Bachelet propone un plebiscito para reformar la Constitución de Pinochet

La presidenta chilena anunció el inicio de un proceso, que incluirá un plebiscito, para cambiar la Carta Magna durante el próximo gobierno

Las expectativas eran altas. Minutos antes de las nueve de la noche y vistiendo un sobrio traje negro, la presidenta de la República, Michelle Bachelet, terminó con la incertidumbre en materia de reforma a la Constitución. La jefa de Estado informó que el Ejecutivo tomó la decisión de optar por la vía institucional para realizar cambios a la Carta Magna, iniciando en los próximos días un proceso de educación cívica que concluirá con el envío de dos proyectos de ley en 2016 y 2017 para materializar los cambios, todo sujeto -eso sí- a la aprobación ciudadana vía plebiscito.


La cronología es la siguiente: en las jornadas venideras se dará inicio a una etapa de educación cívica y constitucional que se extenderá hasta marzo del próximo año. A continuación, desde el tercer mes de 2016 se realizará un proceso "ordenado" de diálogos ciudadanos partiendo a nivel comunal para terminar con una síntesis a nivel nacional que será entregada a la jefa de Estado en octubre del mismo año, proceso que será supervisado por un consejo ciudadano de observadores que nombrará pronto la Presidenta.


El resultado de los diálogos ciudadanos -definidos por Bachelet como las "bases ciudadanas para la nueva Constitución"- servirán como insumo para que a fines del próximo año el Ejecutivo envíe un proyecto de ley de reforma a la Carta Magna, para que con la aprobación de dos tercios del Parlamento en ejercicio se establezcan explícitamente los mecanismos para modificar la principal ley de la República.


Bachelet informó que se propondrán cuatro alternativas: formar una comisión bicameral de senadores y diputados; establecer una convención constituyente mixta compuesta por parlamentarios y ciudadanos; convocar una asamblea constituyente; o que el Congreso convoque a un plebiscito para que la ciudadanía elija entre las opciones anteriores.


Una vez dilucidado el mecanismo, el gobierno enviará en el segundo semestre de 2017 un proyecto de ley de reforma a la Constitución mediante el mecanismo decidido por el Congreso, a esas alturas un nuevo Parlamento.
La aprobación de dicho texto deberá ser ratificado por la ciudadanía mediante un plebiscito vinculante. De esta manera, Bachelet le cierra la puerta a una salida extrainstitucional para reformar la Constitución, mientras que también delega en una próxima legislatura el cambio definitivo a la Carta Magna.


"En esta reforma, propondremos al actual Congreso que habilite al próximo para que sea él quien decida, de entre cuatro alternativas, el mecanismo de discusión del proyecto enviado por el gobierno y las formas de aprobación de la nueva Constitución", señaló en su exposición la jefa de Estado, recordando que los nuevos legisladores estarán regidos bajo el nuevo sistema electoral proporcional, la nueva ley de partidos y una modificada legislación de financiamiento electoral.


"Es decir, (un Congreso) dotado de mayor legitimidad, representatividad y transparencia", postuló la mandataria.
El quórum para aprobar dicho mecanismo será de tres quintos del Congreso en ejercicio. "Esta reforma constitucional es un paso necesario y de la mayor importancia. Ella abrirá, por fin, el camino que nos permita tener una Constitución verdaderamente de todos y para todos", concluyó Bachelet.


Para el abogado constitucionalista Patricio Zapata, el anuncio "integra correctamente" las tres dimensiones en juego: institucional, democrática y participativa, "sin relegar ninguna ninguna de ellas", dice. Además, celebró la creación de un consejo que supervise el proceso.


Una opinión similar tiene el abogado Luis Cordero en cuanto afirma que "es una propuesta interesante. Establece un quórum de 2/3, que es alto, que es la puerta de entrada y que obliga a converger sobre el proceso. Es menos inclusivo de lo que muchos creían, pero es prudente del punto de vista del proceso deliberativo y de decisión".
Por su parte, el experto de LyD, Sebastián Soto, señala que "la vía institucional escogida para el proceso, más que una buena noticia es un piso mínimo para avanzar en un tema tan relevante como este". Y agrega que "la Presidenta no descarta nada, intentó dejar contentos a todos y eso en un tema tan polémico como éste es muy difícil"

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