de las prestaciones, produce un incremento de las alícuotas que deben soportar los empleadores", agrega Anzoategui. Para su compañía, fuertemente posicionada en la cobertura de pymes, el riesgo de trabajo representa el 22,40% de las primas.

Las demandas tienen un impacto económico difícil de soslayar. "El costo de los juicios se ha convertido en el más representativo de todos y hoy equivale al 45% de la prima. Esto no solo genera distorsiones en la operatoria de las ART, sino que encarece la alícuota que los empleadores pagan, incrementando los costos laborales y desalentando la generación de nuevos empleos", afirma Clerici.

La industria del juicio le cuesta al sistema unos u$s 5.000 millones, entre indemnizaciones y costas. El Gobierno tiene listo un proyecto de ley, y algunas fuentes señalan que también un DNU, para limitar las demandas. El eje de la iniciativa, elaborada por la SRT, es cambiar de jurisdicción a los juicios por accidentes y enfermedades del trabajo. Si el proyecto llega a buen puerto, las demandas pasarán a dirimirse en el fuero federal de Seguridad Social y no en el fuero Laboral, como vienen haciéndolo hasta ahora.

La idea del superintendente Gustavo Morón es controlar la injerencia de abogados y peritos de parte. Los demandantes estarán obligados a pasar por las comisiones médicas. Hoy, según cálculos de SSRT, 70% de las causas van a juicio directo, saltándose esta instancia. En el medio, dicen los abogados de las aseguradoras y la SRT, hay un sistema perverso de abogados y peritos que direcciona las causas, y termina quedándose con parte de la indemnización. Por eso, otro de los puntos del proyecto es modular los honorarios de los peritos y desligarlos de los montos reclamados.

"El Poder Ejecutivo se encuentra trabajando en una reforma al procedimiento para la determinación de las incapacidades, entre otros aspectos. Sería importante avanzar en la regulación del trabajo pericial, como, por ejemplo, que sus honorarios no estén a la resultas de la pericia o del juicio, sino fijo en función del trabajo realizado", explica Bettiol.

Por su parte, Marcela Botta, abogada especializada en seguros del estudio Nicholson y Cano, asegura que la unificación de criterios es crucial. "Hay que buscar consensos entre todos los actores: aseguradoras, jueces, peritos, abogados y empleados. Generar confianza en el sistema. Lograr que todas las jurisdicciones utilicen los mismos criterios", apunta.

En junio, un fallo de la Corte Suprema sentó precedente para unificar al menos los criterios de no retroactividad a siniestros ocurridos antes de 2012. La sentencia dio lugar al reclamo de un grupo de aseguradoras que argumentaron que reajustar de acuerdo al RIPTE, establecido hace cuatro años, a todos los casos anteriores produciría el quebranto financiero de muchas entidades. Los abogados del demandante en la causa "Espósito, Dardo Luis c/ Provincia ART S.A. s/ accidente - ley especial" habían solicitado el recálculo de la indemnización de un accidente ocurrido en 2009 a los valores establecidos por el RIPTE, tres años después.

"El fallo dejó muy en claro que las disposiciones de la Ley 26.773 no son aplicables a siniestros anteriores a su vigencia, que el RIPTE se aplica solo a pisos y sumas fijas, y que el 20% adicional no es aplicable a los accidentes in itínere. Por lo cual, aclarados esos puntos, quedan pendientes las interpretaciones relativas a la aplicación del baremo de incapacidades, tasa de interés y funcionamiento de las comisiones médicas. También está el hecho de que los peritos de la Justicia cobren sus honorarios en función de la incapacidad que determinan, cuando no deberían estar vinculados a este aspecto, sino a la complejidad de la tarea que realicen", subraya Anzoategui.

Los desafíos

Bajar la cantidad de juicios es el gran reto del sistema, pero todavía quedan cosas por hacer fuera de Tribunales. Según el Indec, un tercio de los asalariados trabaja en negro y, por consiguiente, no tiene ninguna cobertura en caso de enfermedad o accidente.

"Confiamos que, en los próximos meses con el crecimiento y formalización de la actividad, la población trabajadora bajo cobertura siga creciendo. Es importante destacar que la SRT cuenta con el Fondo de Garantía para solventar casos de accidentes o enfermedades profesionales de trabajadores no declarados para cuando sus empleadores entran en situación de insolvencia. Las ART no cubren en esos casos", afirma Bettiol, para quien la incorporación del personal doméstico fue una muestra de que el sistema responde. "Fue un gran esfuerzo para el sector desde el punto de vista logístico, porque significó la incorporación de un numeroso colectivo de trabajadores en tiempo récord. Los productores también acompañaron muy bien todo el desafío. Lo importante es que se pudo realizar y hoy 350.000 trabajadores están cubiertos", añade.

A su vez, García apunta que hay que pensar más allá de la contingencia: "Nuestra visión estratégica siempre es a largo plazo. El sistema cada vez es mejor, en sí mismo y en la percepción de los clientes. Apostamos a que, con el tiempo, la judicialidad se acomode y esperamos que el mercado se extienda hacia nuevos sectores de trabajadores".
 

Anzoategui, por su parte, insiste en que hay que trabajar en varios frentes. "Son varias las acciones que realizamos las compañías a nivel individual y a través de la UART. Entre ellas la contención de los trabajadores en los siniestros; las campañas para un uso responsable del sistema; acciones contra quienes captan clientes en forma ilegítima; vinculación con los demás actores del sistema para elaborar acciones conjuntas, presentación de proyectos a los organismos competentes; capacitación a peritos; y la prevención del fraude y mejora en el funcionamiento del SECLO, la instancia de conciliación laboral previa al juicio", detalla.
 

Clerici coincide: "En dos décadas, la Ley de Riesgos del Trabajo, que vino a reconvertir de un régimen privado y reactivo, ha logrado importantes avances. Todos los actores del sector debemos cuidar estos logros y defender la norma ante quienes pretenden hacer dinero con la desgracia de aquellos que vieron afectada su salud o perdieron su vida en el lugar al que iban a ganársela honesta y honradamente".