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¿Funcionarán los planes en Estados Unidos?

En un contexto económicamente complicado, durante 2017 tendrán lugar las elecciones legislativas para renovar bancadas parlamentarias nacionales. Sin tapujos, ya empezó a visibilizarse una gestión de gobierno más enfocada en esas elecciones (vg., un manejo de ‘la caja’ con similitud al de la vilipendiada gestión anterior) que en el gobierno regular de la Nación para el bien común de la gente.
Así, esta gestión nacional, antes que servir con todo empeño al bien común, acentuó sus pretensiones para consolidar una emergente expresión política multicolor.
Ahora bien, en una república democrática, definir que es ‘gobernar’ resulta más preciso empleando el concepto ‘responsabilidad’ sobre otros tales como ‘gestión’, ‘función’ o ‘poder’, porque el primero se enfoca con claridad a su esencia jurídica y política, en tanto los segundos la opacan.
Gobernar bien es la más alta responsabilidad y compromiso político para traducir la Constitución Nacional en verdaderas capacidades personales de ser, hacer y escoger en un contexto de ecuanimidad, de igualdad, bienestar, libertad y progreso.
Esto quiere decir que el ‘gobernante’ es responsable política y jurídicamente, por sus decisiones y sus actos no solo ante la Nación (de forma metafórica o abstracta: ‘que Dios y la Patria se lo demanden’, ‘el juicio de la historia’, ‘en conciencia’, etc.), sino que debe asumir íntegramente las consecuencias que se deriven del ejercicio de su ‘responsabilidad’ tanto como de sus eventuales costos políticos.
Por esta misma razón, el gobernante se encuentra obligado a rodearse de colaboradores expertos con trayectoria y solvencia, nunca de incondicionales ni impuestos por acuerdos políticos o corporaciones, como en nuestro caso, Vg., las experiencias desafortunadas con los ministros Oscar Aguad, Sergio Bergman, Patricia Bullrich, Francisco Cabrera, Jorge Lemus, Ricardo Buryaile, etc.; y ello es así porque está en juego el bien común, la posibilidad de ineficientizar funciones y recursos públicos en manos de funcionarios incompetentes, de profundizar el empantanamiento del país, aunque por encima de todo, de cometer otro perjurio a las expectativas ciudadanas.
Ergo, según las condiciones establecidas por la propia Constitución, el gobernante debe actuar representando y defendiendo con intensidad absoluta, primacía y exclusividad los intereses y derechos del pueblo, no los de sí mismo ni los de su alianza política y mucho menos los de una futura parcialidad electoral.
Efectivamente, la responsabilidad de gobernar consiste primariamente en bregar por un constante mejoramiento económico, social, laboral (prelación de salarios sobre precios) y cultural del pueblo; de incentivar la infraestructura, la regulación agrícola, la industria nacional, la asimilación tecnológica, la ciencia, la investigación, los servicios públicos, la alternativa ferroviaria, etc., para reposicionar y relanzar al país desde su lugar, otrora tan merecidamente destacado e imitado.
Actualmente, transcurrido un año de ejercicio del poder por Cambiemos, no se verificaron las inversiones, ni el crecimiento, ni los miles de nuevos empleos blancos y créditos blandos ni una mejor calidad de vida comprometidos preelectoralmente; habiéndose incrementado paradójica y contra programáticamente, sus opuestos.
Desgobernanza tal, obedece no solo a cierta carencia de ‘timing político’, de diagnóstico serio, de diálogo oportuno entre actores sociales, de eficacia, de calidad y de satisfactoria orientación de la gestión pública que deslegitiman, sino también, en la responsabilidad por la elección y vigilancia de sus más cercanos colaboradores.
Sin ignorar algunos aciertos, tantos sinsabores exigen a un buen gobierno -si quiere relegitimar mandatos constitucionales-, que desista de todo esfuerzo concerniente a próximas contiendas electorales porque ni fue sufragado para ello ni cumplió aún lo prometido para esta fecha.
La impronta del segundo año de esta gestión, debe ser entonces el fiel cumplimiento de la plataforma electoral, asegurar transparencia sin corrupción ni nepotismos, repotenciar confianza y previsibilidad; garantizar reglas claras, atractivas y duraderas para inversiones, darnos una reforma tributaria progresiva, educación de calidad, ejecutoriedad de las leyes, justicia eficaz, seguridad ciudadana, una economía saneada, equilibrada y humanizada; ahora por una administración de puertas abiertas a la gente.

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