Contáctenos

A través de este formulario podrá dejarnos sus comentarios, sugerencias o inquietudes.

Dirigido a:

Todos los campos son obligatorios.
Cancelar

Reportar Comentario

Estas reportando este comentario a la redacción de El Cronista.

Todos los campos son obligatorios.
Cancelar

Recomendar Nota

A través de este formulario podrá recomendar la noticia que esta leyendo.

Todos los campos son obligatorios.
Cancelar
U$D
/
MERVAL

La reforma de ART propone volver a la racionalidad

El sistema sobre riesgos del trabajo es un seguro nacional por el cual se busca que las empresas estén incentivadas y efectúen medidas de prevención en los lugares de trabajo y, cuando ocurre un accidente laboral o una enfermedad profesional, que el trabajador acceda de manera automática y oportuna a prestaciones médicas, de rehabilitación e indemnizaciones en caso de secuelas. Las encargadas de administrar este seguro son las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART).
Mucho se habla de que hay poca prevención y muchos accidentes laborales. Pero estas afirmaciones no se basan en evidencia. Cuando se miran los datos oficiales que publica la Superintendencia de Riesgos del Trabajo surge que las tasas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en los lugares de trabajo bajaron considerablemente. En el año 2004 se producían 68 siniestros por cada 1.000 trabajadores mientras que una década después en el año 2015 esa misma tasa había caído a 45x1000 trabajadores, siendo que la cantidad de trabajadores cubiertos en el mismo período subió de 5,4 a 9,5 millones de trabajadores, o sea, más que se duplicó. Lo que está dañando el sistema es la litigiosidad espuria. En el mismo período señalado, las demandas judiciales pasaron desde 4000 por año en el 2004 a 106.000 anuales en el 2015 y para el año 2016 se esperan 120.000 anuales.
Esta litigiosidad se produce porque desde el 2004 muchos abogados buscan a trabajadores con enfermedades de dudosa procedencia laboral (mayoritariamente, lumbalgias, cervicalgias e hipoacusias) y, eludiendo las comisiones médicas del sistema, demandan directamente en los juzgados laborales provinciales a la ART, sin que el empleador del trabajador se entere. El abogado, antes de llegar a juicio, ofrece un ‘arreglo‘ económico a la ART quién accede bajo el argumento de que el ‘arreglo‘ es menos costoso que llevar adelante un juicio. Con esta mecánica, se ha formado una verdadera "industria del juicio por accidentes y enfermedades laborales" que se alimenta del mal funcionamiento de las justicias provinciales donde, en muchos casos, los peritos evalúan con criterios muy subjetivos ya que cobran por porcentaje de las indemnizaciones que determinan.
En este marco, el proyecto presentado por el Gobierno al Congreso plantea como eje central que, antes de plantear una demanda judicial, los abogados de estos trabajadores tengan que pasar antes por las comisiones médicas del sistema. Se espera que allí se haga una cuantificación más objetiva y profesional del daño, para recién proseguir con la demanda judicial. También propone que se profesionalicen los peritajes judiciales y que no cobren por porcentaje, sino por honorarios fijos. En este sentido, el proyecto procura dar racionalidad al funcionamiento del seguro. Que esto disminuya la judicialidad espuria depende de que las comisiones médicas funcionen con celeridad y eficiencia, que las justicias provinciales profesionalicen los métodos de cuantificación del daño y que las ART hagan lo propio litigando como corresponde sin ceder a acordar en demandas que de antemano se sabe son espurias.

Más notas de tu interés

Comentarios0
No hay comentarios. Se el primero en comentar