Fin de las convenciones colectivas con salarios libres, llega un sistema mixto arbitrado por el Estado

Postergar la negociación, desviarla del curso normal, subdividirla en instrumentos diversos, compartimentarla, escalonarla, fraccionar o parcializar sus contenidos, crear mecanismos de articulación o de automatización de los ajustes, o uniformarla bajo condiciones heterogéneas son todos síntomas de que se cierra una etapa de libre negociación que ha sido y siempre lo será incompatible con sistemas de control de precios y con el retraso del tipo de cambio sumado ahora los mecanismos de una economía cerrada. En su momento, ocho años de convenios colectivos libres sirvieron para desplazar ingresos y mejorar en alguna medida los valores de los que se encontraban más retrasados en la escala. De un modo u otro, se dio la aspiración estratégica de la Era K de mejorar la distribución del ingreso, procurando reforzar el salario real de los que menos ganan. En ese marco, los planes sociales han jugado un papel con un doble efecto, ya que por un lado el Estado cumplió con su deber de asistir a los más necesitados, pero a la vez generó el peor clientelismo basado en la pérdida casi total de la cultura positiva del trabajo, creando verdaderos bolsones de pobreza estructural. En un escenario donde reciben trato igualitario todos los sindicatos, con prescindencia de su origen o del encuadramiento político, partidario o ideológico, parece que se requiere un nuevo esquema de funcionamiento, parece que no tiene relevancia en cual de las CGT se opera, ni si se milita en la oposición de algún partido, o en la oposición vegetativa, que se opone a todo por cualquier razón. Ya se fijó o mejor dicho se recalcó una primera regla, que los acuerdos tengan la vigencia de un año, y así lo hizo conocer el Ministerio de Trabajo con un comunicado, negando la homologación y por ende el efecto obligatorio o erga omnes de los acuerdos que no respeten esta periodicidad. Ahora llegó la hora de los cambios, y son muy pocas las alternativas. La segunda regla está en la legislación vigente, los acuerdos convencionales no homologados no son obligatorios, no tienen vigencia, y su contenido es contingente si se previenen prestaciones no remunerativas. A propósito la AFIP ya está relevando todas estas sumas cuyo tratamiento cuenta con excepciones en materia de aportes y contribuciones con destino a los entes de la seguridad social, y sobre todo, está poniendo su lupa en aquellas que tuvieron aplicación general expansiva, a pesar de que han sido homologadas por la autoridad de aplicación, integrante del mismo Poder Ejecutivo, en donde debería operar sin retaceos los principios de razonabilidad y de congruencia. La tercera regla es la necesidad de fijar un límite congruente (ahora se prefieren estas expresiones en lugar de referirse a techo o tope). En todo este proceso, donde los gremios, las CGT y el Estado disputan segmentos de poder, y apuestan a quebrar la voluntad de propios y ajenos, parece que las empresas no son las víctimas de los errores o decisiones de terceros, sino que son los responsables de las distorsiones y de la volatilidad de los precios, olvidando sencillamente que el costo laboral hace a la esencia del precio resultante. La mayoría de las empresas estimó su presupuesto salarial en menos del 18% del payroll del año, y muchas de ellas no resisten estos ajustes conforme a los costos que pueden asumirse en un contexto de precios y de competitividad vigentes. Las exportaciones de importantes economías regionales y de productos estratégicos están restringidas o limitadas por el tipo de cambio, y por las vicisitudes del mercado internacional, que en nuestros clientes tradicionales de los países centrales están en crisis. Quién será responsable de las compañías que comiencen a resquebrajarse como ya ocurrió en el último cuatrimestre del 2012.
Sin ninguna duda, en solo veinte días de enero de 2013 se terminó con la libertad para discutir los convenios colectivos y los básicos convencionales y sus adicionales, no se podrá invocar como argumento idóneo que aumentos salariales de convenio sean superiores a la evolución de la góndola, no se podrá reclamar como razonable el incremento del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias, y mucho menos se podrá bregar por el aumento del monto y de los topes de las asignaciones familiares. Estos son los cinco puntos en donde coinciden desde siempre las cinco CGT, y ninguno se dio cuenta que las reglas han cambiado, y que sin perjuicio de que solo las separa por ahora la metodología y las tácticas para obtener el resultado, todas sistemáticamente deberán asumir sus frustraciones frente a sus representados. Si bien la CGT de Antonio Caló y Héctor Daer prefieren las reuniones, el diálogo, el intercambio con los funcionarios, y para ello están provistos de una enorme paciencia y a la vez, de alguna expectativa en llevar agua para su molino. Hugo Yasky de la CTA oficialista no tiene otra alternativa que hacer lo mismo, aún cuando ha tratado de gestionar contactos con el Ministerio de Trabajo que lo diferenciaban de Caló. En cualquier caso, a cada chancho le llega su San Martín, y en breve habrá que discutir los salarios docentes que pueden rápidamente confrontar con el Gobierno Nacional. Es importante destacar que mientras la CGT de Caló-Daer representa más del 50% de los trabajadores organizados sindicalmente, la paupérrima CTA de Yasky apenas representa un 6% de los trabajadores, central que es inclusive superada por la CTA opositora de Micheli que representa cerca del 8% de los trabajadores sindicalizados y la legitimidad de haber ganado la elección. La CGT opositora de Moyano hoy está limitada a poco más del 25% de la representación sindical, y sostenido por tres columnas importantes como son Guillermo Pereyra de petroleros privados, Sergio Palazzo de La Bancaria, y el Momo Benegas de trabajadores rurales, y luego una bandada de pequeños gremios, muchos de los cuales son nuevas entidades recién ingresadas o reconocidas como tales. Luis Barrionuevo, con su agrupación Celeste y Blanca reúne a sesenta gremios de diverso tamaño, que representan un 8% del movimiento obrero, y por ahora, apoya la metodología de Moyano aún cuando no está de acuerdo con muchas de sus ideas ni con su estrategia de mediano plazo. Barrionuevo siempre juega un papel interesante, para inclinar la balanza en decisiones claves del sindicalismo.
La línea que podemos llamar combativa, Moyano-Micheli-Barrionuevo solo conocen como metodología la amenaza primero y las medidas de fuerza después, en un contexto donde vivieron dos experiencias, una primera aparentemente exitosa y otra frustrante. La clase media, no representada por los gremios en sentido estricto, hoy muy golpeada por las políticas fiscales del Gobierno Nacional y sin ningún beneficio social se convertirá en el árbitro de las próximas elecciones y votará conforme a cómo le ha ido en su relación con el Gobierno Nacional, con prescindencia de otras vertientes.
Que salida se presenta en el futuro inmediato: la gran paritaria nacional, que algunos denominan pacto social otros refieren sin saber al Pacto de la Moncloa, que consisten simple y sencillamente fijar las reglas de incremento de los salarios básicos de convenio para el 2013 compulsivas y obligatorias, recordando que los básicos son los mínimos, no los salarios definitivos ni los finales. Con ello, la verdadera discusión de los ingresos reales se traslada a las empresas y al poder de presión, negociación y poder de daño que por intermedio de medidas de fuerza cada sindicato pueda lograr en cada lugar de trabajo. ¡Esto recién comienza!
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