La ley de Solidaridad, una oportunidad para crecer

Es necesario ayudar a las empresas y a los trabajadores a tener una realidad mejor; a que se apliquen los descuentos en aportes patronales que permite la ley y que se generen contextos de impulso a las pymes.

El nuevo paradigma: crecer desde abajo  

La nueva ley 27.541 y su reglamentación por el Decreto 99/2019, discutida por ambas Cámaras y promulgada en solo 8 días hábiles desde la asunción de un nuevo Gobierno, nos impone pensar algunas cosas, que será el tiempo y la realidad futura, la que nos diga si dieron resultado o solo será otro frustrado intento de crecer que dejamos pasar.  

Esperemos que a situación desesperante en lo social, nos haga reflexionar y nos invite a mirar el futuro con empatía y grandeza, para vivir en una Argentina que nos incluya a todos y con el trabajo y esfuerzo de todos.  

1. El contexto social  

Cuando Mauricio Macri asumió la presidencia en 2015, el contexto social era completamente diferente al actual. Recuerdo -todos lo recordamos- que la pelea era por la baja del impuesto a las ganancias en los salarios, el fin del cepo cambiario y la libertad de las empresas para poder comerciar tanto exportando como importando productos.  

Se suponía que el Estado se llevaba demasiado en impuestos al trabajo, que había que bajarlos y que teníamos que poder comprar todos los dólares que quisiéramos, ser abiertos al mundo y el mundo responderá con distintas analogías climáticas benéficas como la “lluvia de inversiones”. 

Claro está que había pobreza, desempleo, empleo no registrado, evasión fiscal, etcétera, pero todo eso terminaría una vez que nos insertáramos al mundo.  

El presidente Macri pidió una y otra vez que no se despidiera más gente (recordemos la primer reunión con amigos empresarios en Olivos), que invirtieran en producción en la Argentina una vez que pudieran blanquear capitales a un costo notablemente barato.  

El blanqueo de capitales fue un éxito, miles de millones de dólares y propiedades en el exterior y en el país fueron declaradas por sus propios dueños, lo que fue esperanzador ya que suponía su inversión en la Argentina.  

Nos mostramos al mundo, se eliminó el cepo, salieron capitales en blanco como nunca antes. 

Ahora bien, jamás bajaron el impuesto a las ganancias para los salarios, nunca invirtieron sumas considerables, no redujeron impuestos a las pymes, no se protegió el trabajo nacional, no se crearon nuevas empresas.  

Entiendo que para estos “no se hizo” hay muchas respuestas posibles aunque me seguiré quedando con una que no tiene contenido y es “pasaron cosas”. 

Luego de la crisis profunda post elecciones de 2017, el presidente no tomó ninguna decisión que protegiera a las empresas y a los empleados.  

La pobreza aumentó en forma exponencial, la inflación y la desocupación también hicieron lo suyo y las pymes cerraron de a miles. 

Por cierto, quienes habían blanqueado capitales tampoco invirtieron, incluso el por entonces Ministro de Hacienda se jactaba de no traer sus dólares así como otros tantos funcionarios del gobierno pasado. Claro está que no hacían nada ilegal, pero quizás no eran quienes tenían que incentivar la inversión extranjera… Imaginemos que ni el propio Ministro de Hacienda trae sus ahorros al país. ¿Qué extranjero lo haría?  

Mientras tanto, la economía nacional se caía a pedazos, más empresas cerraban, más empleados en la calle. Hubo cierta mirada protectoria por el entonces Ministro de Producción y Trabajo Dante Sica, que implementó los procedimientos preventivos de crisis a nivel nacional, permitiendo una rebaja de aportes patronales, con el compromiso de no despedir al personal existente. Lo cual dio cierto aire para que varias empresas pudieran sobrevivir un tiempo más.  

Llegamos a un final de gobierno diezmado por la absoluta incapacidad de conducir la economía, pese a que se suponía que eran el mejor equipo económico ya que todos ellos integraron -siempre- las filas de las grandes corporaciones, los grandes pensamientos de la ingeniería financiera. Lo cierto es que no pudieron hacer nada más que generar mayor y peor contexto económico interno, una verdadera pena para quienes apostaron a que otra forma de ver la economía y la sociedad pudieran demostrar que lo harían realidad en la práctica.  

Afortunadamente los índices estaban bien medidos, y de allí que todos estuvieron de acuerdo en sancionar por unanimidad la Ley de emergencia alimentaria, quizás el principio de lo que sería la posibilidad de conversar en serio sobre el futuro de la Argentina.  

2. El contexto empresario  

Quienes asesoramos empresas, notamos que la gran mayoría de nuestros clientes se entusiasmaron con la llegada de Macri al gobierno. Cierto es que era el primer empresario que llegaba a gobernar el país. Al fin alguien tendría una mirada productiva que permitiría la inversión. El blanqueo de capitales fue un éxito, todos blanquearon, todos miraban con beneplácito las primeras medidas.  

Nadie les impondría ninguna ley laboral por la fuerza. Sus dólares estaban a salvo a 15 pesos (valor lógico). Ahora vendrían tiempos mejores. 

Ahora bien, al poco andar, no solo no se bajaron los impuestos, sino que la presión fiscal de AFIP fue enorme, sin ningún miramiento.  

No solo no hubo ningún incentivo sino que parecía que si les iba mal, era por su propia ineficiencia. El concepto de meritocracia llegó a extremos tales como que no era relevante que cierren compañías, sino que debía reconvertirte en algo “rentable”, poner cervecerías artesanales, en fin.  

Así las cosas, sin ningún cuidado por las empresas, a principios de 2018 se suscribió el primer procedimiento preventivo de crisis con la multinacional Carrefour, y no hubo un solo incentivo serio para las pymes. La caída de las ventas en todos los rubros fue estrepitosa, pero seguíamos viviendo en la meritocracia. En las provincias, y en especial en la provincia de Buenos Aires, el descalabro fue enorme.  

Allí empezaron a funcionar mucho más la presión fiscal, la AFIP, fue implacable, ningún retraso en el pago de IVA, F. 931, etc. era tolerado por más de 2 meses, entraba directo el embargo bancario. Ya en 2019, con miles de pymes cerradas y cientos de miles de empleo registrado menos, comenzó la campaña presidencial, donde se frenaron los embargos, hubo bonos, procedimientos de crisis que se homologaban y una posible mirada productiva, pero ninguna medida de fondo seria; ninguna medida seria.  

3. El paradigma del derrame  

Durante décadas, el concepto de cierta mirada social y económica nos ha explicado que lo que nos salvará será el “mercado” y que mientras más ganen las empresas, habrá un “efecto derrame” de arriba hacia abajo, donde se generará más empleo e inversiones.  

Pero no hubo derrame. Nunca quienes blanquearon capitales los invirtieron en la Argentina. Ninguno, incluso los que integraron el Gobierno. Solo unos pocos ganaron con las empresas de energía que afortunadamente reinvirtieron en equipamiento, pero el gran aliado del gobierno pasado, “el campo”, nunca ingresó el dinero, les bajaron las retenciones a 0 o a muy poco y nunca fueron capaces de apoyar a quienes le dieron todo.  

Volvió el cepo. 

No hubo derrame alguno. 

4. La idea de cambiar  

En el contexto social y empresario que nos enfrentamos a partir de 2018 y se profundizó en 2019 al extremo, todos queríamos cambiar. Nadie dio una señal clara, el gobierno solo generó mayor y mayor odio entre todos. No había ideas, solo se echaba la culpa de todos a los otros. Eso que tanto habíamos querido que se termine (el odio, la grieta), era ensalzado en extremo por quienes conducían la política del gobierno. Mientras tanto, más y más cierres, despidos, inflación, aumento del dólar. 

La crisis llegó a tal extremo que, afortunadamente, cierta clase dirigente reflexionó por un momento. La medición de la pobreza nos pegó a todos. Había cerca de 3,8 millones pobres más, el 37% de los Argentinos eran pobres y aun se sentía con mayor fuerza en los niños y los jubilados.  

La Argentina sufría hambre. Se pasó de discutir el impuesto a las ganancias en los salarios, al hambre de la gente. Sí, al hambre.  

Toda la dirigencia se encolumnó detrás de la idea de la emergencia. Toda la dirigencia declaró la emergencia alimentaria. Todos.  

Así las cosas y pese al odio generado en las redes sociales, los medios y cierta dirigencia, la gente pidió un cambio. Las medidas del “mercado”, el “derrame” y la “meritocracia” solas no funcionan. 

5. Otra oportunidad de crecer y creer 

El 10 de diciembre asumió un nuevo gobierno con otra mirada, a la que todos prestaron atención.  

La Argentina tiene hambre y tiene deuda. Argentina tiene empresarios y trabajadores que quieren generar condiciones mejores, quieren ser protagonistas.  

Apenas asumido, el riesgo país bajó notablemente, los bonos y acciones aumentaron, no hubo “maquinita de emitir” ni medidas desproporcionadas.  

El Gobierno envió la ley 27.541 y todos la trataron, todos la discutieron y todos la pudieron votar. Sin mayoría en la Cámara de Diputados, y mediante consensos y disensos respetuosos la aprobaron, luego lo mismo en el Senado. Se promulgó la ley y se reglamentó en un tiempo récord. 

No le dieron los superpoderes al PEN y el PEN lo aceptó, quiere dialogar, generar, pero rápido.  

Estamos todos de acuerdo que hay una emergencia absoluta en todo el país.  

La nueva ley tiene conceptos novedosos en materia de seguridad social y aumentos salariales.  

6. De abajo hacia arriba 

En el Titulo VI de la citada ley, se regula el aumento jubilatorio y de salarios.  

Se ha suprimido el aumento de jubilaciones por 180 días y será el PEN quién aumente discrecionalmente las mismas y tendrá el compromiso de cambiar la forma de medición de las jubilaciones a fin de hacerlas más equitativas.  

Se permite al ANSES un manejo discrecional de fondos y su inversión en bonos, así como se suprime la aplicación de cierta normativa específica.  

El plazo es de 180 días. La idea es mejorar el sistema, pensar en el sistema y renovar el mismo.  

Durante ese plazo el Gobierno intentará aumentar con sumas fijas, que beneficiarán proporcionalmente a quienes menos ganan. Tratarán de bajar el hambre, generar cierta mejora jubilatoria y pensar en el futuro.  

En cuanto al salario de los trabajadores del sector privado, el gobierno asumió un poder enorme, que es el de obligar a aumentos salariales a las empresas privadas. Se mete de lleno en el bolsillo de los empresarios, pero también en el de los trabajadores y los sindicatos.  

Se puede meter de prepo, así lo establece la ley y así lo hizo con el aumento salaria de $ 4000 que hizo. 

Ambas facultades expuestas en la ley pueden ser claramente ilegales, inconstitucionales, quizás haya alguien que inicie acciones al respecto.  

Lo cierto es que en el contexto nacional, parece que la emergencia lo requiere. Las medidas en el mundo ideal sin crisis, inflación y pobreza no tendrían ningún sentido, es más serían desaconsejables. Pero en el contexto actual, se imponen, se necesitan.  

Hoy tenemos la oportunidad de crecer de abajo hacia arriba. Nadie puede pensar jamás que ese aumento será convertido en dólares y enviado al exterior… Nadie puede pensar jamás que no ser van a reinvertir en consumo, en bienes, en pagar deudas. Nadie puede pensar jamás que ese aumento no pagará impuestos.  

Ese derrame de abajo hacia arriba parece necesario. Hoy estamos a poquísimos días de la asunción de un nuevo gobierno con esta ley que de alguna forma es novedosa y que requiere de todos que la avalemos, pero que la cuidemos, que no se corra de su eje, que genere derrame, que genere inversión, que genere mejoras.  

Tenemos, una vez más, la oportunidad de crecer, de creer en el futuro. Es necesario involucrarnos como abogados y asesores, en ayudar a las empresas y los trabajadores, a tener una realidad mejor. A que se apliquen los descuentos en aportes patronales que permite la ley, que se generen contextos de ayuda a las pymes, que se generen aumentos a los jubilados y que se cree un sistema capaz de contenerlos.  

La ley es solo un medio que tiene este nuevo gobierno para generar. Esperemos que genere crecimiento y sino será tiempo de señalarlo mediante las herramientas jurídicas que están vigentes y servirán para cambiar.  

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