Silencio latinoamericano

América Latina ha tenido un rol crucial en el desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos. Basta recordar que la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, adoptada en 1948, constituye el primer instrumento internacional en la materia. Precede incluso a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Tras el horror de la Segunda Guerra Mundial, desde el sur decíamos que la violación a los Derechos Humanos no era ni podía ser un asunto puramente doméstico.
Durante la guerra fría, la cruda violencia regional opacó parcialmente este importante compromiso. Digo parcialmente porque mientras gobiernos e individuos atacaban sin piedad a la población, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y organizaciones de la sociedad civil salvaban la vida de miles de personas y reclamaban sin cansancio por el cese de la violencia.
En 1985, nuestro propio país se convirtió en un referente mundial en la lucha contra la impunidad al enjuiciar a las juntas militares. El Juicio a las Juntas fue pionero y objeto de estudio en el mundo por su escala y objetivos. La profesora de Harvard Kathryn Sikkink le atribuye un enorme impacto en la evolución de la cascada de la justicia: la creciente tendencia mundial de enjuiciar penalmente a quienes cometen crímenes internacionales.
Cuando América Latina habla de Derechos Humanos el mundo escucha. Hoy, mientras miles de venezolanos denuncian detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos, entre otros crímenes, América Latina calla.
Informes elaborados por diversas organizaciones corroboran gran parte de las denuncias. En Venezuela, desde el 2014, las fuerzas de seguridad golpean y detienen con impunidad a manifestantes pacíficos, se persigue penalmente de forma arbitraria a los opositores políticos, se violan las más básicas garantías del debido proceso; se identifica y se castiga la disidencia.
Sólo en 2014, y según datos del gobierno venezolano, en el contexto de las protestas se registraron al menos 3.351 detenciones, 878 heridos y 43 muertos.
La situación de Derechos Humanos en Venezuela excede a los venezolanos. El gobierno de Nicolás Maduro debe cumplir con sus obligaciones internacionales. Nuestras instituciones y nuestros gobernantes deben demandárselo.
Estas breves líneas no discuten el contenido de las protestas ni la idoneidad de los líderes opositores. No es pertinente. A 30 años del Juicio a las Juntas, el silencio nos obliga a recordar aquello que en nuestra región parecía obvio: los Derechos Humanos no pue den someterse a ningún programa económico, político ni social, por revolucionario que sea.
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