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Nueva política salarial para las fuerzas armadas

Fueron muchos los problemas que enfrentó la nueva conducción del Ministerio de Defensa, heredados de la gestión anterior. Desde la falta de pago de los contratos para permitir la puesta en marcha de la campaña antártica anual, hasta la carencia de aviación de combate - clave para el control aéreo de la frontera- que se suma a la demora en la radarización. A ello se agrega la falta del rompehielos en reparación desde hace ya ocho años, la crítica situación de la Fábrica Militar de Aviones (FADEA) y los gastos no justificados en la Administración de Fabricaciones Militares. La falta de mantenimiento y renovación de equipos es general en las tres Fuerzas.
Pero mirando el largo plazo, los dos problemas más relevantes tienen que ver con el personal: una política militar sentada en la visión de las Fuerzas Armadas como los protagonistas del último gobierno militar y una estructura de salarios y retiros, anarquizada, cuyos desviaciones no empezaron en 2003.
En el primero de estos dos problemas, la respuesta ha sido concreta: hoy hay medio centenar de militares detenidos por los juicios que superando los 70 años, han pasado a estar en su domicilio de acuerdo a lo que establece la ley. Pero fue el desfile militar del Bicentenario de la Independencia realizado el 10 de julio en la Ciudad de Buenos Aires, del que participaron 4000 hombres de las Fuerzas Armadas y 3000 veteranos de Malvinas, junto con el Festival de Bandas Militares realizado en el Campo de Polo el mismo día, con la participación de 11 bandas extranjeras y 8 argentinas, el conjunto de hechos que mostrar que no hay una ‘grieta’ entre las Fuerzas Armadas y la sociedad.
Respecto al segundo - que afecta a la totalidad del personal ya sea en actividad o en retiro- se ha puesto en marcha una solución de largo plazo, que ha comenzado a ejecutarse.
Se inició - como lo anticipó el Presidente en su discurso el día del Ejercito- por aplicar a las Fuerzas Armadas, el mismo aumento que el resto del sector publico, derivado de la paritaria con la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN).
Este incremento implica 7% en junio, 10% en julio y 14% en agosto. Ello lleva el salario de un Coronel en actividad con 35 años de servicio para dicho mes, a $ 31.614.
Pero a esta cifra se llega aplicando una serie de suplementos sobre el salario, que el personal retirado no cobra. Un oficial de la misma jerarquía, cobra más de un tercio menos. Esto ha generado juicios, por un monto de aproximadamente $ 2500 millones.
Esta política salarial, en el pasado tuvo dos razones. Una económica, dado que los suplementos no pagan el aporte para financiar el retiro y ello reduce la erogación del estado. La otra, político-militar: generar una situación diferente entre el personal en actividad y retirado, para romper la solidaridad intergeneracional.
Para solucionar esta brecha salarial, el gobierno nacional se ha propuesto un blanqueo gradual. El año pasado, un oficial retirado cobró el 64% de uno en actividad y este año pasará a cobrar el 67% y en 2017 73%. Para el año siguiente, el retirado cobrará 79% del que está en actividad y este ‘blanqueo’ culmina en 2019, el último de los cuatro años de este período presidencial, cuando un retirado cobrará el 88% de lo que cobra un oficial en actividad de la misma jerarquía.
Esto no sólo influye sobre el personal retirado, sino también sobre el que está en actividad, quien más tarde o más temprano, será un retirado.
El otro aspecto de la cuestión salarial militar a solucionar, es la brecha entre las Fuerzas Armadas y la de Seguridad (Gendarmería, Prefectura, Policía Federal y Policía Aeronáutica Nacional), que ganan entre 40 y 50% más.
Por un acta interministerial firmada a fines de junio, se buscará la equiparación entre Fuerzas Armadas y de Seguridad, en un plazo de dos años, lo que implica un aumento particular para las primeras. En el caso de la Policía Metropolitana, los salarios son el doble o más que en las Fuerzas Armadas, razón por la cual en los primeros meses del año, medio millar de sus integrantes fueron reclutados para la fuerzas policial porteña. La primera parte de esta equiparación ya debería ser incluida en el proyecto de presupuesto que se define en agosto. Ello se sumará al aumento de la paritaria nacional estatal que se definirá cada mes de junio.
A estas iniciativas, se le suma el problema de la jerarquización. Durante el kirchnerismo, los aumentos salariales de las Fuerzas Armadas fueron produciendo una ‘desjerarquización’, buscando mejorar la situación de los nivele subalternos y no hacerlo de la misma forma con los superiores. Es así como en 2015, el salario máximo de las Fuerzas Armadas (Teniente General, Almirante y Brigadier Mayor), era 3,19 a uno respecto al más bajo, que es el del soldado voluntario y equivalente en las otras Fuerzas.
Este ‘achatamiento’ no se da en el resto del estado, donde el máximo salario del área, es entre más de seis veces el más bajo. Buscando ‘jerarquizar’ la estructura salarial militar, este año la relación será de 4,27 a uno, en 2017 llegará a 4,59, en 2018 será de 4,90 y en 2019, el último año del actual período llegará a 5,31, acercándose a los niveles de jerarquización vigentes en el resto del estado.
Se ha puesto en marcha así una política salarial en el área de defensa, que combinando el ‘blanqueo‘ de los suplementos que cobra el personal en actividad y no los retirados, la equiparación con los salarios de las Fuerzas de Seguridad y una jerarquización, que establezca una relación más razonable entre el salario máximo y el mínimo, es una iniciativa consistente para resolver un problema crítico que afecta las Fuerzas Armadas desde hace tiempo.

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