Un escenario en el fondo previsible

La decisión del gobierno nacional de asumir en todos sus aspectos el control total de la política de autoabastecimiento de hidrocarburos debe ser interpretada en el contexto del nuevo ciclo de políticas de emergencia que vive el país. La intervención de YPF y la ocupación casi por la fuerza de todas sus oficinas, dependencias, archivos, redes de comunicaciones recordaron a algunos observadores interesados procesos similares que, en muchos momentos y lugares del mundo, sirvieron de punto de partida de procesos de redefinición drástica del papel del Estado en la vida social. Tal vez por ello, gran parte de la prensa nacional se sumó a la promoción del clima de confrontación absoluta que procuraron imponer casi todos los protagonistas del proceso.

No ha sido ese, sin embargo, el talante básico con que una amplia mayoría de la sociedad argentina recibió una noticia sorpresiva pero, por muchas razones, deseada y en el fondo previsible. La expropiación cierra un proceso breve y accidentado de gestión privada nunca entendida del todo por la sociedad argentina.

La privatización de YPF jamás contó, en efecto, con dosis de consenso equivalentes a las del resto de los servicios públicos. Una visión retrospectiva de la evolución de los niveles de apoyo de las reformas iniciadas a principios de los años 90 demuestra con claridad que los mayores consensos se produjeron respecto de los servicios públicos domiciliarios de carácter universal, sobre todo teléfonos, distribución de gas y electricidad, agua y saneamientos urbanos. Las infraestructuras y servicios no universales debieron en cambio imponerse en un clima de debate y suspicacias. Tal fue el caso de la construcción y mantenimiento de rutas, los servicios de correos, o los puertos, aeropuertos y concesiones de transportes.

La exploración y explotación privada de petróleo y gas fue siempre resistida y no por una suerte de fundamentalismo mágico nacionalista, sino por el rechazo de la mayor parte de las fuerzas políticas tradicionales, los viejos y nuevos movimientos sociales y la opinión mayoritaria de técnicos y especialistas. Salvo la opinión de un grupo reducido de economistas y empresarios, en general primó una visión defensiva y hostil a los diversos episodios que jalonaron la desnacionalización. La escasa transparencia de los procedimientos y decisiones adoptadas rodearon siempre a YPF de un barniz de sospecha, más que suficiente para explicar el actual clima de opinión.

La presencia universal del Estado en un sector pensado desde siempre como estratégico fue una demostración viva y permanente de la rara e inexplicable singularidad del caso argentino. Los resultados del experimento español convocaron un rechazo poco menos que absoluto. Bastó que el gobierno lo reconociera y encabezara la reacción reparadora para que los indicadores de consenso se dispararan con la contundencia que revelan los datos disponibles.

De acuerdo con los resultados del monitoreo nacional llevado a cabo por la consultora OPSM sobre sucesivas muestras nacionales en los últimos días, un 91% de la población ha venido siguiendo con interés y detalle los avatares del caso YPF. Un 75,6% se manifiesta de acuerdo con la expropiación de la mayoría accionaria de la compañía. La resistencia a la medida se limita a un 18,3%, porcentaje donde el rechazo absoluto llega apenas a un 3,7% de la población. Se trata de una aceptación clara en cuanto al contenido y objetivos del paso del gobierno aunque dividida respecto de los métodos y procedimientos. Un 42,1% hubiera preferido una negociación en buenos términos con Repsol, en tanto que un 51.8 refrenda el método escogido. Un porcentaje importante de la población espera consecuencias negativas en las relaciones con España (65,2%) y con el resto de los países desarrollados (49,4%).

Los porcentajes de expectativas de mejora de la situación de la nueva YPF alcanzan proporciones cercanas o superiores al 70% en temas clave como la capacidad de inversión, desempeño técnico, resultados económicos y sobre todo contribución del nuevo esquema al autoabastecimiento energético. Los puntos que suscitan mayor debate son los referidos a la capacidad de gestión estatal. Una aceptación amplia pero cautelosa. Aun así, un porcentaje de 73,1% se confiesa optimista respecto al futuro de YPF, aun cuando la cifra sea algo menor al evaluar la política energética en general (66,5%). El clima de época -por cierto no exclusivo de la Argentina-, la búsqueda de mayor protección estatal y el fracaso de las recetas privatizadoras explica que un 62% reclame mayor intervención estatal en otros sectores estratégicos. Sin embargo, se reconocen y asumen los riesgos del conflicto y los costos seguros de toda reacción de emergencia.

Para una amplia mayoría, el fin no justifica los métodos. Sin embargo los excusa en una coyuntura que ofrece muy pocas opciones, como la que se reconoce estar viviendo. Toda una carta de navegación compleja y sofisticada para iniciar un trayecto en la que el punto final parece estar bastante más claro que el trayecto elegido. Las dificultades están a la vista y está aún por comprobarse la capacidad de los diversos actores, tanto públicos como privados, para adaptarse a un nuevo mundo, pleno de desafíos y cambios irreversibles.

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