Dónde empieza y dónde termina el compromiso de un gobierno con los derechos humanos? ¿Se aplica exclusivamente a lo que sucede dentro de las fronteras de su territorio nacional? ¿Se extiende también a la defensa de la independencia de la justicia, de la libertad de prensa, de la expresión artística y del comercio y al manejo de su política exterior?

Se trata de una pregunta relevante, en particular en lo que atañe al gobierno de la presidente Cristina Fernández de Kirchner, quien, en continuidad con lo que preconizaba su difunto marido, el presidente Néstor Kirchner, convirtió al tema de los derechos humanos en uno de los pilares de su política.

¿Cómo se armonizan las convicciones acerca de la inalienable defensa de los derechos humanos con los permanentes ataques a la prensa no alineada, las campañas oficiales de descrédito, el escrache de periodistas, el control de la producción de papel y más recientemente, la prohibición impuesta a las cadenas de hipermercados de publicitar sus ofertas en los diarios y la televisión?

Esto último no solo constituye una grave e ilegal intromisión en la libertad de comercio, sino que, por extensión (y de manera deliberada) busca estrangular la economía de los medios críticos del gobierno, al mismo tiempo que se financia generosamente con dineros públicos una corporación cada vez más amplia de medios apostólicos.

¿Y cómo se concilia la pretensión moral de defender los derechos humanos con una política exterior que busca alianzas y acuerdos económicos con regímenes como el de Angola y Azerbaiján, denunciados internacionalmente por sus repetidas violaciones a los mismos principios que el gobierno argentino dice amparar?

Aceptemos que las decisiones políticas nunca son impolutas y que todo gobernante debe ejercer una medida de realpolitik en el manejo de sus relaciones internacionales. Aceptemos también que ni Angola ni Azerbaiján han cometido atrocidades que afecten directamente a la Argentina y, en consecuencia, es posible establecer acuerdos de intercambio sin avalar necesariamente sus políticas.

Pero el caso de Irán es diferente.

No solo se trata de un régimen teocrático y represivo que financia actividades terroristas en el mundo y que acaba de ser condenado por las Naciones Unidas por sus groseras violaciones a los derechos humanos; un gobierno cuyo presidente preconiza la eliminación de un estado miembro de la ONU y niega que haya existido el Holocausto (una afrenta que no solo agravia a los judíos sino a la humanidad entera) sino que para mayor escándalo, ha sido identificado como responsable directo de los atentados a la Embajada de Israel y al edificio de la AMIA, dos de los actos terroristas más brutales ocurridos en suelo argentino.

En el documento de condena de las Naciones Unidas se cita el creciente número de ejecuciones, tanto secretas como públicas, incluyendo métodos bárbaros como el apedreamiento, el generalizado uso de la tortura, la represión de las minorías religiosas, las mujeres y los gays y la persecución de los opositores.

Todo este catálogo de crueldades no ajenas a la memoria de los argentinos, que debería ser suficiente para desinteresar todo posible acercamiento con el régimen de Teherán, empalidece cuando se le añade el componente de la responsabilidad iraní en la destrucción del edificio de la AMIA, con el escalofriante saldo de 85 muertos, que se añaden a los 29 muertos que resultaron del atentado contra la embajada de Israel en 1992.

De modo que cuando el gobierno argentino describe el memorandum con Irán como un documento histórico, que representa un avance dramático en la investigación de la responsabilidad en el atentado y cuando el canciller Héctor Timerman afirma, como lo hizo el miércoles ante el Senado, que votar en contra del acuerdo constituye un voto a favor de la impunidad, están cometiendo un acto de travestismo jurídico o pecando de extraordinaria ingenuidad, tanto como lo es el designar este procedimiento como una comisión de la verdad.

Los precedentes que se citan para justificar esta avenida, como la resolución del conflicto de los Estados Unidos y el Reino Unido con el gobierno libio, responsable del atentado al avión de Pan Am vuelo 103 sobre la ciudad escocesa de Lockerbie, en 1988, son otra falacia.

El gobierno libio aceptó la propuesta de someterse a la justicia en un país neutral (Holanda) con un tribunal formado por jueces escoceses, porque estaba ansioso de desprenderse de las sanciones económicas y buscaba una salida que le permitiera salvar las apariencias.

No es éste el caso de Irán.

¿Qué razón podría tener el régimen del líder supremo Ali Khamenei en alentar la formación de una comisión de la verdad, sino la de apelar a un número infinito de chicanas (como ya ha dado prueba de hacerlo a lo largo de 19 años) para evitar, precisamente, que se esclarezca la verdad?

Como prueba de estas intenciones, mientras el Congreso argentino discutía la aprobación del memorando, el gobierno iraní anunciaba que no permitiría que uno de sus implicados, el ministro de Defensa, Ahjmad Vahidi, fuera indagado por esta comisión o por ninguna otra.

¿Qué espera obtener el gobierno argentino impulsando un acuerdo de dudosa confección, que ha sido rechazado por toda la oposición, por APEMIA, por las principales organizaciones judías y por los países del mundo democrático?

Una de las claves que podrían explicar la urgencia de su sanción sería la promesa del presidente iraní, Mahmoud Ahmadinejad, de ampliar el intercambio comercial con la Argentina, que en la actualidad totaliza unos 1.200 millones de dólares, si las investigaciones tuvieran lugar de forma precisa e imparcial, como informó la agencia iraní de noticias, FARS. Es difícil no leer en esta fórmula diplomática que lo que Irán espera es una exoneración.

Parece ser la única explicación razonable a este pacto orwelliano donde la comisión de la verdad es un eufemismo y las posibilidades de que algo se esclarezca, una utopía.