Prevención de crisis

Este servicio es clave para evitar gastos de más y dolores de cabeza en las pymes

Contar con el acompañamiento de abogados especialistas ayuda en la prevención de situaciones de crisis corporativas y evitar llegar a instancias judiciales onerosas

Cuando se trata de realizar las proyecciones contables, las grandes empresas multinacionales contemplan destinar una partida presupuestaria al pago de profesionales que participan activamente en el seguimiento y resolución de temas legales.

Tener una estrategia jurídica preventiva evita muchas veces llegar a instancias de litigio que implican no sólo un desgaste administrativo sino una suba de los costos en todos los sentidos.

"A raíz del dinero que se destina a honorarios, tasas de justicia, tasas administrativas, indemnizaciones y multas, el desarrollo de estrategias preventivas de carácter jurídico permite a la organización evitar pleitos que muchas veces terminan en instancias judiciales" dice el abogado Mariano Fernández, asesor de la Cámara Empresaria Minera de Córdoba (CEMINCOR).

Del lado de las pymes, la tendencia es más inestable ya que si bien han dejado de ver la contratación de servicios legales como un gasto oneroso también es cierto que persiste un número importante de empresarios que solicitan asesoramiento profesional cuando ya están inmersos en un litigio.

Si tenemos en cuenta que un empresario es, entre otras cosas, aquél que fija los objetivos y toma las decisiones estratégicas de las empresas asumiendo responsabilidades comerciales y legales frente a terceros, podemos concluir que es un actor social que está construyendo constantemente relaciones jurídicas.

"Si pactaste con un cliente una venta grande de forma periódica; si estableciste una relación jurídica con él - por ejemplo la obligación de pagar los cheques diferidos por la compra de insumos- o si tenés una cuenta bancaria para las operaciones comerciales de tu negocio, lo hiciste dentro de un marco legal que te impone compromisos y responsabilidades", comenta la abogada Laura Chuchuy, integrante de la Cámara Pyme de Salta. La profesional dice que no hay que tener miedo de hacer la transición de ser un emprendedor a un empresario y que eso se logra con la "construcción de una identidad empresaria" que tiene que ver en gran parte con la capacidad de asumir los compromisos y establecer vínculos jurídicos.

"Existe la creencia de que empresario es quien está frente a una gran organización, una multinacional o una industria con facturaciones millonarias pero lo cierto es que el dueño de una micropyme también es un empresario, más allá de si tiene siete empleados y una facturación más bien modesta", concluye.

Sobre la contratación de profesionales del derecho en el ámbito de las pymes cree que es frecuente que los pequeños o medianos empresarios acudan a un abogado cuando ya se encuentran transitando un momento crítico y les urge resolver un tema que está en una fase judicial o pre judicial.

"Es importante desmitificar el asesoramiento legal y consultar con un abogado aun cuando no hayan conflictos judiciales", dice. 

Basta con tener en cuenta el ejemplo que aporta la instancia de mediación -una práctica muy frecuente en materia del derecho del consumidor- que permite a las partes involucradas lograr acuerdos a través del consenso y el diálogo porque hubo desde el inicio del conflicto un asesoramiento legal que acompañó el proceso.

Un requisito importante es saber de antemano y de manera clara qué tipo de servicio se requiere y brindar al profesional toda la información necesaria para que acompañe el desenvolvimiento de la empresa. Un profesional que asesora a pequeñas y medianas empresas puede brindar grandes aportes en materia de contratos, en cuestiones societarias, sobre las relaciones laborales con los empleados o en lineamientos específicos de la actividad o el rubro en el que la pyme se desempeñe.

Las cuestiones legales son tan diversas que el acompañamiento puede tener que ver con gestionar una habilitación municipal, con asesorar en la actualización de las leyes provinciales de contratación de proveedores de un rubro determinado o con trabajar en la prevención de un ciber ataque.

Las consultas legales más frecuentes de las pymes suelen estar vinculadas con cuestiones laborales, impositivas y con aquéllas relacionadas a cuestiones administrativas aunque últimamente han entrado en agenda los temas ambientales que ya están cobrando mayor protagonismo.

Mariano Fernández es enfático en sostener que las pyme tengan claramente identificadas sus necesidades respecto del tipo de asesoramiento que necesitan porque "con el asesoramiento adecuado y con gestiones y acciones siempre es posible arbitrar una solución que, ajustada a derecho, resulte lo más favorable para la empresa". Otra cuestión fundamental es evaluar los recursos que se disponen para ello y para los trámites administrativos que hubiera que afrontar.

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La disposición de un servicio legal en una pequeña o mediana empresa se puede estructurar de distintas maneras. Las empresas más grandes, por ejemplo, suelen contar con un departamento de legales in company o con un profesional externo que les provee de asesoramiento. Si se trata de un servicio legal propio e integrado a la organización o "puertas adentro" los profesionales revisten un actor muy activo dentro de la empresa.

Por el contrario, si el servicio se encuentra tercerizado o "puertas afuera", el rol como actor activo dentro del mundo empresarial no desaparece pero quizás no se encuentre con la misma intensidad que en el supuesto anterior.

"Más allá del tipo de vinculación que la empresa tenga respecto del cuerpo de profesionales del derecho, creo que los abogados debemos entender que somos un actor activo dentro del mundo empresarial por la importancia que el asesoramiento legal tiene en los cursos de acción que cada empresa toma en sus diferentes ámbitos", dice con contundencia Mariano Fernández.


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