Contáctenos

A través de este formulario podrá dejarnos sus comentarios, sugerencias o inquietudes.

Dirigido a:

Todos los campos son obligatorios.
Cancelar

Reportar Comentario

Estas reportando este comentario a la redacción de El Cronista.

Todos los campos son obligatorios.
Cancelar

Recomendar Nota

A través de este formulario podrá recomendar la noticia que esta leyendo.

Todos los campos son obligatorios.
Cancelar

El colapso político facilitó la destitución de Dilma en Brasil

Hubo incompetencia al servicio de una orientación económica que produjo la mayor recesión en casi un siglo.

El colapso político facilitó la destitución de Dilma en Brasil

Desde al menos 2013, el gobierno de la ex presidenta Dilma Rousseff brindo chances al azar, al realizar operaciones heterodoxas con la contabilidad pública, que fueron bautizadas como "pedaladas fiscales". Al asumir la presidencia, la deuda bruta federal era de 54,2% del PBI. Cuando fue suspendida para enfrentar el impeachment en mayo, la deuda había saltado a 68,6% del PBI. Y seguirá creciendo hasta el final de la década. Su administración arruinó las cuentas públicas y produjo en 2015 un déficit de casi u$s 100.000 millones, el más alto desde 1996.

Puede producirse un resultado tan desastroso pero sin herir las leyes. El equilibrio fiscal no era una prioridad del gobierno de Dilma, pero en lugar de asumir las cuentas en rojo, prometió superávits (cada vez más bajos) y decoró las cuentas, postergando la progresiva ruina del Estado. Abrió así un flanco legal vulnerable, que sus adversarios aprovecharon políticamente. Cuando eso ocurrió, la ex presidenta había perdido totalmente las condiciones de influenciar al Congreso, y en consecuencia, de gobernar.

Si los actos de 2015 -los créditos suplementarios sin aprobación del Legislativo y el no haber cubierto los pagos del Plan Zafra con el Banco do Brasil-fueron suficientes en sí para el impeachment es una discusión pesada, que "la población desconoce", como dijo José Eduardo Cardozo, abogado de la defensa de Dilma. No habría tantas dudas si se hubiera analizado el rojo de u$s 57.000 millones, la mayor parte en un año en que la ex presidenta disputaba su reelección, cifra cerca de la cual las pedaladas del año pasado parecen irrelevantes. El retraso de 2015 parece pequeño, pero la película, que comenzó mucho antes, es grandiosa.

La Constitución, aprobada cuando no había reelección, contempla que un presidente no puede ser juzgado por actos que no ocurrieron en su mandato. Las pedaleadas de 2014, más visibles, no podrían utilizarse como argumento legal para sacar a Dilma del poder sin una larga batalla judicial. Pero la disputa terminó resolviéndose con la condena política de Rousseff.

El verdugo de la ex presidenta, el diputado Eduardo Cunha, cuando buscaba salvarse de la Justicia negociando con el gobierno anterior, admitió que las pedaleadas "se practicaron durante los últimos quince años sin que hubiera ningún castigo" (18/05/2015). En octubre, Cunha decía que "puede haber pedaleadas pero no un motivo para el impeachment". La posición contaba con el respaldo de economistas como Delfim Netto. "Hacer de eso un impeachment es golpe", aseguraba el ex ministro. El propio ministro del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), Augusto Nardes, que reprobó las cuentas del gobierno, antes no había considerado relevantes otras pedaleadas, aunque no tenían el volumen que alcanzaron en el gobierno de Rousseff.

¿Por qué un tema menor en otros gobiernos pasó a ser central para destituir a Rousseff? El Partido de los Trabajadores (PT) y sus aliados, que rechazan sus responsabilidades en el festival de corrupción que reveló el Lava-Jato, eligieron la tesis del golpe, la que más les convenía. La tesis se torna verosímil cuando quien impulsó el proceso de juicio político fue un diputado repleto de escándalos, como Cunha, apoyado por un sinfín de partidos que viven de su cercanía con el poder, y que hasta hace poco respaldaban a Dilma, y con el apoyo decisivo de la oposición socialdemócrata que no aceptó su derrota en las urnas, y que, relegando su programa, comenzó a apoyar "proyectos bombas" en el Congreso capaces de quebrar a cualquier Estado.

Además, el presidente Michel Temer firmó algunos de los créditos suplementarios en cuestión cuando era segundo de Dilma. Y decenas de diputados sospechados de corrupción apoyaron la caída de quien no tomó ventajas indebidas para sí misma cuando estuvo en el gobierno.
La incompetencia política y el uso de expedientes dudosos al servicio de una orientación económica que produjo la mayor recesión en casi un siglo corroyeron totalmente el capital político del gobierno. Dilma quedó aislada, sin siquiera el respaldo del PT, con una enorme impopularidad, incluso entre quienes la habían votado.

Pero quien decide si las pedaleadas son suficientes o no para derribar a un presidente es el Congreso. Fernando Collor de Mello cayó por un Fiat Elba y terminó absuelto. No es algo liviano que se apruebe un impeachment. Requiere dos tercios en dos turnos en la Cámara de Diputados y el Senado