El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones, la gran apuesta del gobierno nacional para la llegada de inversiones que movilicen la economía, se asoma a un conflicto jurídico que puede ser un caso testigo. Mientras la ley nacional exige que haya hasta un 20% de “compre argentino”, hay provincias que se plantean exigir hasta un 60% de contrataciones de proveedores locales.

Tal es el caso que podría afectar al proyecto Vicuña, uno de los 10 yacimientos de cobre más grandes del mundo que podría implicar una inversión total durante su extensión de u$s 15.000 millones y que de acuerdo con la empresa sólo este año desembolsará u$s 790 millones.

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