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JUEVES 25/04/2019

Denuncian que el gobierno mexicano espió a investigadores de la CIDH

Un equipo de investigadores internacionales, con inmunidad diplomática, que llegó a México para indagar la muerte de los 43 estudiantes de Ayotzinapa fue blanco de la tecnología de espionaje Pegasus, vendida al gobierno mexicano.

El gobierno también espió al PAN y los abogados de las víctimas.

Los investigadores del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) calificaron como una campaña de acoso e interferencia que, obstaculizó sus indagatorias sobre el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en septiembre del 2014 y cuyos cuerpos fueron presuntamente incinerados. El GIEI fue nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Un análisis de la Universidad de Toronto, indicó que un teléfono utilizado por estos expertos recibió mensajes de texto con el propósito de ser infectado por el software de espionaje fabricado por la empresa israelí NSO Group.

Los hechos ocurrieron a principios de marzo del año pasado, poco después de que el grupo de la CIDH "criticara al gobierno mexicano por interferir en su investigación, y mientras preparaba su reporte final", añadió el reporte.

El análisis de la universidad canadiense confirmó además que "al menos 19 personas fueron blanco del programa NSO en México, incluyendo abogados, políticos, periodistas, activistas que combaten la corrupción, científicos, defensores de la salud pública, agentes gubernamentales y sus familiares".

De acuerdo con una información publicada por el diario The New York Times, el GIEI recibió mensajes de texto con un hipervínculo que escondía el programa espía Pegasus. Ese teléfono móvil del secretario ejecutivo del grupo fue usado por casi todos los integrantes del GIEI al fungir como un nexo de comunicación entre los investigadores, fuentes, la CIDH y el gobierno.

En México sí está permitido que el gobierno espíe. Sin embargo, según la legislación vigente, la vigilancia está regulada y sólo puede ser realizada con el aval de un juez federal.

El gobierno mexicano prometió una investigación del tema a fondo y se escudó en argumentar que no hay huellas que permitan identificar exactamente quién hizo uso de la tecnología para intervenir los teléfonos con Pegasus.

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