Estos nacionalistas de opereta han hecho tanto mal al país con sus estupideces como los colonialistas con su viveza. Unos negativos y otros excesivamente positivistas, representan dos flagelos para la economía del país. Párrafo de ¿La fuerza es el derecho de las bestias? del General Perón, 1958
En mi infancia tenía una especial fascinación y orgullo por lo que los desarrollistas denominamos La Batalla del Petróleo, esa épica del gobierno de Arturo Frondizi que permitió el autoabastecimiento de hidrocarburos en la década del 60. Ha pasado más de medio siglo y esa experiencia tiene hoy en día una vigencia que asombra. Producto de la pésima política energética de los últimos 9 años, la Argentina necesita comprar en el exterior lo que abunda en nuestro subsuelo. Nos plantean ahora que, mágicamente, confiscando las acciones de Repsol todo va a ser diferente. Se van a terminar las largas colas en las estaciones de servicio, no va a faltar Gas Oil para el campo ni se va a cortar el gas en invierno.
La decisión que finalmente se tome en relación a YPF no es marginal. Planteado como la recuperación de algo tan caro al sentimiento nacional, es una política que, en el corto plazo, le permite al Gobierno recuperar algo de la confianza y de la imagen perdida desde su último triunfo electoral. Presentado de esa manera, no es fácil debatir los costos de esta medida improvisada o las genuinas intenciones que esconde.
El verdadero debate no pasa por discutir más o menos Estado. Fue la ausencia del Estado o, lo que es peor, la connivencia del Estado con los intereses de algunos privados, lo que terminó por generar el desabastecimiento de hidrocarburos. Queda en evidencia que gasto público no es sinónimo de más Estado. Nunca un Gobierno tuvo tantos recursos disponibles. Y no es para menos. En el transcurso de esta década prácticamente se duplico la presión tributaria. Estamos acercándonos a lo que pagan de impuestos los países nórdicos, pero tenemos bienes y servicios públicos que se parecen a los que ofrecen algunos países africanos. Esta administración recibió unos 300.000 millones de dólares más de los que hubiese recaudado si mantenía la presión impositiva que encontró al asumir. ¿Si no se usaron esos recursos extraordinarios en la bonanza para que la empresa estatal ENARSA estuviera en condiciones de explorar y explotar nuestra rica plataforma submarina, como va a ser ahora este Estado empobrecido para invertir en YPF?
Repsol, por su parte, hizo todo mal. ¿A quién se le puede ocurrir que una empresa petrolera seria acepte un socio impuesto desde el Gobierno que se queda con una cuarta parte de la compañía sin poner prácticamente un solo peso? Un socio que, además, sin contar con ninguna experiencia en el sector, termina ocupando los cargos claves en la conducción de la firma. Solo una empresa que pretende favores especiales del Sector Publico admite semejantes concesiones. Favores como hacer la vista gorda ante la falta de cumplimiento de compromisos de inversión, o permitir que las utilidades de YPF se utilicen para que este nuevo socio impuesto por el Gobierno financie la compra de su propio paquete accionario.
Uno de los principales problemas económicos de nuestro país es la inversión insuficiente. Expropiar violando normas expresamente establecidas en nuestra Constitución, no hacen sino agravar esa situación. Teníamos alternativas. Las áreas de exploración y explotación son otorgadas por el Estado Nacional a las empresas a cambio de obligaciones específicas. Si Repsol-YPF incumplió con los compromisos asumidos, el Gobierno podría haber declarado la caducidad de la concesión y recuperarlas para el Estado, sin costo. Claro que hubiese sido difícil en este caso explicar porque el representante del Gobierno en el directorio de YPF avalo con su firma todo lo actuado en estos años. También hubiese sido más barato y menos conflictivo empezar por recuperar las acciones del socio local, el grupo Eskenazi, una empresa que entró casi gratis al negocio y fue responsable de su conducción en los últimos 4 años, los de la más baja tasa de inversión. Nadie supo explicar la razón por la que ni siquiera se planteo esta alternativa.
YPF representa solo el 30% de la producción de hidrocarburos. Salvo contadas excepciones, la mayoría de las empresas concesionarias no han invertido en exploración y han disminuido el ritmo de producción. Aun bajo la hipótesis de que esta expropiación parcial o confiscación fuera la medida más acertada, surgen demasiados interrogantes: ¿cuál es la política energética que se pretende aplicar al 70% restante de las aéreas concesionadas? ¿De dónde saldrán los fondos para llevar a cabo la gran inversión que hace falta para alcanzar el autoabastecimiento? ¿Cómo un Estado incapaz siquiera de controlar, estará capacitado para conducir la mayor empresa del país?
La suma de errores del Gobierno en su política energética y su apuesta al capitalismo de amigos, genera enormes costos al país. Transgredir la Constitución intentando deslindar responsabilidades por su propia inoperancia, lejos de resolver el problema, lo agrava.
