Piñera inicia su presidencia en Chile con el anuncio de un ajuste fiscal

El nuevo gobierno enviará un proyecto de reforma tributaria al Congreso este año para bajar impuestos

El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, avanzó en sus primeras definiciones a sólo minutos de asumir el mando del equipo económico. A la salida de la ceremonia en el Congreso, en Valparaíso, el economista anunció que el gobierno entrante realizará un ajuste del gasto público. Esto, según explicó, para contener el aumento en la deuda pública. El anuncio se realizará al alero del plazo de 90 días que tiene el Ejecutivo para publicar el decreto de manejo de la política fiscal, que considera la reducción del déficit estructural para el período 2018-2022. "La estrechez fiscal es conocida por los chilenos. Sabemos que aquí, en parte por el frenazo económico, en parte por la sobre expansión del gasto de 2014 y 2015, y en parte por la caída del cobre, tenemos una situación fiscal difícil. Déficit altos que se tradujeron en aumentos de la deuda pública, que hoy supera los u$s 60.000 millones", dijo.

"Ya en el primer gobierno del presidente Piñera hicimos dos ejercicios de esfuerzo y austeridad fiscal, y sin duda que estamos trabajando en eso. No tiene que ser necesariamente en 90 días, pero es algo que nos parece importante", afirmó Larraín.

En marzo de 2011, la cartera que era liderada por el hoy ministro realizó un recorte del gasto fiscal que osciló entre u$s 750 millones y u$s 800 millones. La justificación era reducir el aporte del aparato público a las presiones de precios de aquella época, con una inflación que superó el 4% en dicho período.

"Sin duda, que vamos a hacer un ajuste fiscal como corresponde, con las medidas de austeridad fiscal que nos ha encomendado el presidente Piñera", destacó.

El programa contempla medidas de austeridad, como congelar las contrataciones en la administración pública, los gastos en viáticos y horas extras y los sueldos de asesores ministeriales. Además, se plantea en 10% el gasto en asesores a honorarios, se pondrá fin a las renovaciones "innecesarias" de vehículos y equipos, y habrá una regulación "estricta" de viajes de funcionarios públicos y municipales al extranjero. En total, se busca reducir o reasignar recursos públicos por u$s 7000 millones.

En esta línea, Larraín criticó el alza de 0,4 décimas que registró el déficit estructural en 2017, ubicándose en 2,1% del PBI luego de la revisión realizada por el anterior ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, en conjunto con el Consejo Fiscal Asesor. "Es grave. Vamos a tener que llegar, examinar y entender por qué ha ocurrido este incremento del déficit", lanzó.

El ministro sentenció que espera enviar al Congreso durante este año el proyecto de simplificación de la reforma tributaria, que contempla la rebaja de los impuestos corporativos de 27% a 25%, y la integración de los impuestos personales con los de las empresas en el régimen de integración parcial.

Respecto a la designación de los jefes de servicio dependientes de Hacienda, como el director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Larraín aseguró que el anuncio se realizará esta semana.

Reactivar la inversión

Los presidentes de los seis gremios empresariales agrupados en la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) y varios representantes de los trabajadores presenciaron la ceremonia del cambio de mando en el Congreso Nacional.

Varios dirigentes empresariales se mostraron optimistas, aunque recalcaron que se deben abordar cambios estructurales para aprovechar las mejores expectativas que ha generado el cambio de gobierno.

"Es una nueva etapa que nos tiene muy contentos, con mucha esperanza de seguir trabajando por el futuro del país y con muchas buenas expectativas de avanzar y seguir avanzando cada vez en forma más rápida en los temas del país que tienen relación con nuestro sector", señaló Sergio Torretti.

Una opinión similar dio el titular de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Ricardo Ariztía, quien agregó que en el gremio ven con buenos ojos el desempeño de los próximos ministros de Agricultura (Antonio Walker), Obras Públicas (Juan Andrés Fontaine) y Trabajo (Nicolás Monckeberg). "Vemos que tenemos mucha convergencia en lo que debemos corregir para poder impulsar nuevos proyectos, nuevas inversiones, nuevas confianzas, así que disponible para trabajar con la SNA, todo mi directorio, y comenzar una nueva relación que permita rescatar las confianzas que es lo más importante", dijo Ariztía.

Desde la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), en tanto, el titular del gremio industrial, Bernardo Larraín Matte, agregó que hay que potenciar la alianza públicoprivada, para no diluir las mejores expectativas en materia de crecimiento económico.

"Hay nuevos vientos en la economía, hay mejores expectativas en el escenario internacional, hay mejores expectativas vinculadas con una gestión de este gobierno que va a ser pro crecimiento y pro inversión. Pero éstas se pueden diluir si no enfrentamos ciertas reformas estructurales, como la modernización del Estado", dijo Larraín Matte, y añadió que "en este barco que es la economía chilena, se requiere de una tripulación y esa tripulación debe estar compuesta por el mundo público y el mundo privado".

Desde la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF), Segismundo Schulin-Zeuthen, señaló que en esta nueva administración de Sebastián Piñera es clave incentivar la inversión y destrabar los proyectos en tramitación.

"Es realmente necesario impulsar la inversión, destrabar todo lo que hoy día como proyecto y procesos que están hoy día entrampados (...) esperamos que la ley de bancos salga rápidamente. Somos optimistas", dijo Schulin-Zeuthen.

Los representantes de los trabajadores, por su parte, señalaron que esperan tener un "buen diálogo" con el gobierno entrante.

La líder de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa, afirmó que "hasta ahora no conocemos el detalle del gobierno, por lo tanto queremos esperar. Es evidente que va haber materias en las que vamos a tener francas diferencias, pero esperamos tener un buen diálogo".

Respecto a las posibles modificaciones a la legislación laboral que entró en plena vigencia en abril de 2017, la dirigente expresó que "sin ni siquiera un año de implementación de la reforma es muy difícil que uno pueda hacer análisis, pero evidentemente lo que ninguna parte puede hacer es cerrarse al diálogo, pero eso no significa que este sea el momento para realizar un análisis de la reforma y sus cambios".

El presidente de la ANEF, Carlos Insunza, manifestó su expectativa de que "los tonos amenazantes que algunos de los representantes del gobierno han realizado no se plasmen en una mala dinámica (...) esperamos que el gobierno aprenda de lo que pasó anteriormente y se siente a dialogar con los trabajadores".

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