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Escenarios de conflictividad ante negociaciones mercantiles

El nuevo Derecho Contractual del Código Civil y Comercial de la Nación (el ‘CCyC), ha reconocido expresamente diversos formatos de documentación que podrían ser otorgados durante la etapa preliminar de una transacción, tal es el emblemático caso de una ‘carta de intención’, cuya esencia es -como principio general- ‘no vinculante’, y que además englobaría a aquellos instrumentos que -en su devenir- podrían emitirse, para evidenciar ciertos acuerdos preliminarmente alcanzados, como las ‘minutas’ o ‘borradores’, que se destacan por su provisoriedad y su función meramente probatoria.
La carta de intención, por su tratamiento metodológico autónomo, se distingue tanto del ‘acuerdo parcial’, ya que este último permite tener por concluido el contrato, a pesar que las partes hubieran expresado su consentimiento únicamente sobre sus elementos esenciales particulares, como del ‘contrato preliminar’, el cual obliga a celebrar el contrato definitivo, con la particularidad que tiene un plazo de vigencia de un año, pudiendo ser renovable.
La ejecución de una carta de intención, bajo el imperio del CCyC, impone el cumplimiento de una serie de obligaciones, tales como: negociar en forma consistente con la ‘buena fe’ y los ‘deberes secundarios de conducta’ (colaboración; protección de la confianza y lealtad; inadmisibilidad de un obrar auto-contradictorio; y, la provisión de información relevante); evitar causar un daño en forma injustificada (función preventiva de la responsabilidad civil); brindar un tratamiento de ‘confidencialidad’ sobre la información que se intercambiare como parte de su dinámica (sea de fuente unilateral o convencional); y a no abandonarla de manera abusiva, o bien, frustrando no justificadamente la expectativa de la parte que hubiera obrado de buena fe, en la celebración del contrato.
Es importante notar que este documento no libera a sus partes de enfrentar diversos conflictos que podrían suscitarse como resultado de su celebración, basados primariamente en la exigibilidad de sus previsiones, como también la fijación del quantum del resarcimiento económico al que el damnificado -en caso de su ruptura antijurídica- tendría derecho a reclamar, máxime teniendo en cuenta que el CCyC ha consagrado el principio de la reparación integral, sujeta a la comprobación de un ‘nexo adecuado de causalidad’ con el hecho productor del daño.
Sostenemos que desde el comienzo de un proceso de negociaciones, sus protagonistas deberían adoptar comportamientos y medidas de debida diligencia y cuidado, contando además con la participación de un asesoramiento jurídico -interno o externo-, que preventivamente identifique nichos de disputa.

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