Paraguay y su suspensión del Mercosur
De acuerdo a la interpretación de los países socios del Paraguay en el Mercosur, la suspensión de Paraguay de los órganos de integración regional, establecida durante la reciente Cumbre de Mendoza, tiene como principal fundamento el desconocimiento, por parte del Congreso paraguayo, de la garantía del debido proceso durante el juicio político que destituyó a Fernando Lugo de la Presidencia del Paraguay. Pese a las irregularidades procesales, Lugo ha aceptado públicamente someterse al juicio, así como su sentencia.
Mientras se ha observado importante cautela por los gobiernos de Uruguay y Brasil, Argentina ha tomado una posición clara al no reconocer a la administración de Franco como legítima. No obstante, el Mercosur encuentra un consenso de mínima alrededor de la irregularidad procedimental del juicio. En base a estas ponderaciones, el Mercosur ha realizado la declaración de ruptura del orden democrático siguiendo a lo estipulado por el Protocolo de Ushuaia de 1998, firmado y ratificado por el Paraguay. En su Art. 5 establece que ...las medidas abarcarán desde la suspensión del derecho a participar en los distintos órganos de los respectivos procesos de integración hasta la suspensión de los derechos y obligaciones emergentes de esos procesos.
Buscando no afectar económicamente al país, Brasil, Argentina y Uruguay optaron por preservar las preferencias arancelarias y la ejecución de los proyectos paraguayos aprobados por el Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur (FOCEM). Actualmente, el monto asignado al Paraguay por FOCEM es de u$s 608 millones, de los cuales u$s 440 millones se deben utilizar para infraestructura física (8 rutas) y energética (línea de transmisión de Itaipú de 500 Kv). El monto de proyectos de infraestructura aprobados por el FOCEM es equivalente al 32% de los gastos de capital asignados en el Presupuesto nacional 2012.
La sanción ha sido política. Se determinó la suspensión del derecho de participación de Paraguay en los órganos y deliberaciones del bloque, extendida a la perdida temporaria de su poder de voto y veto. En consecuencia, se optó por avanzar con la incorporación de Venezuela como Estado Parte. Esa decisión, leída por el Congreso paraguayo como un contragolpe, está cuestionada una vez que el Paraguay sigue siendo un Estado Parte y no se suspendieron sus derechos y obligaciones. Además, extiende la cuestionable suspensión del poder de veto a decisiones anteriores al juicio de Lugo e impide que los congresistas paraguayos del Parlasur, electos a través del voto, cumplan con sus mandatos.
La incorporación plena de nuevos Estados es un procedimiento complejo desde el punto de vista técnico y político. La incorporación de Venezuela parece indicar la posible creación de un estatus intermedio entre miembro pleno y asociado, cuestionable en términos jurídicos pero funcional para la celeridad de las eventuales adhesiones de Bolivia, Ecuador, Surinam y Guyana, hipótesis que viene ganando relevancia como contrapunto a la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia, Perú y México).
Pese a que los Jefes de Estado del Mercosur han destacado en sus discursos la preservación del Paraguay de la aplicación de sanciones económicas, la suspensión de Paraguay y la retirada de los embajadores de los países del bloque acreditados ante Asunción tienden a generar problemas dinámicos a la economía mediterránea. Por ejemplo, gestiones expeditas en caso de conflictos comerciales. El no reconocimiento del Gobierno argentino a la administración Franco tiende a suspender las negociaciones bilaterales heredadas de la gestión Lugo, las cuales se centran en las demandas de libre navegación por el Río Paraná, levantamiento de las trabas comerciales y utilización del sistema eléctrico argentino para la venta de energía paraguaya a Uruguay. No está claro si se suspenderá el pago de royalties por la energía generada por Yacyretá.
El Mercosur podrá decidir la toma de sus decisiones sin la participación de Paraguay. No obstante, se deja como legado un creciente déficit democrático dentro del Mercosur.
Mientras se ha observado importante cautela por los gobiernos de Uruguay y Brasil, Argentina ha tomado una posición clara al no reconocer a la administración de Franco como legítima. No obstante, el Mercosur encuentra un consenso de mínima alrededor de la irregularidad procedimental del juicio. En base a estas ponderaciones, el Mercosur ha realizado la declaración de ruptura del orden democrático siguiendo a lo estipulado por el Protocolo de Ushuaia de 1998, firmado y ratificado por el Paraguay. En su Art. 5 establece que ...las medidas abarcarán desde la suspensión del derecho a participar en los distintos órganos de los respectivos procesos de integración hasta la suspensión de los derechos y obligaciones emergentes de esos procesos.
Buscando no afectar económicamente al país, Brasil, Argentina y Uruguay optaron por preservar las preferencias arancelarias y la ejecución de los proyectos paraguayos aprobados por el Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur (FOCEM). Actualmente, el monto asignado al Paraguay por FOCEM es de u$s 608 millones, de los cuales u$s 440 millones se deben utilizar para infraestructura física (8 rutas) y energética (línea de transmisión de Itaipú de 500 Kv). El monto de proyectos de infraestructura aprobados por el FOCEM es equivalente al 32% de los gastos de capital asignados en el Presupuesto nacional 2012.
La sanción ha sido política. Se determinó la suspensión del derecho de participación de Paraguay en los órganos y deliberaciones del bloque, extendida a la perdida temporaria de su poder de voto y veto. En consecuencia, se optó por avanzar con la incorporación de Venezuela como Estado Parte. Esa decisión, leída por el Congreso paraguayo como un contragolpe, está cuestionada una vez que el Paraguay sigue siendo un Estado Parte y no se suspendieron sus derechos y obligaciones. Además, extiende la cuestionable suspensión del poder de veto a decisiones anteriores al juicio de Lugo e impide que los congresistas paraguayos del Parlasur, electos a través del voto, cumplan con sus mandatos.
La incorporación plena de nuevos Estados es un procedimiento complejo desde el punto de vista técnico y político. La incorporación de Venezuela parece indicar la posible creación de un estatus intermedio entre miembro pleno y asociado, cuestionable en términos jurídicos pero funcional para la celeridad de las eventuales adhesiones de Bolivia, Ecuador, Surinam y Guyana, hipótesis que viene ganando relevancia como contrapunto a la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia, Perú y México).
Pese a que los Jefes de Estado del Mercosur han destacado en sus discursos la preservación del Paraguay de la aplicación de sanciones económicas, la suspensión de Paraguay y la retirada de los embajadores de los países del bloque acreditados ante Asunción tienden a generar problemas dinámicos a la economía mediterránea. Por ejemplo, gestiones expeditas en caso de conflictos comerciales. El no reconocimiento del Gobierno argentino a la administración Franco tiende a suspender las negociaciones bilaterales heredadas de la gestión Lugo, las cuales se centran en las demandas de libre navegación por el Río Paraná, levantamiento de las trabas comerciales y utilización del sistema eléctrico argentino para la venta de energía paraguaya a Uruguay. No está claro si se suspenderá el pago de royalties por la energía generada por Yacyretá.
El Mercosur podrá decidir la toma de sus decisiones sin la participación de Paraguay. No obstante, se deja como legado un creciente déficit democrático dentro del Mercosur.
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