En zona de riesgo

La corrida sobre el dólar responde a una clara pérdida de confianza y es una consecuencia esperada de las distorsiones acumuladas por las políticas aplicadas en los últimos años. El desborde del gasto público acabó con el superávit primario que había caracterizado el modelo en sus primeros años. Desde fines de 2009 y libre de contabilidad creativa, hay déficit fiscal y es creciente. Las cajas públicas o privadas usadas para cubrirlo ya han sido exprimidas y la falta de acceso al crédito obliga al gobierno a financiarlo con expansión monetaria. Además está recurriendo a las reservas del Banco Central para pagar vencimientos de la deuda pública. La inflación no cede al estar alimentada por la importante expansión monetaria, también por las rigideces de oferta frente a una política de aliento al consumo y por aumentos salariales que exceden la productividad. La política anti inflacionaria ha estado limitada a los congelamientos tarifarios, a los inútiles controles de precios, y a retrasar el tipo de cambio. Ha sido un esquema populista típico tras un objetivo de expansión, empleo y bienestar de corto plazo, pero que acumuló distorsiones crecientes. Hay un límite y el público lo ha advertido. Si frente a este problema el gobierno solo se ocupa de actuar sobre las consecuencias, sin atacar las causas, las distorsiones continúan potenciándose y crece la expectativa de correcciones abruptas e incontroladas. Como ha ocurrido siempre, el refugio es el dólar y consecuentemente la fuga de capitales.
La reacción intervencionista y casi persecutoria, fuertemente acentuada después de las elecciones, revela que las rémoras ideológicas del oficialismo superan el sentido común y la racionalidad. El holgado triunfo le hubiera dado a la Presidente el poder suficiente para optar por políticas correctivas serias, aunque fueran menos dulces al sentir popular. Sin embargo no parece haber conciencia de la gravedad de la situación, ni tampoco del riesgo no solo económico y social, sino también político, de responder con más controles e intervenciones, que no hacen más que acentuar la desconfianza y agravar el problema. La ideología y el compromiso con un discurso que sólo ha distinguido buenos y malos, pone límites insalvables a la irracionalidad oficial. La oposición de izquierda y centro izquierda no contribuye a corregir esta irracionalidad. Bien decía Francisco Manrique que al único imperialismo que hay que temerle es el de la estupidez. Hay que entender que siempre que el gobierno trata de impedir forzosa y artificialmente una transacción deseada por la gente, se busca la forma de realizarla de cualquier manera. Las intervenciones sólo logran que el costo de transacción aumente, pero no pueden impedir que tarde o temprano se realice. Así la informalidad aumenta en perjuicio de los ingresos del estado.
Todavía hay reservas significativas pero si el mercado sigue demandándolas en algún momento se acaban. La historia dice que mucho antes que llegue ese momento, los gobiernos deciden que no tiene sentido seguir vendiendo dólares baratos en beneficio de los que acceden a ellos. Con trabas y persecución siempre aparece un mercado paralelo con cotización más elevada, que señala la pauta a la que ópticamente se atiene el público. El mercado de cambios queda de hecho desdoblado. Las filtraciones entre uno y otro mercado a la larga acaban con las reservas. No hay que olvidarse que las actuales reservas fueron construidas con emisión. En el camino de la dolarización por cambio de portafolio de monedas, la base monetaria sobra hoy para comprar todas las reservas disponibles. El riesgo de un proceso de huida del peso está a la vuelta de la esquina.
La solución pasa por lograr los pilares fundamentales de una forma sólida y confiable, a saber: solvencia fiscal de largo plazo actuando sobre el gasto y reduciendo los subsidios; calidad institucional sin falseamiento de estadísticas; justicia independiente y confiable con pleno cumplimiento de sentencias; salida definitiva del default, arreglo con el Club de París y restablecimiento de las relaciones normales con el FMI; combate serio a la corrupción; mejoramiento de la seguridad; respeto a la propiedad y a la libertad de expresión; y una convocatoria amplia a la reconciliación y cooperación.
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