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La Corte delimita protección de delegados no electos contra abusos de la justicia laboral

La Corte Suprema se ha visto obligada a dictar un fallo elemental sobre la cobertura gremial de los candidatos a delegados frente a los casos de interpretaciones anómalas o asistemáticas que presentaba últimamente la justicia laboral haciendo uso y abuso de la doctrina de otro fallo del mismo Alto Tribunal ‘Alvarez Maximiliano y otros c/CENCOSUD’ que ordena la reinstalación de un grupo de trabajadores por haber sido discriminados arbitrariamente por razones sindicales.
En el fallo ‘De Caso, Andrea Lorena c/ Cascada S.R.L. s/ reinstalación - sumarísimo - s/ inaplicabilidad de ley‘ donde se debate y aplica primero la estabilidad en el empleo del trabajador y su reinstalación, cuando había sido despedido sin causa, y el trabajador que se postulaba para un cargo gremial cuando en rigor no había sido formalmente instalado como candidato a través de la notificación fehaciente al empleador. (Ley 23.551 art. 50 23-02-2016, Fallo CSJ 152/2013 -49-D).
En efecto, el Superior Tribunal de Río Negro revocó un fallo de la Cámara del Trabajo y ordenó la reinstalación de un trabajador que había sido propuesto como candidato, invocando un antecedente que no resultaba aplicable, y en función de un análisis y evaluación de los hechos que resulta arbitrario.
A su vez, se había interpretado en forma más que extensiva la cobertura de la tutela sindical que para el candidato, insólitamente comenzaba cuando era aceptado por el sindicato a la postulación, contrariando lo que dispone el art. 50 de la Ley 23.551 que establece dos requisitos conjuntos. En efecto, la postulación de los candidatos a través los procedimientos estatutarios y legales, y la notificación formal al empleador de los mismos, desde el sindicato o por vía de cada candidato ‘per se‘.
En efecto, la reclamante fue despedida sin invocar causa antes de que llegara a manos de la empleadora la notificación por la cual se la consagraba como candidata. La Corte Suprema entendió, como no puede ser de otro modo, que la tutela sindical no había sido formalizada, y que por tanto, la reinstalación del trabajador resultaba inadmisible.
Sin perjuicio de la anécdota que implica el análisis de los hechos, la sentencia tiene mucha mayor trascendencia que la que implica la hermenéutica del caso concreto.
Desde que se dio a conocer el caso ‘Alvarez, Maximiliano y otros con CENCOSUD‘ (CSJN 333:2306, 7-12-2010) se fue generalizando su aplicación no solo a casos similares, sino también a otros que con una simple remisión, obviaban el análisis y sobre todo, mandaban reinstalar a un trabajador ‘supuestamente agraviado por una hipótesis de discriminación antisindical’, que por carecer de los fundamentos que lo sustenten, se transformaron en decisiones livianas y hasta insustentables.
Así, se ha ordenado la reinstalación de ‘supuestos activistas’, de ‘amigos solidarios con el delegado’, de ‘personas allegadas‘ al sindicato, de ‘participantes de asambleas sindicales’, de integrantes de ‘listas negras‘ de activistas, y sobre todo muchos casos de supuestos candidatos, aspirantes o pretendientes de algún cargo, al que no llegaron en términos formales o legales, supuestamente, por la ‘acción inescrupulosa’ del empleador que lo obstruyó o lo impidió dolosamente, que luego resulta inexistente.
Lo cierto es, que cuando un tribunal laboral ordena la reinstalación, sobre todo en los casos que se lo hace a través de una medida cautelar, al comenzar el proceso judicial, el daño que ocasiona es altísimo, porque el reclamante vuelve al empleo y desarrolla una acción generalmente hostil, amparado en la orden judicial, que obviamente, le genera un manto adicional e impenetrable de protección.
El fallo ‘De Caso’ que nos ocupa, utilizando un evento con hechos simples, vuelve a instar a los jueces a que regresen a las fuentes normativas, a que su intervención se constituya en un acto de justicia entre las partes, y que los preconceptos, suposiciones, presuposiciones y en algún supuesto, por animadversión contra los empleadores, no provoque decisiones que se basan en una función tuitiva que resulta a todas luces, ‘extra petita’ infundada o abusiva.

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