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Litigios: una preocupación que no cede

La cantidad de juicios aumentó en 2015 y Riesgos de Trabajo compone el sector con más incremento en el número de reclamos judiciales, pese a la ley 26.763, que no logró frenar la llegada de nuevos casos a los tribunales. Cuáles son las proyecciones para el segmento.

Juicios que se prolongan por años. Asegurados que esperan cobrar y que, a raíz del aumento generalizado de precios que atraviesa la Argentina desde hace ya varios años, la compensación se ve reducida a medida que sigue pasando el tiempo. Compañías que deben pagar montos más elevados a los que se les suman los gastos propios de un litigio.

Ese es el panorama que enfrentan en la actualidad las firmas aseguradoras, en momentos en que la litigiosidad se encuentra en aumento y con un sistema en el que, en definitiva, no existe ningún ganador.

"En términos generales, la litigiosidad continúa en alza. Hoy en día, se ve que las personas no tienen temor a reclamar y se llega al punto de que, ante la duda, lo hacen. Esto implica que en muchos casos se reclame por reclamar, sin un derecho que realmente asista a la parte", explica Martín G. Argañaraz Luque, socio del estudio de Allende & Brea.

Según agrega el especialista, uno de los principales problemas que enfrentan en la actualidad las compañías son los abogados conocidos en la industria como "bolseros", que inician innumerables reclamos por daños y perjuicios (prioritariamente, accidentes de tránsito), en muchos casos, infundados y basados en hechos y lesiones inexistentes o, como mínimo, exagerados.

Facilidad para demandar

Los casos de responsabilidad civil derivados de accidentes de tránsito y de trabajo son los que mayor litigiosidad presentan. En el caso de estos últimos, dado que se tramitan en sede laboral, cuentan con el beneficio de la gratuidad para el trabajador y una tramitación de oficio.

"Resultan reclamos sencillos de formular y el mercado se encuentra plagado de modelos de demanda estandarizados. Además, los criterios que adoptan los juzgados y las salas ya son conocidos por los actores y, por último, si los demandados tienen el respaldo de una compañía de seguros, existe una garantía de pago, en caso de que prospere la demanda", agrega, en línea, Argañaraz Luque.

Alta judicialidad

El sector que muestra más incremento en el número de reclamos judiciales es el de riesgos del trabajo, pese a la vigencia de la ley 26.763, que no logró frenar la llegada de nuevos casos a los tribunales, a pesar de lo que se suponía en un principio.

Según datos aportados por la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), la cantidad de juicios se incrementó de modo notable durante 2015 y el stock total de litigios asciende, en la actualidad, a aproximadamente 270.000.

Hoy en día, el sistema de riesgos del trabajo (SRT) se encuentra con la paradoja de que, aunque la cantidad de accidentes están decreciendo, producto de la aplicación de la ley, los reclamos, por otra parte, se encuentran en uno de sus mayores niveles históricos.

"Lo que sucede hoy es que el sistema no es seguro y la aplicación de la ley es bastante parcial. Tanto, que existen jueces que aplican los criterios de la nueva ley a casos iniciados antes de que entrara en vigor. Entonces, lo que observamos es que las aseguradoras de riesgos del trabajo (ART) ofrecen excelentes prestaciones, pero, a pesar de ello, los reclamos se incrementan a una tasa del 20% anual", detalla Daniel Russo, socio del estudio Bulló Abogados.

Más reclamos

Desde los fallos de la Corte Suprema en 2004, que establecieron la inconstitucionalidad de diversos artículos de la ley de riesgos del trabajo, se ha dado un crecimiento exponencial en la cantidad de juicios del sistema. Actualmente, la mayoría de los reclamos están dirigidos a buscar mayores prestaciones por parte de las ART, tales como enfermedades o lesiones que no son cubiertas o el reconocimiento de una mayor indemnización derivada de un accidente o enfermedad profesional.

"La justicia ha sido, por lo general, proclive a efectuar estimaciones de incapacidades superiores a aquellas efectuadas por las aseguradoras conforme los baremos médicos vigentes", asegura Lionel Moure, socio líder de la práctica de Seguros de Deloitte Argentina.

En tanto, la tasa de actualización de algunas jurisdicciones por sobre la que aplican otras es un factor determinante a la hora de analizar los incrementos de litigiosidad por jurisdicción. Por ejemplo, la fijación de tasas activas de actualización superiores a otras jurisdicciones que se realizan en la ciudad de Buenos Aires, es un incentivo para el arbitraje de jurisdicciones.

Según apunta Federico Vidal Raffo, socio del estudio López Saavedra, Armando, Esnaola & Vidal Raffo, este aumento de la cantidad de reclamos judiciales contra las ART tiene que ver "con la disparidad de criterios entre los distintos tribunales acerca de la interpretación de la ley, la no aplicación de la tabla de evaluación de incapacidades, la aplicación del Ripte y las tasas de interés -que contienen componentes de actualización- que se mandan a aplicar sobre valores de condena determinados a valores del momento en que la sentencia se dicta lo cual, en los hechos, implica una doble actualización y lleva a las aseguradoras a tener que pagar indemnizaciones exorbitantes".

Siniestros viales

De esta manera, el peor de los escenarios para la parte actora (en el caso de que la demanda sea rechazada), los honorarios de la parte vencedora probablemente se conviertan en incobrables. Todo ello se traduce en que el demandante habrá perdido un juicio sin haber tenido que desembolsar ninguna suma de dinero.

Sin embargo, la parte demandada y la aseguradora se habrán visto obligadas litigar e incurrir en gastos por el pago de honorarios de abogados e, incluso, a abonar el 50% de los honorarios de los peritos.

"También, los reclamos judiciales por accidentes de tránsito están en constante alza. El sostenido crecimiento del parque automotor y, especialmente, la proliferación de motos determina que haya una mayor cantidad de accidentes", sostiene Vidal Raffo.

Los siniestros viales suelen generar reclamos por daños materiales y, asimismo, por lesiones, incluso, cuando hayan sido de muy poca relevancia. ¿El motivo? Es común que los peritos médicos y psicólogos estimen porcentajes de incapacidad elevados, que luego dan lugar a altas indemnizaciones sobre las cuales, también, se aplican tasas de interés con componentes de actualización, pese a que aquellas se establecen a valores del momento de su fijación.

Otro de los sectores que muestra cada vez más litigiosidad, según detalla el socio del estudio López Saavedra, Armando, Esnaola & Vidal Raffo, es el de los reclamos de responsabilidad civil, de responsabilidad profesional y por aplicación de la ley de defensa del consumidor. "Son cada vez más comunes los reclamos por lesiones sufridas o por robos cometidos en centros o locales comerciales o daños derivados del consumo de alimentos o bebidas en mal estado, entre otros", agrega el especialista en el rubro.

Los tiempos de la Justicia

Una vez aceptada la demanda e iniciado el proceso, el juicio puede demorar desde seis meses, si se tramita de manera verdaderamente rápida hasta, en algunos casos extremos, 10 años. Sin embargo, el promedio de duración se encuentra en el orden de los cuatro años y medio, según coincidieron los especialistas consultados.

"Ello depende de la clase de juicio y de si el proceso termina con sentencia o se logra una conciliación antes de llegar a este punto. La duración dependerá tanto de la celeridad en la tramitación que le imprima el juzgado así como de la activación del proceso por las partes intervinientesa", agrega Argañaraz Luque, desde Allende & Brea.

Lo que sí cambió, detallan los especialistas, es que, con la entrada en vigor del nuevo Código Civil, en agosto pasado (ver recuadro), se modificó el tiempo para iniciar un juicio por accidentes viales. De los dos años que preveía el Código de 1968, se pasó a un plazo de hasta tres años. Sin embargo, según reconoce el socio de Bulló Abogados, resulta poco común que se deje pasar tanto tiempo entre el hecho y el inicio de la demanda.

"Las compañías de seguros serias y que piensan en el largo plazo son renuentes a ir a juicio y buscan, por todos los medios, llegar a un acuerdo antes. Si no son serias, buscan dilatar le respuesta y la compensación, por lo que es casi inevitable que todo se termine decidiendo en un juzgado", manifiesta, en línea, Russo.

Está claro que a una compañía aseguradora le resulta más económico alcanzar un arreglo antes de llegar a los tribunales, ya que, de este modo, evita el costo de abogados y peritos. No obstante, no solo les reporta un beneficio económico, sino que también se trata de una cuestión de cuidado del cliente: una compañía que da respuesta rápida a sus asegurados tendrá una mejor valoración por parte de sus clientes.

En el caso de los asegurados, aunque la dilatación del proceso puede significar, en algunos casos, cobrar indemnizaciones más elevadas, lo cierto es que los tiempos que implican un litigio hacen que ese beneficio se vea desdibujado, especialmente en medio de un contexto inflacionario como el que atraviesa la Argentina en la actualidad.

De hecho, en los últimos diez años, los jueces aplicaron índices de actualización promedio de un 200%, contra el 700% de inflación que se registró en similar período.
"Salvo por algunos abogados que se aprovechan de estas situaciones, la realidad es que, con un proceso judicial, ninguna de las partes sale beneficiada", concluya Russo.