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Colaboración premiada, verdades subjetivas y poca sensatez

por  CARLOS FERNANDO DOS SANTOS LIMA

Procurador Regional de la República e integrante de la fuerza de trabajo Lava Jato del Ministerio Público Federal en Curitiba
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Colaboración premiada, verdades subjetivas y poca sensatez

Una mentira repetida mil veces se vuelve verdad. La frase de Goebbels, ministro de propaganda de Hitler, ya anticipaba el poder de la propaganda en la segunda mitad del siglo XX con la consolidación de la industria de la información masiva, y que ahora alcanza su plenitud con el advenimiento de Internet y de la pos-verdad.

Vivimos en una época de verdades subjetivas, de verdades en que se quiere creer, aun sabiendo que no resisten al menor soplo de las evidencias. Así, el campo de la desinformación es hoy fértil para manipuladores de toda especie, siempre con la esperanza de defender sus intereses mezquinos. Poco queda al debate sensato.

Aunque sea así, es importante aún poner un poco de racionalidad en las discusiones. Y uno de los temas que más necesitan un debate sensato es el de las colaboraciones premiadas. De vez en cuando surgen ataques a ese instituto-objetivo ahora acescentado por ataques a la lenidad, que nada más es que la colaboración de empresas.

Así, por ejemplo, escribí en 2005 ("Delación para colaborar con la sociedad", Folha de São Paulo, 29/08/2005), para defender los primeros acuerdos, entonces llamados de delación premiada, realizados por mí y por el colega Vladimir Aras en la Operación Banestada. En aquellos días el entonces senador José Sarney, tal vez ya anticipando cuanto las colaboraciones serían destructivas para las organizaciones criminales, atacaba al instituto comparando a los colaboradores con Joaquim Silvério de los Reyes.

Ni Joaquín Silvério de los Reyes, ni Judas Iscariote, decía yo entonces. No hay Tiradentes o Jesucristo entre los delatados. Hay criminales de cuello blanco, poderosos e intocables. Además, en una democracia, garantizado el debido proceso legal, el instituto de la colaboración es sólo un modo eficiente de promover una investigación criminal. Y ese punto de vista sigue siendo válido hasta hoy, especialmente después de que la Ley de Combate al Crimen Organizado adoptó el formato escrito y clausulado, firmado por las partes, sus abogados, y el Ministerio Público, y homologado por el Juicio Criminal, tal como fue creado en 2003 en la Operación Banestada.

Se trata, pues, de un instituto utilitario. Se está intercambiando parte de la pena a la que el colaborador está potencialmente sujeto por la entrega de otras personas, por encima o de su mismo nivel en la organización criminal. El objetivo es evitar el desperdicio del dinero público, pues no habrá pérdida de tiempo, recursos humanos y materiales con la prueba de diversas hipótesis investigativas, así como ganar velocidad en la desarticulación de la organización.

Por supuesto, siempre hay el precio moral que el acuerdo cobra del Ministerio Público. Las personas tienen sentimientos conflictivos sobre este tema. Por un lado, la población sabe de la importancia de la colaboración, pues fue sólo así que, de una pequeña ramificación de una investigación sobre los petroleros, basada en una Land Rover regalada por Alberto Youssef a un ex director de Petrobras, se llegó en tres años a la etapa actual de la investigación, donde están expuestas las entrañas de un sistema político-partidario corrupto.

Por el otro lado, sin embargo, las personas desean ver poderosos pagar por los crímenes que cometieron. Comprensible ese sentimiento, aún más en un país en que sólo negros, pardos y pobres son castigados. Aquí la respuesta que podemos dar es la transparencia del resultado de la negociación del acuerdo, dejando claro el efecto multiplicador de castigos. En suma, abrimos la mano de castigar íntegramente uno para alcanzar decenas de otros castigos.

La utilidad de los acuerdos hechos es su capacidad de desestabilizar organizaciones criminales.

En eso podemos usar el ejemplo de Marcelo Odebrecht, que fue investigado, acusado, procesado y sentenciado en el Lava-Jato. La consistencia de las pruebas contra él y contra algunos ejecutivos de la todopoderosa contratista era tan avasalladora que no quedaba a ninguno de ellos ni a la propia Odebrecht otra opción salvo negociar. Durante nueve meses se han construido cuidadosamente los acuerdos de colaboración de decenas de ejecutivos y la lenidad de empresa.

En el acuerdo, Marcelo Odebrecht concordó quedarse dos años y medio preso en régimen cerrado –lo que corresponde en nuestro complaciente sistema, a una pena de 15 años de reclusión– por encima de las condenas definitivas de los políticos en el Mensalão. Además de él, otras decenas de ejecutivos, desconocidos de las investigaciones hasta entonces, acordaron confesar y ser condenados por sus delitos.

Pero no fue sólo eso. Estas declaraciones y pruebas reunidas, corroboradas por informaciones técnicas y documentos entregados por la propia Odebrecht, permitirán la multiplicación de investigaciones sobre la parte superior de la organización delictiva, aquella responsable de la corrupción sistémica del sistema político-partidario.

Con este ejemplo, el dilema de la utilidad versus la moralidad puede ser bien comprendido. En un plato de la balanza, podríamos habernos contentado con la condena de Marcelo Odebrecht a tal vez treinta años de prisión, más la condena de cinco o seis otros ejecutivos. Con eso, el empresario podría quedarse cerca de cinco años en régimen cerrado.

En el otro plato, el actual acuerdo, celebrado por tres países, en el que fue garantizada la mayor devolución de valores de la historia mundial de las investigaciones de crímenes de corrupción, además de más de novecientos testimonios sobre crímenes más diversos, alcanzando las esferas de la federación, Además de una decena de otros países.

La pregunta que queda para los lectores es: ante eso, ¿usted haría el acuerdo? A esta cuestión el Ministerio Público Federal respondió afirmativamente.

Por supuesto que ningún acuerdo es perfecto. Y el desarrollo de ellos a lo largo de casi quince años demuestra eso. Sin embargo, ellos se mostraron fuertes y resistentes, lo suficiente como para convertirse en parte de nuestra cultura jurídica y popular. Hoy hasta el más desinformado ciudadano sabe lo que es un acuerdo de colaboración.

Queremos certificar a la población qué acuerdos se hacen de manera parsimoniosa, con el número mínimo de personas necesarias, siempre observando la regla de que su utilidad está en su capacidad de desestabilizar organizaciones criminales. Algunos pueden criticar el exceso de acuerdos en números absolutos, lo que se puede perdonar por el poco aprecio por el estudio de las matemáticas en cursos jurídicos, pero en números relativos, cuando comparados a los hechos nuevos y desconocidos revelados por esos acuerdos, la proporción se revela razonable y cuidadosa.

Hechas esas aclaraciones, mantenemos el compromiso del Lava-Jato con la transparencia y el interés público. No dejaremos que ninguna mentira, aunque repetida mil veces, se sobreponga a la verdad

 

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Comentarios1
Mju Yhn
Mju Yhn 23/05/2017 03:25:42

Nadie mejor que diarios como Clarín y Nación saben esto de que una mentira repetida mil veces se vuelve verdad. Ojala en algun momento la gente se de cuenta de cuanto mal han hecho "periodistas" de ese tipo.