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Los retos económicos de la nueva gestión

Uno de los principales desafíos que asume Pedro Sánchez al acceder a la presidencia es mantener el elevado ritmo de crecimiento de la economía española

Lo hace además en un momento clave ante el agotamiento de algunos de los "vientos de cola" que la impulsaron durante los últimos años, como los bajos precios del petróleo, el boom del turismo por la inseguridad en destinos rivales (como Turquía y Egipto) o la política monetaria del BCE.

Además, la rapidez con la que se produjo el relevo en La Moncloa provocó que varios proyectos del anterior Ejecutivo se hayan visto súbitamente interrumpidos y deban ser retomados ahora por el nuevo Gabinete.

La negociación del Presupuesto provocó que en la práctica se revierta la reforma introducida por el Gobierno en 2013 para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones, lo que sólo este año generará un gasto extra de 1500 millones de euros. El plan de Rajoy era cubrir parte de este costo con la "tasa Google", un proyecto que ahora queda interrumpido. Por tanto, Sánchez tendrá que decidir si apuesta por este proyecto para cubrir el agujero en las cuentas o vuelve a algunas de sus propuestas anteriores, como el impuesto sobre la banca o el de las transacciones financieras. Además, los partidos políticos deben retomar las negociaciones en el pacto de Toledo para acordar una fórmula que garantice la sostenibilidad del sistema en el medio y largo plazo.

Cuadrar las cuentas de las pensiones es importante para que España siga avanzando en la reducción de un déficit que es el más elevado de toda la UE, un 3,1% del PBI. La Comisión Europea ya alertó de que este año podría haber un desvío de cuatro décimas respecto al objetivo del 2,2% del PBI, lo que deja poco margen para bajar del 3% y salir así del procedimiento de déficit excesivo, como estaba previsto.

Pero además, Bruselas reclamó que para el próximo año se realice un ajuste estructural de 7.500 millones de euros. Este mensaje marca a Sánchez el camino a seguir en su política presupuestaria, para conseguir que -como preveía el anterior Gobierno- España entre en superávit en 2021, y acelere así la reducción de una deuda pública que lleva varios años estancada en niveles cercanos al 100% del PIB. En este sentido, el primer reto del presidente socialista será negociar el techo de gasto para 2019.

La moción de censura obligó a Rajoy a suspender la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera que iba a debatir la reforma de la financiación autonómica, pues el sistema actual está caducado desde 2014. La proximidad de las elecciones autonómicas y la situación política actual ponen en cuestión que Sánchez vaya a reactivar esta reforma, donde podría recibir fuertes presiones de sus socios nacionalistas para aumentar los recursos transferidos o perdonar parte de la deuda autonómica.