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Políticas deportivas y olimpismo

por  RODRIGO DASKAL

Sociólogo. Centro de Estudios del Deporte /UNSAM
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Los Juegos Olímpicos modernos nacen con el Barón de Coubertin, francés de origen aristocrático impactado por las derrotas bélicas de su país e influenciado por la gimnástica alemana y el modelo del deporte inglés de fines del siglo XIX, a la luz del cosmopolitismo de época y regidos por las normas del deporte moderno. Los antiguos juegos eran centralmente un encuentro religioso, y un ‘deporte’ como práctica limitada a los ciudadanos griegos, sin esclavos ni mujeres, y sin cuantificación, récord o reglas formales y universales.

En Argentina y como fruto de conflictos en los sectores de la elite para representar a nuestro deporte, nacen en 1921 la Confederación Argentina de Deportes y por decreto presidencial en 1923 el Comité Olímpico Argentino, fusionándose en 1927 como CADCOA. Durante el primer peronismo la CADCOA se convirtió en la institución rectora del deporte nacional, y parte de ello puede verse en los logros olímpicos: fruto centralmente de esfuerzos individuales, en los treinta y cinco años anteriores nuestras representaciones obtuvieron, cuantitativamente, menos preseas que en el periodo 1945/55 si analizamos todas las competencias de categoría “olímpica”. El golpe militar de 1955 y su continuidad en 1976 son momentos oscuros también para el deporte olímpico, otra vez más librado al mero esfuerzo de sus atletas y asociaciones deportivas hasta el año 2009, cuando con la elogiada creación del ENARD el Estado vuelve a garantizar apoyo continuo al deporte olímpico. En el medio, es sancionada la Ley del Deporte en 1974, nunca puesta en funcionamiento en forma plena y concreta.

Como cada juego olímpico, a su término veremos debatir sobre la cantidad de medallas obtenidas con relación al pasado. Más allá de lo cuantitativo, quizás deberíamos atender a lo cualitativo, y no sólo en vista de ciertas variables como la cantidad de deportes representados, sino hacia el futuro con relación a las políticas estratégicas. Para ello, resulta indispensable pensar entre otras cosas, en cómo ampliar la base de deportistas en niños/as y jóvenes en tanto derecho; en la concreción de centros regionales de mediano y alto rendimiento y el financiamiento de infraestructura deportiva; en el reconocimiento a los distintos actores del deporte con voz y voto en las organizaciones deportivas, y en su cobertura social y previsional. También, en un registro estadístico profundo que permita planificar políticas deportivas nacionales y locales, vinculadas también al sistema educativo.
Todo ello fue debatido en los años 2014 y 2015 en lo que fue la sanción de las leyes 27.201 de creación del Enaded (Ente Nacional de Desarrollo Deportivo) y 27.202, de actualización de la Ley del Deporte de 1974, leyes que no fueron puestas hasta el momento a rodar. Tal vez la discusión de fondo sea también, cómo dejar de pensar el deporte como un instrumento (que también lo es) para posicionarlo como un derecho social con sus distintas variables económicas, de salud, educación, etc. y desde allí, el rol del Estado y de los distintos actores deportivos. Probablemente desde ese lugar de las políticas públicas tengamos mayores certezas sobre el futuro del campo deportivo y cuyo resultado sea también, cualitativa y cuantitativamente, observable en el deporte olímpico.

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