Argentina ha descendido en el ranking que ordena países según grado de corrupción. En efecto, el ndice de Percepción de Corrupción elaborado por Transparency International en el año 2012 ubicaba a nuestro país en el puesto 102 (sobre 177 países auditados) descendiendo en 2013 a 106. Si la comparación se hace sobre países de América Latina, Argentina ocupa la posición 22 sobre un total de 32 países, muy por debajo de nuestros vecinos Uruguay y Chile.

Expertos en el tema han señalado varias razones de los altos niveles de corrupción en nuestro país. El pobre desempeño de entes encargados de control y las fallas del Poder Judicial son aspectos claves en este proceso. No puede sino compartirse el diagnóstico anterior.

Debe reconocerse sin embargo que el problema de corrupción depende no solo de organismos de control y de la eficiencia con la cual funciona la Justicia sino también de la forma en que se lleva a cabo la actividad económica del país. Y más concretamente del grado y tipo de regulación a la cual está sujeto el funcionamiento de los mercados.

La necesidad de tramitar permisos de importación o de exportación que ha sido una constante en el gobierno de los Kirchner constituye una enorme fuente de corrupción que no puede ser controlada aún con impolutos órganos de control o eficiente justicia. Una línea de montaje parada por falta de un repuesto puede implicar una pérdida diaria millonaria. El valor de esta pérdida es el límite superior del soborno que el empresario estará dispuesto a pagar para que el permiso de importación sea otorgado. De la misma forma, el valor del ROE necesario para exportar productos agrícolas es equivalente a la diferencia de precio entre el mercado internacional y el domestico. Esta diferencia de precios es la renta a la cual accede aquel al cual se otorga el ROE y por lo tanto todo soborno menor a este renta será atractivo para aquel que lo paga y por supuesto para el que lo recibe.

La corrupción florece cuando existen rentas cuya asignación no depende de fuerzas relativamente impersonales de mercado sino de decisiones que toman funcionarios. Estas rentas discrecionales deben ser reducidas para que haya progreso.

Reducir la corrupción crónica que nos afecta demandará entonces no solo mejor control y mejor justicia, sino también menor regulación en los mercados alrededor de los cuales se organiza la actividad económica del país. Esta lección desgraciadamente no ha sido aprendida ni por el gobierno, ni la oposición y ni gran parte de la ciudadanía. La ciudadanía puede ser excusada por ser el tema complejo y alejado de la preocupación laboral diaria. Esta excusa no corre, sin embargo, para el Gobierno y los representantes de la oposición