El Gobierno nacional buscará en sesiones extraordinarias anotar un mojón en la historia democrática reciente al tratar un proyecto de ley que pretende cambiar de manera radical el tratamiento de los delitos cometidos por menores de edad.

La iniciativa pretende avanzar en el reemplazo de un decreto-ley de la última dictadura militar que fija la edad de imputabilidad en los 18 años y que extiende un régimen penal especial para aquellos que tienen más de 16.