Un Procrear para los más necesitados

Si el plan se extiende a las 500.000 familias que lo quieren y no lo alcanzan, se podría generar un boom de inversión, incrementar el empleo y empujar el PBI.

El acceso al crédito es un derecho humano, entendido como derecho de segunda generación, que, además de fomentar la inclusión social, es una herramienta efectiva para potenciar las capacidades de los individuos, empoderar a las personas e impulsar el crecimiento económico. Sin embargo, ya sea por falta de ingresos, garantías demostrables o por las altas tasas de interés, las dificultades para acceder al sistema crediticio son cada vez mayores.
Las personas desean acceder a un crédito por tres razones: llevar adelante un emprendimiento o actividad productiva que les implique un mayor ingreso a futuro, para consumo o para vivienda (compra, ampliación o refacción). En nuestro reciente libro Microfinanzas en la Argentina nos propusimos cuantificar y caracterizar a la población nacional de menores ingresos (hasta dos salarios mínimos vitales y móviles) dispuesta a endeudarse para alguna de esas finalidades. En dicho proceso, demostramos cómo la primera necesidad crediticia para este sector de la población no es ni el consumo ni la producción, sino la vivienda: 46,5% del total encuestado declaró querer demandar un crédito para vivienda para este año, sobre todo para refacción y ampliación.
Al margen de los reflejos históricos del déficit habitacional argentino (con la expansión de villas de emergencias y asentamientos), el alto valor de los alquileres relativo a los salarios, la dolarización del precio de los inmuebles y el derecho relegado del "acceso a una vivienda digna" declarado en el artículo 14-bis de la Constitución, los distintos gobiernos actuaron para mitigar dicha problemática de diferentes maneras. La respuesta, en general, fue la administración de la construcción y el crédito hipotecario subsidiado.

Créditos insuficientes

Sin embargo, en la Argentina, el acceso al crédito hipotecario es apenas superior al 1% del PBI, a diferencia de países como Chile o Panamá, que ostentan índices del 20% y 22%, respectivamente. La oferta de crédito hipotecario se concentra casi exclusivamente en bancos públicos, pero los montos máximos prestables, las tasas y plazos no permiten ni siquiera que la clase media pueda acceder (un ocupado registrado en blanco gana, en promedio, $ 7.500 según el Indec).
En este contexto, hace más de dos años (12 de junio de 2012), el Gobierno nacional lanzó el plan Procrear, con el fin de fomentar el acceso a la vivienda de los argentinos e impulsar a la economía. El programa, que estimaba la ejecución de 400.000 créditos hipotecarios, en un lapso de cuatro años, con una inyección esperada de más de $ 20.000 millones, brindando los préstamos con plazos y tasas subsidiadas de acuerdo al rango de ingresos familiares declarados a través del Banco Hipotecario (de un 2% a un 17%), creemos que todavía posee una potencialidad que no está siendo aprovechada.
Si bien entendemos que Procrear es un programa integral que busca impactar en un conjunto de variables, cuyo fin no es únicamente la inclusión social, el plan no estaría llegando a los trabajadores más vulnerables y de menores ingresos como debiera. De hecho, excluye a los trabajadores informales (contrario al crédito hipotecario social del Banco Ciudad, por ejemplo) y, por lo tanto, según nuestros datos, aproximadamente, 500.000 familias en el país que quisieran tomar un crédito para vivienda se ven impedidas de hacerlo.

Todos ganan

Pero brindar acceso al crédito a los ciudadanos de menores recursos excluidos por su característica de informales no beneficiaría únicamente a ellos. Procrear, con una readecuación y mejoras en su implementación, en conjunción con una macroeconomía estable, podría generar un boom de inversión en vivienda, incrementar el empleo y alcanzar aumentos del PBI.
El microcrédito promedio, según informes de la Red Argentina de Instituciones de Microfinanzas (RADIM), es de unos $ 6.000. Por otro lado, la Ley 26.117 de promoción del microcrédito establece que no puede superar los 12 salarios mínimos vitales y móviles, o sea $ 56.592 desde este mes. De este modo, si el Estado, a través de un agente intermediario, otorgase un microcrédito equivalente a 12 salarios mínimos a los casi 500.000 trabajadores informales, se podría obtener un aumento del stock de créditos hipotecarios sobre el PBI de aproximadamente un 1% (0,78%). Dado que la inversión en ampliación y refacción de vivienda es dinámica, el piso de aumento de dicho stock producido por un boom de créditos ‘MicroProcrear’, acumulado en un período de cinco años, equivaldría a casi 5 puntos de incremento en el ratio de créditos hipotecarios sobre el PBI.
Finalmente, este boom de microcrédito para vivienda tendría un impacto importante sobre el empleo. Según la matriz insumo-producto de las cuentas nacionales, por cada $ 100.000 de inversión en construcción, se genera un poco más de cinco puestos de trabajo directos e indirectos. De incluir en Procrear a las familias con empleos no registrados, se podrían crear cerca de 1,3 millón de puestos de trabajo directos e indirectos. El plan es una innovadora apuesta de política pública, sin embargo, como venimos sosteniendo desde sus inicios, faltarían algunas readecuaciones y ajustes a fin de que alcance todo su potencial.

Comentarios0
No hay comentarios. Se el primero en comentar

Más notas de tu interés