Jueves  16 de Agosto de 2018

"El fraude que no se investiga se traslada a precio"

El especialista en fraude y compliance analiza la nueva Ley de Responsabilidad Penal Empresaria y su implicancia en el sector privado, especialmente en las pequeñas y medianas empresas. Su relación con los Objetivos del Desarrollo Sostenible.

En marzo de este año entró en vigencia la Ley de Responsabilidad Penal Empresaria, norma que hoy más que nunca adquiere especial relevancia. Pero, ¿qué implica esta normativa para el sector privado y qué relación tiene con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Juan Cruz Amirante, director de Kroll, especialista en investigaciones financieras complejas y fraude corporativo, es líder de la práctica de Compliance y prevención de lavado de dinero. En charla son El Cronista analiza la evolución de la aplicación de la ley en el sector privado y su relevancia en la agenda de las empresas.

En tiempos de aportes truchos el experto señala que debe ser el Estado el que dé el ejemplo. "No puede ser que los aportes de campaña no estén bancarizados. La auditoría que se pidió es un buen primer paso para transparentar una actividad que no debería ser en efectivo", señala.

- ¿Qué significa esta ley para las compañías?

La Ley de Responsabilidad Penal sobre las personas jurídicas viene como un requisito para forma parte de OCDE. Dentro de los 17 ODS está el objetivo número 16 que es "Paz, justicia e instituciones sólidas". Las metas para cumplir ese objetivo son la que tocan prevención de fraude, sistemas de anticorrupción (16.4, 16.5, 16.6). Básicamente dicen que de aquí a 2030 hay que reducir significativamente las corrientes financieras y de armas ilícitas, fortalecer la recuperación y devolución de los activos robados y luchar contra las formas de delincuencia organizada; reducir la corrupción y soborno; y crear todos los niveles de instituciones eficaces y transparentes que rindan cuenta.

En base a eso es que las empresas se encuentran obligadas a generar un marco de mayor transparencia en los negocios.

- ¿Y, cómo se logra?

A través del nombramiento de un oficial de cumplimiento, a través de una auditoria mucho más robusta y no solamente orientada a procesos, a través de emanar políticas de anticorrupción.

Es ahí donde recibimos llamados sobre todo de empresas grandes de capitales locales para poder hacer un poco de guía en cuanto a la aplicación de la normativa.

Tenemos tres grandes contextos: las multinacionales que esta normativa ya la aplican desde sus casas matrices, las nacionales grandes que quieren ponerse a tono o están haciendo todo el esfuerzo para hacerlo y las PyMEs que no están obligadas a aplicarla y que, obviamente, debido al contexto económico nacional no es un tema prioritario en su agenda. Lamentablemente, pero es una realidad.

- Excepto las exportadoras

Exacto, después hay ciertas PyMEs exportadores que no lo hacen por motus propio, tengo que ser honesto, sino que el importador es una multinacional generalmente les exige cumplir con estas normativas.

Esto es una realidad que vino para quedarse y, si una PyME quiere jugar, en algún momento, dentro del mercado de las grandes o tener como cliente a una multinacional se lo van a exigir. Estas normas no son solamente para la aplicación de la empresa sino para que lo traslade tanto a proveedores como a clientes. Entonces al fin del día la pequeña o mediana empresa que quiera participar va a tener que adoptar ciertas políticas. Por supuesto que hay matices y, obviamente, que hay que contemplar los costos de las compañías que tienen que seguir siendo eficientes. Pero hay empresarios que me dicen que esto no corresponde porque es una forma de trasladar la función del Estado. La realidad es que la normativa ya está legislada, se promulgó y o cumplimos o nos dedicamos a otra cosa.

En cualquier alta de proveedor las grandes empresas preguntan si tenés manual anticorrupción, si tenés políticas de transparencia. Si contestás que sí, por más que no las tengas, ese formulario es en carácter de declaración jurada y te atenés a las consecuencias de emitir una inexactitud.

Yo creo que todos los empresarios tienen la buena voluntad de aplicarla. Al fin del día esto es un beneficio para todos como sociedad. En la Argentina ninguno empresario pierde, todos van a ganancia. Todo lo que hay de fraude y no lo investiga lo traslada a precio. Y terminamos siendo nosotros como sociedad los que terminamos avalando, en el precio de los productos, la ineficiencia y poca transparencia de ese empresario.

- Entonces, esto ayuda a que las empresa sean más eficientes

Sí, por supuesto. En empresas multinacionales se ve que las filiales del primer mundo tiene un margen de rentabilidad es un dígito, mientras que el de países emergentes es de dos. Porque están trasladando estas ineficiencias del día a día influyen -no te digo que 100 %- pero tiene un componente dentro de esos márgenes.

Por qué tenemos una carga tributaria tan alta, porque cada vez tributamos menos.

Todo esto tiende a generar un contexto mejor de negocios en donde todos nos beneficiemos. El problema es que hay que hacer entender al empresario PyME que esto nos es un costo sino una inversión que se va a ver reflejado en los siguientes ejercicios.

Somos un país emergente que la estamos peleando para salir adelante. La informalidad ya no puede ir más.

- Para una PyME, ¿qué costos significaría ponerse en línea con esta ley?

Creo que no son tan grandes como algunos dicen. A veces ni siquiera es necesaria la contratación de una persona de dedicación exclusiva. Puede ser el mismo abogado, o una persona tercerizada que cumpla la función de compliance officer. Las grandes empresas obvio que tiene un departamento de Compliance separado de legales y de auditoría interna. Si te ves envuelto en un escándalo te quedás afuera del mercado.

- ¿Cómo es en otros países este tema para las PyMEs?

En los EE.UU. es requisito por ley para todo tipo de empresas, desde la unipersonal. En otros países de ODCE lo es porque la mayoría de las PyMEs forman parte de una cadena de valor.

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