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Frenar el "impacto gravísimo" en la economía es el principal reto

Frenar el

Hemos llegado a una situación límite en Cataluña", aseguró el presidente del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el sábado pasado. No hacía referencia sólo al punto de vista político, sino también al económico. En este sentido, el decreto aprobado por el Consejo de Ministros establece la necesidad de parar "una serie de efectos económicos de impacto y magnitudes gravísimas para los intereses de Cataluña y para el interés general de España".

Ejecutivo aludía así a las hipotéticas duras consecuencias de la salida de Cataluña de España y de la Unión Europea, aunque también dedicó una gran parte de su discurso a hablar de la gran fractura que ya ha provocado "un serio deterioro de bienestar económico y social en Cataluña" y que "ha puesto en riesgo las condiciones para el crecimiento económico". De hecho, el conflicto independentista ya está provocando una estampida en las empresas de la región, y teniendo un fuerte impacto en el turismo, el consumo y las inversiones. Los economistas alertan de que si las tensiones entre Cataluña y el resto del país continuaran, la región podría llegar a entrar en recesión y el golpe se extendería por toda España.

En primer lugar, la inestabilidad en la región ha acelerado de forma exponencial la fuga catalana, que ya venía siendo muy sustancial a lo largo de los últimos años. Sólo desde el 1 de octubre, salieron de la región decenas de empresas señeras y multinacionales, y más de más de 1300 pymes habrían seguido sus pasos, de acuerdo con la patronal Pimec, que señalaba que otras 3000 estarían pensando también en trasladar su sede a otra comunidad.

Éste éxodo viene provocado por la necesidad de garantizarse la seguridad jurídica y la permanencia dentro del mercado común europeo y bajo el paraguas del Banco Central Europeo, en el caso de los bancos, atajando así una salida de depósitos, que alcanzó los 4000 millones de euros al día. Quizá por ello, el Gobierno justificó su actuación por la necesidad de "que no se vayan más empresas, ni depósitos". "Esto se arreglará y sin más daño para nadie. Podemos estar tranquilos". El traslado de sede no implica el desmantelamiento de la actividad en la región, pero sí la necesidad de radicar su centro administrativo y directivo en la nueva comunidad.

En segundo lugar, el consumo se está viendo muy dañado. El ministro de Economía, Luis de Guindos, avanzó la semana pasada avanzó que las ventas de las grandes superficies en Cataluña se han desplomado por encima del 20%, un golpe que asciende al 40% en algunos comercios ubicados en las zonas más visitadas. Este fuerte retroceso se debe, en gran medida, a la caída del número de turistas. Aunque la desaceleración del número de visitantes extranjeros ya se había venido notando a lo largo de los meses previos al referéndum, ha sido en octubre cuando el sector ha acabado por hundirse. La patronal catalana Fomento del Trabajo advirtió recientemente de que las reservas en los hoteles de la región habían caído en torno a un 30%, lo que supone un mazazo enorme para una de las comunidades líderes en este sector.

A esto habría que sumar la posibilidad de un boicot comercial, organizado o espontáneo, por parte del resto de España. Las empresas catalanas facturan en las otras dieciséis comunidades cerca de 38.900 millones de euros, lo que supone casi una quinta parte de su PIB, por lo que un boicot, por pequeño que fuera, podría hacer una gran mella en la economía de la región. Freixenet, por ejemplo, ha advertido de la existencia de una campaña que lastra las ventas de sus cavas.

Además, la patronal de los concesionarios, Faconauto, advierte de que la compra de coches también está disminuyendo a pasos agigantados. Aunque las matriculaciones siguen subiendo, porque se trata de operaciones cerradas hace semanas, los pedidos por parte de los concesionarios catalanes habrían caído en torno a un 30%, según la asociación. De acuerdo con los economistas, la compra de vehículos es uno de los mejores termómetros para medir la confianza en la situación económica, ya que tiene en cuenta tanto la capacidad de compra y la apertura del grifo del crédito como la confianza de los consumidores en la situación económica a medio plazo. Los dos primeros componentes no se han visto afectados, por lo que todo el descenso hay que achacarlo a la pérdida de confianza.

En este mismo sentido, la inversión ya había caído un 10% en Cataluña en el segundo trimestre del año, respecto al ejercicio anterior, lo que contrastaba con un avance del 13% en el conjunto de España. Estos datos ya reflejan un elevado nivel de incertidumbre empresarial meses antes de que la deriva secesionista acabase estallando, por lo que es de suponer que el impacto en los últimos meses habrá sido mucho mayor

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