Políticas anticorrupción: las pymes comienzan a adoptar estrategias

¿Qué hay que saber acerca de compliance? Integridad y ética para poder operar en las pequeñas y medianas compañías.

Políticas anticorrupción: las pymes comienzan a adoptar estrategias

Si bien los grandes casos de delitos de guante blanco apuntan a entramados organizacionales complejos y hasta sofisticados, la reciente ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas por hechos de corrupción no excluye a las pymes como posibles sujetos responsables. En otras palabras: también pueden ser sancionadas por los hechos delictivos que cometan sus integrantes o socios del negocio, explica Hernán Munilla Lacasa, socio fundador de Munilla Lacasa, Salaber & De Palacios.

En ese contexto, al igual que las grandes, las pequeñas y medianas empresas tienen que hacer todos los esfuerzos "que estén a su alcance" para evitar la comisión de estos delitos o, en su caso, para detectarlos y denunciarlos. "Ciertamente, a las pymes no puede exigírseles que implementen un programa de integridad de la envergadura o robustez que sí deben elaborar las grandes empresas, y a ningún fiscal se le va a ocurrir parificar las obligaciones de sujetos tan disímiles", tranquiliza Munilla Lacasa. Sin embargo, advierte, "deberán estar en condiciones de demostrar que han hecho -y hacen- todo lo posible para evitar que sus miembros incurran en delitos de corrupción".

Políticas y procedimientos claros; código de ética; compromiso inequívoco de la alta dirección y gerencia o de los dueños por atenerse y difundir las normas adecuadas de conducta indicadas en el código de ética; identificación, evaluación y gestión de riesgos; implementación y monitoreo de controles internos; protocolos de investigaciones internas; capacitaciones periódicas directas, y debida comunicación de la política implementada dentro de la compañía y a terceros, entre otras, forman parte de una batería tendiente a demostrar el compromiso con una actividad transparente y ajustada a prácticas lícitas, dice.

Mariana Idrogo, senior managing director de g5integritas en Buenos Aires, coincide en cuanto a que las empresas, sin importar su tamaño, serán responsables penalmente por actos de corrupción cometidos por cualquier empleado o "incluso por terceros cuando éstos lo hagan en nombre de la empresa o en interés o beneficio suyo". Y esta responsabilidad, "se puede traducir en sanciones muy fuertes".

La ley, tranquiliza, no busca tanto sancionar como "cambiar las reglas del juego". Por eso, a la par que describe los comportamientos prohibidos establece que las empresas que detecten y reporten hechos como estos, devuelvan el beneficio indebido obtenido y cuenten con un programa de integridad en funcionamiento, podrán ser eximidas de sanción.

Al momento de implementar el mencionado programa, Idrogo dice que la clave está en "trabajar priorizando, orientando el programa de integridad a la prevención de los riesgos propios de la organización".

Muchos de los elementos de un programa de este tipo "no requieren enormes recursos, sino trabajar desde los valores, integrando las conductas y focalizados en lo importante", señala.

En este escenario, Carlos Rozen, socio de BDO y socio fundador de la Asociación Argentina de Ética y Compliance, destaca que gran parte de la economía argentina se aloja en el segmento de las empresas bajo análisis.

Rozen describe a un segmento de "organizaciones que luchan por un crédito a tasas elevadas, que realizan malabares para pagar los salarios e impuestos y que, con suerte, han escuchado que existe alguna ley que los instruye a pensar en implementar programas de integridad". El punto, sin embargo, pasa porque el 0,2% de las "grandes" son abastecidas por miles de proveedores y contratistas pequeños y medianos.

"En otros países con legislación anticorrupción con más camino recorrido, se ha dado una migración de recursos destinados a actividades varias de RSE, hacia una muy específica que es parte de los principios del Pacto Global: trabajar en la cadena de valor en prácticas anticorrupción", alienta Rozen.

Para el especialista es importante que las pymes "comiencen a percibir la oportunidad que tienen como estrategia de diferenciación" con la implementación de un conjunto de elementos o herramientas que conformen un programa de compliance, aunque sea solo un código de ética o conducta, determinadas políticas de integridad, capacitación periódica y algunos otros detalles relacionados con el riesgo propio de la actividad y de cada entidad. Eso, dice, puede ayudar a ser preferida para trabajar con una gran firma.

Idrogo acompaña: "El verdadero objetivo de un programa de integridad es prevenir, detectar y reportar irregularidades".

Para ello, redondea: "Lo mejor es empezar por conocer los riesgos a los que cada pequeña y mediana empresa está expuesta, definir los valores de la empresa, los compromisos éticos que se van a asumir, comunicarlos a todos, abrir un canal para recibir denuncias de irregularidades, reflexionar sobre los dilemas éticos y los conflictos de interés".

Inconductas y sanciones

Las conductas contempladas en la ley son el cohecho (coima/soborno) doméstico y trasnacional; el tráfico de influencias doméstico y trasnacional; negociaciones incompatibles; concusión; enriquecimiento ilícito de funcionarios; balance e informes falsos agravados. Las sanciones pueden ser multa de 2 a 5 veces el beneficio obtenido o que se hubiese podido obtener; suspensión total o parcial de actividades; suspensión para participar en concursos o licitaciones estatales, o en cualquier actividad vinculada con el Estado; disolución y liquidación; pérdida o suspensión de beneficios estatales; publicación de la sentencia condenatoria.

Comentarios0
No hay comentarios. Se el primero en comentar