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Una ley que regule la seguridad electrónica

La seguridad electrónica creció un 250% en los últimos 10 años en nuestro país. Hoy emplea a más de 14.500 personas y factura u$s 755 millones al año. En la década del 80 hablábamos sólo de alarmas sonoras y sistemas básicos de detección de incendios. Treinta años después contamos con tecnologías para reconocer en vivo rostros en la oscuridad a través de cámaras de visión nocturna automatizadas.
La tecnología evolucionó, el mercado creció, los delitos se complejizaron y los riesgos aumentaron pero el sector de la seguridad electrónica sigue sin tener una legislación nacional que lo regule. Hasta el día del hoy se maneja con un conjunto de unas 20 leyes parciales, normas y disposiciones atrasadas e incompletas a nivel técnico y que desconocen la envergadura y particularidades de la seguridad electrónica poniendo en riesgo la viabilidad económica de las empresas y la seguridad en general.
Para subsanar esa carencia desde CASEL trabajamos arduamente en la redacción del proyecto de Ley Nacional de Seguridad Electrónica, que será presentado en Intersec Buenos Aires, la muestra sudamericana más importante para la industria del fuego y la seguridad. Nos proponemos así brindar un marco normativo a nuestro sector y acompañar tanto el crecimiento profesional y tecnológico como resguardar la seguridad pública ya que ciertos servicios sensibles (por citar un caso la electrificación de cercos perimetrales) que hoy se ofrecen sin la adecuada legislación y control ponen en riesgo la vida humana.
Nuestro proyecto de ley prevé fijar las pautas de profesionalización de la actividad a nivel nacional para la aceptación de dispositivos a instalar, la adopción de normas técnicas, la habilitación de personal y profesional matriculado. Asimismo, la norma avanza sobre la obligatoriedad de la intervención de especialistas para la confección de pliegos de especificaciones en las compras del Estado. Entre las principales cuestiones que deberá atender la normativa se encuentran: regulación de la actividad de monitoreo, obligatoriedad de instalación, requerimiento obligatorio de habilitación para quienes presten servicios de monitoreo, registro de prestadores, de accionistas y directores, de personal técnico, así como del equipamiento, derechos y obligaciones de los prestadores, régimen tributario de acuerdo a los contratos de cada región específica, régimen sancionatorio focalizado en la naturaleza del servicio y parámetros de calidad.
En síntesis, nuestro proyecto busca colaborar en el mejoramiento de los estándares de seguridad pública con una regulación más eficiente y adecuada a las necesidades actuales del sector estableciendo requisitos técnicos mínimos.
Desde el sector privado hemos dado grandes pasos en las últimas décadas para la profesionalización de la actividad. Resta ahora la articulación con la esfera pública para el debate legislativo que encuadre la expansión venidera del sector en protección para todos los argentinos.

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