En 1984, la famosa novela de Orwell, los ciudadanos se encuentran impedidos de acceder a todo registro fehaciente de los hechos ocurridos en el pasado. El propio protagonista trabaja adulterando toda clase de documentos (desde reportes estatales hasta notas de prensa) con el objetivo de que el poder gobernante nunca pueda ser reprochado ni criticado.
Nuestra sociedad y la democracia en la que vivimos distan mucho del sombrío escenario de aquella novela. Sin embargo, el 18 de septiembre ocurrió un hecho que nos lo recuerda: el Gobierno presentó el Informe Mosconi, sobre la investigación llevada a cabo en YPF SA por sus interventores, Julio De Vido y Axel Kicillof. En resumen se denuncia una política predatoria, una estrategia definida de desinversión y una conducción que llevó a YPF a una situación de precariedad y vaciamiento. No queremos desmentir los hechos denunciados. Pero nos vemos obligados a decir que el informe omite información. Como si nos encontráramos en el desdeñable escenario de 1984, observamos cómo se busca modificar la historia a través del relato oficial.
El Gobierno ha cometido, al menos, tres omisiones graves. Entre 2008 y 2011, la familia Eskenazi adquirió 25,46% del capital social de YPF. Estas operaciones, aprobadas por el Estado, en cuyos contratos figuraban compromisos de distribución futura de utilidades, significaron que la compra de acciones fuera finalmente financiada con la distribución de dividendos. Así el Estado autorizó que gran cantidad de recursos que podrían haberse abocado a inversiones en exploración, emigraran.
Por otra parte, el Estado tuvo en todo momento mecanismos legales a su disposición para controlar y regular a YPF. Por ejemplo, el decreto 1028/01 establece que el Estado se encuentra facultado a exigir información de toda índole a empresas hidrocarburíferas. Este es solo un ejemplo de numerosas normas que regulan el sector. Un Estado que no ejerció regulación efectiva es cuanto menos un Estado ausente y negligente.
El Estado Argentino conservó en todo momento acciones que le conferían derechos políticos especiales, por ejemplo, nombrar un miembro en el directorio. En todas las reuniones de directorio en las que se aprobaron Memorias Anuales y Estados Contables durante el kirchnerismo, con excepciones mínimas, los directores por el Estado Nacional votaron afirmativamente, hasta 2012. Y en todas las asambleas de accionistas en que se aprobaron Estados Contables y Memorias Anuales, gestiones del directorio y destino de las utilidades acumuladas, los representantes del Estado Argentino votaron acompañando las decisiones del grupo controlante.
¿Cuál es la conclusión? Que si las políticas predatorias y de desinversión denunciadas fueron implementadas por Repsol, estas se realizaron con la connivencia de quienes ocuparon el Gobierno en esos años. Durante los nueve años en que gobernó el kirchnerismo e YPF fue controlada por Repsol, el primero es absolutamente responsable por todas las actividades de la empresa. Las leyes vigentes preveían mecanismos de regulación y las acciones en poder del Estado le otorgaban una visión de privilegio sobre las actividades de la firma. Aunque existan aspectos puntuales que Repsol pueda haber ocultado, está claro que los gobiernos kirchneristas han sido cómplices de Repsol en el accionar que hoy, con pompa, grandilocuencia y encono, ellos mismos denuncian.
Celebramos que el oficialismo haya finalmente cambiado de idea y que así el país haya recuperado una herramienta estratégica para su desarrollo. Pero todos merecemos conocer la verdad de los hechos así como nuestros gobernantes nos deben una actitud autocrítica y asumir las responsabilidades políticas que corresponden. Hay hechos que no pueden ocultarse: las omisiones, anuencias y carencias de políticas. Mientras sigamos tratando de reescribir la historia con el objeto de enaltecer y proteger a quienes transitoriamente están en el poder, nos alejaremos de la construcción de un país más justo, equitativo y digno para todos.