El año 2012 está a punto de terminar en los Estados Unidos como una película catástrofe. La nación entera está secuestrada en un tren bala que se dirige ciegamente hacia un precipicio y nadie está seguro si el tren tiene frenos. En la cabina de mando, los maquinistas se pelean entre sí, echándose mutuamente la culpa, cuando apenas restan unos pocos minutos para el final.

Si el argumento resulta un tanto traído de los pelos, esto es exactamente lo que sucederá en cuatro días, cuando la nación se desbarranque oficialmente tras lo que el presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, bautizó el abismo fiscal, un eufemismo que describe lo que sucederá cuando una serie de reducciones fiscales aprobadas entre 2010 y 2011 expiren, detonando automáticamente un aumento impositivo de más de 500.000 millones de dólares en todo el espectro y una serie de dramáticos recortes presupuestarios, que afectarán particularmente a los programas sociales.

Como ejemplo, la falta de acuerdo significará el fin de los beneficios de desempleo para más de dos millones de personas y unos ocho millones de niños se verán arrojados a la pobreza o se hundirán más en la pobreza, como editorializó el jueves el New York Times.

Por si esto fuera poco, el próximo lunes marcará la expiración del denominado techo de deuda, o sea el límite que el Congreso impone al gobierno de endeudarse, que en estos momentos es de 16.394 billones de dólares.

Si no amplía este límite, la capacidad del Tesoro de hacer frente a sus deudas se verá bloqueada y los Estados Unidos se encontrarán técnicamente en suspensión de pagos y no podrán hacer frente a sus obligaciones legales, lo que sería un evento sin precedentes en la historia de esta nación, como estuvo a punto de suceder en 2011.

La razón por lo que todo esto sucede no responde a una desavenencia filosófica entre republicanos y demócratas respecto de cómo gravar a la población. De hecho, ambos partidos coinciden en la necesidad de extender los recortes impositivos sancionados durante la administración de George W. Bush, para aquellas parejas con un ingreso inferior a los 250.000 dólares e individuos con un ingreso inferior a los 200.000. En otras palabras, el 98 por ciento de los contribuyentes.

La discrepancia se afinca en el, restante 2 por ciento, una categoría a la que pertenecen gente como Donald Trump, George Soros y Mitt Romney.

Los republicanos se obstinan en que se mantengan los recortes impositivos que Bush concedió a los millonarios mientras el presidente Barack Obama insiste en que terminar con estos privilegios es esencial para la recuperación económica.

En diciembre de 2010, presionado por la necesidad de contar con el apoyo de la bancada republicana en la Cámara de Representantes para aprobar el proyecto de reducción impositiva para la clase media y el Acta de Creación de Empleos, Obama aceptó extender los recortes fiscales de Bush por dos años. También entonces el Presidente se encontraba en un a posición más débil a raíz de la incertidumbre que rodeaba su reelección.

Pero el Obama que hoy enfrenta a la bancada republicana del Congreso es el vencedor de las elecciones por un margen considerable y considera que el electorado que le concedió la victoria también reclama el fin de los privilegios a los más pudientes.

El 112º Congreso, que es con el que batalla el Presidente, concluirá su período el 3 de enero y un nuevo Congreso, el 113º, iniciará sus sesiones inmediatamente. Obama comenzará oficialmente su segunda presidencia, el 21 de enero.

Muchos legisladores opinan que aún cuando la frontera que conduce al abismo fiscal se cruce, nada grave sucederá en lo inmediato y lo mismo ocurre con el techo de la deuda.

Sostienen que instalado el nuevo Congreso (los demócratas ganaron 9 escaños en la Cámara de Representantes, aunque seguirán en minoría) éste podría rápidamente alcanzar un acuerdo que resuelva la crisis.

Las razones que se esgrimen para justificar este escenario, es que el líder de la bancada republicana, John Boehner, recientemente debilitado por la falta de apoyo de su propio partido en el debate fiscal, recuperará su influencia cuando su cargo sea ratificado por la nueva Cámara.

A esto se añade el hecho de que las últimas encuestas demuestran que la población responsabiliza a los republicanos del fracaso de las negociaciones y que el partido necesita recuperar el favor del público después de la derrota electoral de noviembre.