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España: socialistas se niegan a apoyar a Rajoy a pesar de un centenar de concesiones

El líder del PP intentará conformar el nuevo gobierno. Para ello necesita del apoyo, aún reticente, del PSOE. Los empresarios criticas el acuerdo con Ciudadanos

Rajoy afrontará hoy la primera sesión del debate de investidura sin los apoyos necesarios para que su candidatura salga adelante después de que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, le transmitiera que no cuenta con su confianza.
El jefe del Ejecutivo pidió otra vez la abstención a Pedro Sánchez para poder formar Gobierno después de la firma del pacto de investidura por parte del PP y Ciudadanos y Coalición Canaria, pero el socialista afirmó que "el PSOE va a decir no al señor Rajoy porque no cuenta con nuestra confianza".
"Seguiré intentándolo después de la primera y segunda votación", dijo el candidato del PP porque España "necesita un Gobierno en plenitud de funciones para consolidar la recuperación económica".
Sánchez afirmó que no se ha ofrecido "nada" al PSOE, sino que "simplemente" lo responsabiliza de que su investidura esta semana en el Congreso no vaya a salir adelante.
El líder del PSOE calificó el acuerdo entre el PP y Ciudadanos de "conservador y continuista", aunque enarbola varias banderas socialistas, según algunos analistas.
Para Albert Rivera, de Ciudadanos, "la guerra fría" entre el PP y el PSOE "simboliza la decadencia de un sistema agotado", la del "bipartidismo decadente que ha llegado a su fin".
Pero analistas sostienen que el PSOE puede caer en la trampa de rechazar sus propias medidas. Entre las cuales figuran algunos lineamientos base del socialismo como "un gran pacto por la recuperación, un acuerdo por la educación, la ciencia y la cultura, la regeneración democrática, un acuerdo nacional contra la pobreza y en defensa del Estado de Bienestar, la lucha contra la violencia de género, la reconstrucción del Pacto de Toledo, renovar el compromiso de España con la integración europea y la renovación de la Constitución".
El documento final que firmaron los portavoces parlamentarios de PP, Rafael Hernando, y Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, amalgama 150 compromisos, dos tercios de los cuales se encontraban ya plasmados en el pacto que suscribieron los socialistas y los naranjas en febrero.
Para los empresarios, en cambio, algunas medidas podrían elevar los costos laborales y poner en peligro los compromisos de austeridad.
El pacto que ayer firmaron el Partido Popular y Ciudadanos puede ayudar a desbloquear la investidura de Mariano Rajoy, pero asestará un fuerte golpe fiscal a las grandes empresas y podría poner en peligro el cumplimiento del objetivo de déficit que exige Bruselas.
El presidente en funciones aceptó que, para que se desbloquee la formación de Gobierno, España dispare el gasto público en 28.500 millones en los próximos cuatro años. Para compensarlo, eliminará cerca de la mitad de las deducciones del Impuesto sobre Sociedades -que ya se recortaron sensiblemente durante la pasada legislatura-, elevando la tributación a las grandes compañías en 15.000 millones.
Por ejercicios, el gasto se elevaría en 5.000 millones en 2017; en 7.950 millones en 2018; en 7.750 millones en 2019 y en 7.800 millones en 2020. Mientras que prevén un aumento de los ingresos de 5.000 millones en el presente ejercicio y 8.000 millones en cada uno de los ejercicios siguientes hasta acabar la Legislatura.
El problema es que, además de que las dos formaciones no calcularon cuánto empleo y crecimiento se perdería tras la revisión de Sociedades, el resto de los ingresos previstos en el acuerdo entre C’s y PP no está garantizado. Por ejemplo, se pretende ingresar 7.000 millones en cuatro años eliminando duplicidades en la Administración sin detallar cómo lo harán.
Asimismo, PP y C’s prometieron revisar la amnistía fiscal de manera retroactiva para recuperar 1.300 millones de euros. Sin embargo, los fiscalistas están seguros de que es inconstitucional. Rajoy y Rivera también pretenden recaudar cerca de 5.700 millones mediante la lucha contra el fraude, gastando 1.300 millones en aumentar el tamaño de la Agencia Tributaria e incentivando, en la práctica, la fuga de Sicav.