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Radiografía de la sustentabilidad en el país

Las provincias muestran diversos grados de avance en lo que a responsabilidad social empresaria se refiere. Las iniciativas que se colocan a la vanguardia, sus características y el marco legislativo.

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La situación actual de la Argentina respecto del desarrollo sustentable y la responsabilidad social empresarial (RSE) varía según la provincia. Pero no se puede negar la importancia del tema, como así tampoco el modo en que se han incrementado las acciones y los programas en los últimos años, obligando también al Estado a realizar proyectos o motivar a las empresas a incorporar estrategias relacionadas.

Alejandro Roca, director Ejecutivo del Instituto Argentino de Responsabilidad Social Empresaria (IARSE), observó la evolución del concepto en los últimos 15 años y cómo las grandes firmas han aplicado estrategias. Sin embargo, en las pequeñas y en el interior del país es todavía un tema pendiente. Para lograr un contexto favorable, se requiere de un Estado involucrado que genere acciones propias, además de fomentar y crear un marco regulatorio para su crecimiento. No obstante, plantea Roca, actualmente solo se llevan a cabo acciones aisladas, dado que falta transversalidad en las políticas.

A nivel nacional, existe el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que nuclea a la Secretaría de Desarrollo Sustentable, la cual tiene como objetivo trabajar en la disposición de políticas ambientales y el uso racional de los recursos naturales en la Argentina, y, en particular, ayudar a Presidencia en la implementación de dicho concepto como política de Estado.
Para lograrlo, se realizaron diferentes programas. Entre ellos, el de Municipios Sustentables, que incentivaba la aplicación de políticas ambientales y la creación de proyectos vinculados al desarrollo sustentable local, a fin de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y fomentar el uso racional de los recursos naturales. Creado en 2008, este fue implementado en Salta, Concordia y Ushuaia, entre otras localidades.

Desde su comienzo, y hasta 2015, ha concientizado a 3920 alumnos y más de 600 funcionarios públicos; asimismo, estuvo en 35 establecimientos educativos. Actualmente, este programa pasó a formar parte de la iniciativa Ciudades Sustentables, que, junto a otros proyectos, busca ayudar a los gobiernos municipales en los espacios de diagnóstico, diseño y desarrollo de acciones vinculadas a problemas ambientales, y a alcanzar buenas prácticas de sustentabilidad.

Producción más limpia

En la Ciudad de Buenos Aires, el Ministerio de Ambiente y Espacio Público, a través de su Agencia de Protección Ambiental (APrA), impulsa iniciativas de RSE como "Producción Más Limpia" (P+L). La misma fue creada en 2006, con el fin de mejorar el desempeño y la gestión ambiental de los establecimientos industriales o de servicios.

En un principio, fue de aplicación conjunta con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), pero, a partir de 2012, comenzó a ser implementada íntegramente desde el Gobierno porteño a través del APrA. El programa es una herramienta para orientar a las empresas en las acciones de optimización de sus procesos productivos a fin de reducir el impacto de las actividades económicas a través de la adopción de nuevos procesos, de tecnologías más limpias, y del uso más eficiente de la energía y del agua, entre otros aspectos. Está dirigido principalmente a pymes, ya que desde el Gobierno indican que reconocen que, en muchos casos, la carencia de acceso a instrumentos económicos y herramientas informativas imposibilita la implementación de estas técnicas. Actualmente, 55 establecimientos se encuentran trabajando activamente en el programa, el cual es de adhesión voluntaria.

Aparte de medir el número de compañías asociadas, para sus logros también se guían por algunos indicadores, tales como los de desempeño, que incluyen: cantidad de residuos generados; y cantidad de agua, energía eléctrica o gas consumido para los procesos productivos, entre otros.
Por otro lado, como uno de los obstáculos, señalan la dificultad de las empresas de articular con el Gobierno, que es, entre otros aspectos, el órgano contralor del cumplimiento normativo ambiental. Con respecto a la RSE, a su vez, observan un aumento de su relevancia en la sociedad, principalmente en las empresas grandes. En las pymes, de todos modos, lo asumen como un desafío.

Al ser estas firmas con menos personal o negocios familiares, anteponen otras necesidades o propósitos ante acciones de esta naturaleza. Este sector -como se dijo anteriormente- es al que apunta P+L, que busca acompañar y contribuir para que las compañías incorporen este tipo de programas y los beneficios que conllevan.

Programas, al interior

Alojamientos Turísticos Sustentables es uno de los programas que lleva adelante el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), que funciona en la Provincia de Buenos Aires. Con la finalidad de incorporar la sustentabilidad en el turismo, este trabaja, además, en educación ambiental y el manejo de las áreas naturales de sus distritos.

Sumando a ello, desde el IARSE afirman que también se efectúan diferentes iniciativas en las grandes ciudades de diversas provincias. Por caso, dicha organización acompañó al Gobierno de Córdoba en la implementación de reportes de sustentabilidad en su Ministerio de Finanzas. Estos se realizan desde 2011 y son validados por la Iniciativa del Reporte Global (GRI, por sus siglas en inglés), informando la búsqueda de eficiencia, transparencia, y la contribución al desarrollo económico, social y ambiental de la provincia.

Ubicada en la ciudad de Rosario, la Asociación Civil MoveRSE reconoce la importancia de la articulación público-privada y la propicia activamente, consciente de los beneficios que se obtiene al trabajar en conjunto. Así, desarrolló, junto a la Secretaria de Producción de la Municipalidad de Rosario, un proyecto de relevamiento de gestión en RSE en comercios minoristas. Al respecto, Matías Marconi, presidente de MoveRSE, plantea que muchas empresas de la región han fortalecido lazos con organismos estatales y ONGs, trabajando mancomunadamente en proyectos de temáticas diversas, como inclusión e inserción laboral, educación, cuidado del medioambiente y monitoreo de los impactos, entre otros.

Algunas provincias crearon sus propios organismos para desarrollar políticas de RSE. Es el caso de La Rioja, cuyo Gobierno estableció el Instituto Provincial de Responsabilidad Social para el Desarrollo Sustentable con el objetivo de orientar, desde el Estado, colaboraciones de empresas y organizaciones. Dicho organismo es el primero de su clase en la Argentina.
Viviana Simone, presidenta del Instituto, explica que La Rioja comenzó a observar la importancia de la responsabilidad social hace 6 años, por lo que, desde el mismo Estado, surgió la necesidad de crear un área específica.

El instituto en cuestión se creó en 2014, mediante Ley provincial 9.013, y funciona dentro del ámbito del Gobierno provincial como organismo descentralizado, con jerarquía de Secretaria de Estado. Su objetivo es "promover, difundir, implementar, evaluar y monitorear las acciones de responsabilidad social en los distintos sectores de la sociedad", y está integrado por un presidente y tres direcciones: Dirección de Investigación, Capacitación y Desarrollo; Dirección de Planificación, Ejecución y Control; y Dirección de Comunicación Institucional. También cumple con asistencia técnica a las organizaciones, y motiva a las que todavía no realizan acciones de RSE a incorporarlas en su estrategia.

Unos de sus logros es la sanción de la Ley 9.762, que crea el Registro de Organizaciones con Responsabilidad Social (RORES), cuyo objetivo es "promover y difundir el comportamiento socialmente responsable por parte de las organizaciones que ejerzan su actividad en la provincia de La Rioja y otorgarles beneficios".

Respecto de la RSE a nivel nacional, Simone opina que se puede observar que, en varias provincias, se ha institucionalizado y provisto de marcos jurídicos adecuados para su abordaje. "Lentamente vamos dejando de lado los estadios de donación y filantropía, para transitar por el camino de la responsabilidad social, donde las iniciativas deben presentar un alto impacto social y un fuerte compromiso de todos", puntualiza, al tiempo que indica que, al poner en valor la responsabilidad social, la sociedad se manifiesta de manera favorable y con marcada predisposición.

Otra manera de colaborar es a través de la red del Pacto Global. En el norte del país, Tucumán trabaja junto a ella en diferentes iniciativas. Actualmente, la red argentina cuenta con 18 firmantes en dicha provincia y todos los años se organiza al menos una actividad para reforzar el compromiso empresarial a favor del Pacto Global.

A través del trabajo conjunto, buscan realizar acciones de fomento, y crear un espacio de reunión que facilite y promueva acciones de sustentabilidad empresarial. Para este año esperan convocar a empresarios y miembros de políticas públicas a celebrar un seminario nacional del Pacto Global.

Materia legislativa

En lo referente a legislación, Mendoza es la primera provincia en poseer ley de RSE. En este sentido, la 8.488 busca promover conductas socialmente responsables en empresas y organizaciones en general, con el objetivo de que se cumpla una objetiva valoración y evaluación de la sustentabilidad social, ambiental, económica y financiera. Para ello, se fija el marco jurídico del Balance de Responsabilidad Social y Ambiental Empresaria (BRSAE).

A nivel país, sin embargo, la única legislación vinculada al tema es la ley 25.877, que -en su artículo 25- aclara que las empresas con más de 300 empleados deben elaborar un balance social anual. Este debe incluir información relativa a las condiciones de trabajo y empleo, costo laboral y prestaciones sociales a cargo de la compañía, así como también del balance general anual, incluyendo información económica, como cuenta de ganancias y pérdidas, estado y evolución económica, y datos del personal.
Se trata de la única ley vigente que menciona el uso de balances sociales, pero de manera muy limitada.

En diciembre de 2013, la senadora Liliana Negre de Alonso ingresó en el Congreso Nacional un proyecto de ley que aspiraba a fijar el marco jurídico mínimo de la RSE en todo el país, pero el proyecto no avanzó y, en febrero de 2015, fue archivado.

Desde MoveRSE y el IARSE, concuerdan en que el tema ha ido creciendo y aumentando en importancia, principalmente, en las grandes compañías. Sin embargo, apuntan, falta profundidad y transversalidad en las políticas de Estado para lograr un mayor alcance.

En palabras de Marconi, todavía falta reforzar, en la gestión sostenible empresaria, la visión del largo plazo. Es decir, desarrollar políticas organizacionales que no busquen resultados inmediatos, sino que sean capaces de sostenerse en el tiempo e incluyan parámetros cualitativos, como factores sociales y ambientales, y no solo persigan la obtención de datos cuantitativos.

Roca, por su parte, subraya que falta mejorar la formación del Estado, para que pueda incorporar la nueva perspectiva de la sustentabilidad, y optimizar la alianza público-privado. Cree, de todos modos, que en el futuro se lograrán grandes resultados.