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El gobierno francés suaviza su reforma laboral

Desde estas mismas columnas hemos descripto, con algún detalle, las principales reformas laborales que el gobierno socialista de Francia
-siguiendo el antecedente español- proponía para que, con ellas, la economía gala pudiera ganar en competitividad y combatir el desalentador nivel actual del desempleo, del orden del 10%.
Desde que ellas se dieron a conocer, como cabía suponer, se multiplicaron las objeciones y se llevaron a cabo protestas callejeras vehementes, poniendo así en riesgo la aprobación del paquete original, como fuera diseñado por las autoridades.
Como consecuencia de esto, el gobierno francés ha morigerado sus propuestas y aceptado la introducción de algunos cambios. Hoy, es cierto, la reforma ya no es lo ambiciosa que era. Es mucho más tibia. Pero sigue adelante, seguramente por aquello de que lo mejor es enemigo de lo posible.
Según suele suceder, las pequeñas empresas son las que más perdieron como consecuencia de la reciente pulseada política. Por ejemplo, ya no habrá ‘techo máximo’ para el pago de las indemnizaciones de despido cuando ellas son consecuencia de despidos que los tribunales tengan por inaceptables. Será entonces la justicia quien las determine, lo que genera incertidumbres e inhibe muy especialmente a las empresas de menor dimensión que, por falta de espaldas financieras, tiemblan -con razón- ante la necesidad de afrontar riesgos abiertos, esto es no cuantificables. La consecuencia previsible de la marcha atrás será la retracción de las contrataciones. Menores posibilidades de empleo, entonces y alta desocupación.
También se dejó sin efecto la posibilidad de que aquellas empresas que tienen empleados que no están afiliados a sindicatos, pudieran negociar directamente con su propio personal y acordar, caso a caso, cuáles serán los horarios de trabajo de la empresa, teniendo en cuenta sus particularidades.
Las empresas más grandes, sin embargo, podrán negociar directamente con su personal la posibilidad de alargar sus horarios de trabajo por sobre las 35 horas semanales previstas en la ley gala desde hace quince años y poner el acuerdo respectivo a votación mediante un referendo de sus trabajadores, siempre y cuando los sindicatos que representen por lo menos el 30% del personal de la empresa lo consienten expresamente.
Las empresas multinacionales, por su parte, podrán discontinuar sus operaciones en Francia, si de pronto ellas -por las razones que fueren, incluyendo los cambios tecnológicos- no son financieramente rentables, circunstancia ésta cuya veracidad podrá ser cuestionada y revisada judicialmente.
De todas maneras, la reforma laboral, bastante limada, que ahora avanzará con menos obstáculos inyectará una cuota de necesaria flexibilidad al sector laboral de la economía francesa, haciéndola probablemente más competitiva. Como ya ha sucedido en otros rincones de la Vieja Europa.

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