Con respaldo de Ley

El Gobierno impulsa en el Congreso una forma jurídica que reconozca a las empresas que generan triple impacto. Su alcance.

Es posible que en un sistema capitalista, las empresas busquen algo más que el lucro en sí mismo? El Gobierno cree que sí y por eso impulsa en el Congreso un proyecto de ley que busca dar un marco normativo a un tipo de compañías que ya existen, aunque de manera incipiente, en la actualidad: se trata de aquellas que, en sus procesos de producción, buscan generar un triple impacto: económico, social y ambiental.

Si la denominada Ley BIC (Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo) avanza, la Argentina sería pionera en la región y el tercer país en el mundo -luego de los Estados Unidos e Italia- en incorporar esta nueva forma jurídica de organización empresarial que recoge la identidad de las llamadas "Empresas B" o "B Corps".

"Xinca es una empresa mendocina que confecciona calzado y otros productos incorporando caucho (de neumático) reciclado, ropa en desuso y residuos textiles en su fabricación, que lo realiza trabajando con los que menos oportunidades tienen: personas privadas de su libertad y talleres sociales", relató ante los diputados que analizan la ley Florencia Guenzani, directora de Finanzas del equipo de Sistema B Argentina -una organización que impulsa a las empresas de triple impacto a nivel global- y explicó que la compañía andina es sólo una de las cientos que están transformando la economía en todo el país.

"Este tipo de organizaciones empresarias tienen limitaciones derivadas de la normativa aplicable. Buscan resolver problemas sociales y ambientales latentes con una lógica de autofinanciamiento y sostenibilidad pero no cuentan con una forma de organización que las reconozca legalmente", reclamó Guenzani. Las formas legales actuales, SRL o SA, no permiten reflejar el propósito y accionar de estas empresas.

Es por ello que el objetivo fundamental del proyecto de Ley BIC presentado por el Ejecutivo en el Congreso es que se pueda reconocer legalmente a estas organizaciones de triple impacto. Mientras que el propósito de largo plazo es promover el desarrollo de un ecosistema de empresas y emprendedores sustentables que tengan entre sus fines el cuidado y preservación del ambiente así como el diseño de soluciones para problemas sociales. En tanto, beneficiará a emprendedores sociales, jóvenes emprendedores, actores de la economía social y solidaria, Pymes, organizaciones de la sociedad civil, e inversores de impacto social y consumidores. Es importante destacar que el proyecto no crea beneficios especiales ni exenciones impositivas.

El gobierno presentó su propuesta -redactada por la Secretaría de Emprendedores y PyMES del Ministerio de Producción de la Nación- a fines de 2016. Durante la primera mitad de este año se analizó en la comisión de Legislación General que lidera el diputado macrista Daniel Lipovetzky, en conjunto con una iniciativa semejante impulsada por la legisladora PRO Cornelia Schmidt-Liermann. Hace menos de un mes, la propuesta obtuvo dictamen con el apoyo de todas las fuerzas políticas con representación legislativa y espera la media sanción de Diputados de un momento para otro. Luego faltará que lo apruebe el Senado.

Casos testigos

Durante el tratamiento en Diputados, también se expusieron los casos de dos empresas B argentinas, Inti Zen y Daravi. Guillermo Casarotti y Lorena Nuñez, fundadores de cada empresa respectivamente, fueron los encargados de contar lo que significa ser una compañía de triple impacto. "Inti Zen es una firma latinoamericana radicada en Buenos Aires, que envasa té gourmet en saquitos para distribuirlo en más de 20 países. Nuestra razón de ser es crear infusiones y productos que promuevan el bienestar y la salud, buscando crear valor económico y social sostenible en la empresa, en la cadena de valor, en la comunidad y en el medio ambiente", explicó Casarotti.

Por su parte, Daravi es una fábrica de productos de uso cotidiano realizados con descartes de la industria textil (retazos de tela, botones triturados, entre otros), que brinda trabajo a mujeres en situación de vulnerabilidad social. "Generar el producto que vendemos es una excusa para generar trabajo y/o comunicar un mensaje de cuidado del medio ambiente. Pero, para que todo eso suceda necesitamos el reconocimiento de este tipo de empresas. Que el gerente de compras de una gran firma, a la hora de elegir un proveedor, elija a los que además del impacto económico buscamos uno social y ambiental", reclamó Nuñez.

En el mundo

El cambio de paradigma que se evidencia en la economía global con la sustentabilidad como eje del desarrollo para evolucionar hacia una sociedad más inclusiva hizo que algunos países ya avanzaran en la creación de nuevas formas jurídicas de organización que posibiliten la invención de las denominadas "Empresas B" o "B Corps". El principal de estos casos testigos, se encuentra en los EE:UU-, donde 31 estados ya aprobaron una legislación que regula a las "Benefit Corporations". Italia también sancionó, el 28 de diciembre de 2015, una ley especial para regular a las Societa B.

El Reino Unido, por su parte, prevé una forma jurídica especial para las denominadas Comunity Interest Companies, sociedades de responsabilidad limitada creadas para llevar a cabo un negocio u actividad para beneficio de la comunidad y no puramente en pos de un interés privado, pero no tienen el amparo de una ley. En la misma situación se encuentra Canadá, donde se prevén diferentes formas, entre ellas, las de Community Contribution Company.

En América latina, Brasil, Chile, Colombia, Uruguay, Perú y Ecuador ya tienen en sus parlamentos proyectos de Ley con distinto nivel de acuerdo.

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