El Gobierno Nacional, a través de su quinteto económico, anunció un proyecto de ley que permite el blanqueo de capitales. La medida tomada intenta reducir la brecha entre el dólar oficial y el paralelo que ha llegado ya a niveles récord. Para ello, uno de los instrumentos financieros lanzados por el Gobierno como parte del blanqueo de capitales es el Certificado de Depósito para Inversión (Cedin), que tiene como fin permitir la compra de propiedades inmobiliarias sin que se pregunte de dónde provienen los dólares de la operación.

El Poder Ejecutivo espera que la medida facilite la concreción de operaciones inmobiliarias hoy paralizadas. Aunque resulte aventurado conocer aun los efectos que dichas acciones puedan tener, pareciera que se trata sólo de un parche para paliar una situación de fondo que padece el acceso a la vivienda en la Argentina.

En efecto, la disminución de la actividad en el sector inmobiliario representa una caída a los niveles más bajos de los últimos 15 años. Según el Colegio de Escribanos de la CABA, las escrituras realizadas en el primer trimestre de 2013 cayeron un 41,3% respecto al mismo período de 2012. Asimismo, encontramos que hubo una desplome del 84.6% de los m2 solicitados en los permisos de construcción ante el GCBA entre enero y febrero de 2012 y enero y febrero de 2013.

El mercado inmobiliario se ve tremendamente afectado por las restricciones que el propio gobierno ha impuesto al mercado cambiario, imposibilitando a que la gente común adquiera dólares para la compra de propiedades. Presenciamos a diario cómo el peso argentino va perdiendo su valor y con él se desvanece también la confianza. Hay una ausencia clara de políticas serías que permitan combatir la inflación que agobia la economía y la incertidumbre que reina a nivel político y económico, es la causa por lo que la Argentina hace años que carece de crédito hipotecario cierto que permita a muchos sectores acceder a una vivienda propia.

En un país que presenta un 25% de hogares con carencias habitacionales (según el censo del 2010), la política habitacional debiera ser un eje central. En este sentido, es válido aclarar que la mera construcción de viviendas por parte del estado no basta para reducir el déficit habitacional estructural. Las prácticas internacionales exitosas han demostrado que el desarrollo de herramientas crediticias de largo plazo debe ser uno de los pilares fundamentales. En Latinoamérica varios son los países que han emprendido ese camino con muy buenos resultados. Es el caso de Chile, y México por mencionar los más destacados. Aquí, por el contrario, el acceso al crédito como herramienta efectiva para paliar el déficit habitacional es aun una política pendiente. Hoy menos del 10% de las operaciones inmobiliarias se concretan con crédito y esto no representa más del 1.5% del PBI.

En este orden de ideas, es claro que la ausencia de condiciones estables que brinden confianza y seguridad, impide que el sector bancario pueda desarrollar herramientas crediticias de largo plazo que puedan contribuir a reducir el déficit cuantitativo que en materia de vivienda padece nuestro país.

El Programa Primera Casa BA de créditos hipotecarios, lanzado en junio del año pasado por el Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires junto con el Banco Ciudad, intenta brindar la posibilidad a los sectores medios y medios bajos de acceder a su primera vivienda. Se busca así iniciar un nuevo rumbo en lo que refiere a la política pública de acceso a la vivienda, aportando una solución habitacional rápida que permita que cada vecino elija dónde y cómo quiere vivir; logrando así la transparencia y mejor asignación de los recursos públicos del estado.

Recientemente el Jefe de Gobierno entregó las primeras 250 escrituras del Programa, que, teniendo en cuenta el contexto actual del mercado inmobiliario, representan un logro muy importante para la Ciudad. La coyuntura nos ha obligado también a tener que replantear sus condiciones e introducir nuevas medidas que facilite a los beneficiarios la búsqueda de propiedades.

Pero desde el punto de vista conceptual, entendemos que para revertir la situación del mercado inmobiliario, lo que se necesita es generar condiciones de estabilidad que permitan el desarrollo de políticas de largo plazo para el acceso al crédito. Ello conllevará seguro a una mayor inclusión social y beneficiará a los sectores más necesitados, en vez de indultar, mediante el blanqueo, a quienes están fuera de la ley en un afán desenfrenado por capturar dólares de dudoso origen.