Durante el año 2000, un equipo de profesionales (técnicos, funcionarios, empresarios y políticos) descubrió un sistema de contrataciones que parte del mundo usaba hacía casi una década, para construir un tercio de las obras de infraestructura económica y social y lo adaptó a las particulares características argentinas.

El objetivo fue crear un nuevo sistema de contrataciones que permitiera acceso a más y mejor financiamiento, para concretar un shock de inversiones de alto impacto, que sin esta herramienta nunca sería viable, incremental a las que se realizaban por los sistemas de obra pública Ley13064 y concesiones Ley17520 existentes.

Adaptado a la realidad política, económica e institucional del momento se creó un instrumento de Financiamiento Privado de Infraestructura PFI en inglés como una variante de Asociación Público Privada, compuesto de un marco legal, ingeniería financiera, modelos de pliegos y contratos estandarizados.

PFI era la llave que hubiera permitido acceder a nuevo financiamiento, necesario y si bien se sancionó en el Congreso la Ley del Plan Federal de Infraestructura, por u$s 20.000 millones, a ser ejecutado en cinco años, luego de un profundo trabajo de análisis, evaluación, planificación y construcción de consenso federal (interjurisdiccional y multisectorial), en esa oportunidad la crisis interrumpió el proceso licitatorio en marcha de las obras por los primeros u$s 2000 millones.

Algunos países de la región tomaron el modelo argentino, que incluía una estructura de garantía a través de un fideicomiso para mitigar riesgos (que incluía el político y de repago del estado) que eran una barrera de acceso al financiamiento; afectando un flujo de fondos proveniente de un impuesto nacional y contragarantías obtenidas del BID y del Banco Mundial.

Años después el GCBA presentó en la Legislatura un proyecto de ley de marco regulatorio y estructura de APP-PFI de similares características, teniendo en claro el contexto macro negativo del país pero sin sospechar hasta qué punto llegaría a profundizarse el deterioro.

La Ciudad de Buenos Aires por sus antecedentes, condiciones y proyecciones particulares y con una gestión prudente, eficiente y ordenada estaba en posición de crear el sistema de contrataciones APP para multiplicar y acelerar la concreción de obras de infraestructura económica y social fundamentales, para el desarrollo de Buenos Aires y para mejorar la calidad de vida de los porteños.

Sin embargo, en esa oportunidad no estuvieron dadas las condiciones políticas para sancionarlo y en los años subsiguientes el GCBA avanzó en la ejecución de obras de infraestructura, utilizando herramientas tradicionales (financiamiento presupuestario, mercado de capitales local y escaso acceso a crédito de Multilaterales) y variantes del sistema de concesión.

Hacia fines de 2015 la Ciudad de Buenos Aires tendrá un aumento patrimonial considerable en sus activos físicos por la ejecución de nueva infraestructura y puesta en valor de parte de los existentes. Sin embargo, continuará sin disponer del instrumento de financiamiento adecuado para desarrollar una parte importante de nuevas obras estratégicas, que no se ejecutarán por los sistemas tradicionales, ni con alternativas que no contemplen de manera acertada los requerimientos suficientes para acceder al financiamiento necesario.