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MIÉRCOLES 23/01/2019
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La tasa vial cordobesa y la relación fiscal entre Nación y Provincias

La tasa vial cordobesa y la relación fiscal entre Nación y Provincias

En Agosto de 2012, la legislatura de la provincia de Córdoba sancionó la Ley 10.081 creando la mencionada tasa para retribuir la prestación de los servicios de mantenimiento, conservación y/o modificación del trazado de la red vial provincial, incluyendo autovías, carreteras y nudos viales, disponiéndose que sean los usuarios consumidores de combustibles líquidos y de GNC quienes deban abonar respectivamente un importe de $ 0,30 y $ 0,15 por litro o metro cúbico expendido . En tal sentido, el producido será destinado al Fondo Provincial de Vialidad existente por lo que la ley modificó, además, la anterior Ley 8555 (art. 7) para incluir en éste a la recaudación de la Tasa Vial .
A la luz de las reacciones por la creación del instrumento fiscal impulsado por el Gobierno de Córdoba, nos preguntamos si la decisión tomada fue correcta desde el punto de vista de la teoría fiscal y del régimen interjurisdiccional vigente. En este sentido, cabe en primer lugar un análisis de finanzas federales, limitado en su posibilidad de aplicación por la Ley Convenio 23.548, pero esclarecedor en cuanto a las verdaderas potestades fiscales de las provincias argentinas; en segundo lugar, el tema debe ser considerado en el marco de la obsoleta Ley 23.548 de Coparticipación Federal la que, aún vencida, se prorroga anualmente por la no sanción de un nuevo régimen previsto en la reforma constitucional de 1994 y sigue reglando las relaciones fiscales interjurisdiccionales.
En este marco la pregunta crucial es entonces si la Legislatura de la Provincia de Córdoba estaba habilitada para sancionar dicho instrumento legal, interrogante qué, desde mi punto de vista, tiene una respuesta afirmativa a partir del artículo 9 de la Ley 23.548 cuya parte pertinente taxativamente fija que la adhesión a la misma obliga a las provincias a no aplicar gravámenes análogos a los nacionales coparticipados, entendiéndose por ellos a impuestos, tasas o contribuciones cuyas materias imponibles estén alcanzadas por impuestos nacionales coparticipados; sin embargo, el mismo texto inmediatamente admite que las provincias no pierden la facultad de crear tasas retributivas por servicios efectivamente prestados.
Atendiendo al texto precedente, y al contenido de la Ley 10.081, se observa que este último instrumento responde a la excepción prevista en la Ley 23.548, dado que lo recaudado (Art. 13) deberá ser destinado exclusivamente a la prestación de servicios específicos e individualizables como son los mencionados en el texto de la ley. Discrepo con algunas interpretaciones que atribuyen a este instrumento el carácter de impuesto encubierto, o más precisamente el de impuesto sobre los combustibles con asignación específica al fin mencionado en el art. 1 de la Ley de creación.
Los argumentos centrales para encuadrar a la Tasa Vial como un impuesto encubierto que colisionaría con la Ley Convenio 23.548 son básicamente tres:
a) La inclusión del producido en el Fondo Provincial de Vialidad, el que por la Ley 8.555, está destinado a los fines a que se destinará la Tasa Vial pero además a la construcción de caminos provinciales, con lo cual perdería su condición de tasa retributiva de servicios.
b)El no cumplimiento de la exigencia de una relación razonable entre el quantum de la tasa y el costo del servicio que retribuye.
c) La falta de normas o mecanismos provinciales de control que permitan garantizar que el producido de la Tasa Vial, no sean aplicados solamente al mejoramiento y conservación sino también a la construcción de caminos.
Respecto de la primera de las observaciones planteadas, la misma ley de creación del tributo se encarga de dar respuesta cuando taxativamente fija que su producido debe asignarse exclusivamente a la financiación de erogaciones vinculadas con el mantenimiento, conservación, modificación o mejoramiento de la red vial, por lo que no es válido suponer –ex ante– que la autoridad de aplicación incurrirá en la acción jurídicamente penable de darle otro destino a los fondos.
Con respecto a la segunda observación, las tasas son una contraprestación por servicios divisibles puestos efectivamente a disposición de los potenciales usuarios, quienes pueden decidir si recibirlos o no y debe claramente existir una vinculación entre el monto de la tasa y el costo de las actividades o servicios que se prestan, aunque no necesariamente una correspondencia matemática exacta; un ejemplo de ello se daría con las tasas que los municipios cobran a los negocios en concepto de control de seguridad e higiene o a los vecinos por alumbrado, barrido y limpieza y el costo efectivamente desembolsado por los gobiernos locales por dichos conceptos.
De cualquier forma, tampoco puede aducirse una falta de correlación entre monto de la tasa y costo de los servicios a prestar, desde el momento que es lógico pensar que al crear las autoridades provinciales un programa presupuestario específico (programa 527) y dotarlo de recursos para el año 2013 se calculó la incidencia individual de éste sobre los contribuyentes o bien se estimó el valor razonable de la carga fiscal por contribuyente y se programó el costo presupuestario de los servicios para el corriente año, como se sugiere en la misma Ley 10.081 (art. 8) y disposiciones complementarias.
La última observación pareciera ser la más fácil de contestar ya que a partir de los dispuesto en el mismo texto de la ley respecto del destino de los fondos, de la creación de un programa presupuestario específico para los gastos que se financien con su producido y del rol y funciones que competen a la propia administración financiera gubernamental de la Provincia, resulta difícil tanto aducir que no existen mecanismos de control o suponer –ex ante– una aplicación discrecional de lo recaudado por la Tasa Vial.
Por otro lado, además de los organismos de control y auditoría de la propia administración provincial, no debe dejarse de lado la existencia de un Tribunal de Cuentas que realiza además su propio análisis de legalidad y pertinencia de los gastos provinciales.
A modo de conclusión, la Tasa Vial motivo de este ensayo fija una relación jurídica entre el fisco y los contribuyentes apoyada en la contraprestación por actividades inherentes al Sector Público, en servicios de carácter divisibles puestos a disposición del contribuyente por el sector gubernamental, no siendo condición necesaria que la carga a soportar por los usuarios tenga una correspondencia matemáticamente exacta sino razonabilidad con respecto al costo de los servicios o actividad y su coactividad se basa en el hecho de que las actividades o servicios prestados están efectivamente a disposición de los potenciales usuarios alcanzados por la Tasa (sujetos pasivos).
En tal sentido, por tratarse a mi criterio de una Tasa Retributiva de Servicios, escapa a cualquier supuesto de analogía y contravención a los preceptos que regulan las relaciones fiscales entre el Gobierno Nacional y los provinciales, Ley 23.548.

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